Arequipa: Enfrentamiento deja un herido en la azucarera Chucarapi

Al momento se vive tensa calma en inmediaciones de la empresa azucarera.

Trabajadores despedidos y accionistas minoritarios intentaron tomar la empresa azucarera ubicada en la provincia de Islay.

Polémica por Ley de Protección Patrimonial para azucareras| RPP

Una persona identificada como Juan Charca de 55 años resultó con una herida en la cabeza, producto del intento de toma del local de la empresa azucarera Chucarapi ubicada en el distrito de Cocachacra provincia de Islay en Arequipa.

Unos 30 trabajadores despedidos y accionistas minoritarios de la empresa intentaron tomar las instalaciones a las 4:00 a.m. de hoy, siendo impedidos por personal de seguridad y los propios trabajadores.

Hasta el lugar llegó un contingente policial y la fiscal Fany Mamani Valdivia exhortando a los protestantes a desistir de su intento.

Al momento se vive una tensa calma en inmediaciones de la empresa azucarera, mientras que el fiscal Mauricio Rivera López constata los daños generados durante el enfrentamiento, mientras que la producción de azúcar continúa con normalidad.

Los trabajadores despedidos y accionistas minoritarios exigen a los representantes de la azucarera el pago de liquidaciones y la compra de acciones.

Fuente: RPP Noticias
Viernes, 09 de Diciembre 2011 | 9:39 am

Lambayeque: Empresas azucareras adeudan S/.150 millones a cañicultores

Argumentando un quiebre, las empresas agroindustriales se apoderaron de 650 mil bolsas de azúcar, afirmó el dirigente Justo López Jaramillo.

El presidente de la Asociación de Sembradores de Caña en Lambayeque, Justo López Jaramillo, afirmó que las diferentes empresas agroindustriales les adeudan 150 millones de soles a un aproximado de mil 500 cañicultores de esta región.

Manifestó que desde el año 1997, los hombres de campo optaron por moler la caña en los ingenios azucareros de Tumán, Pucalá, Pomalca y Cayaltí; sin embargo, argumentando un supuesto quiebre se apoderaron de 650 mil bolsas de azúcar.

El dirigente cuestionó la Ley de Protección Patrimonial porque -según explica- impide que a la fecha puedan hacer efectivo el cobro de la deuda a través de embargos, por lo cual espera que el Gobierno Central no otorgue una nueva ampliación.

“Nosotros depositamos la caña para la respectiva molienda, pero se quedaron con el producto y los más perjudicados fuimos los agricultores, que con el pasar de los años hemos tenido que rematar nuestras tierras al no poder realizar la cobranza”, manifestó.

Entre los afectados se encuentran cañicultores de las zonas de Capote, La Eureca, Chiclayo y Lambayeque.

Fuente: Radio Programas del Perú

Lambayeque, 12 de Diciembre de 2011

Sospechosas coincidencias entre Marisol Espinoza y los Oviedo

Primera vicepresidenta y parlamentaria también evitó intervención judicial en febrero pasado. Su hermano entró a trabajar en Tumán días después de la aprobación de ‘Ley Oviedo’ en Congreso.


La legisladora oficialista no quería el cambio de administración en la azucarera. (Difusión)

Fabiola Valle
fvalle@peru21.com
Ocho meses después de la aprobación de la controvertida ‘Ley Oviedo’, el tema es puesto otra vez sobre el tapete al conocerse que la hoy vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz, una de las principales promotoras –dentro de la bancada nacionalista– de la insistencia para la ampliación de Ley de Protección Patrimonial de las Empresas Azucareras, tendría vínculos con el ingenio de Tumán, lo que pondría en evidencia un posible conflicto de intereses.
Coincidentemente, en mayo de este año –pocos días después de la promulgación de la cuestionada norma por parte del Congreso–, Jorge Espinoza Cruz, piurano, hermano de la parlamentaria, ingresó a trabajar al área de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de la azucarera chiclayana Tumán, que es administrada por el grupo Oviedo.
Prueba de ello es que los pagos de aportaciones a Essalud los hacía Agroindustrial Tumán S.A.A. El pariente de la legisladora también figura en la relación de trabajadores de esa empresa que se sometieron a exámenes médicos rutinarios en el hospital Tumán, en setiembre pasado. A mediados de octubre, tras estallar el caso Chehade, Jorge Espinoza dejó de asistir a la planta.
LA HISTORIA
En la época de la campaña electoral, Marisol Espinoza, entonces vocera del Partido Nacionalista, buscó vehementemente que las empresas Tumán y Pomalca consiguieran la ampliación de la polémica Ley de Protección Patrimonial, que otorgaba al Grupo Oviedo un plazo de 17 años para que pagara sus cuantiosas deudas al Estado y a los trabajadores a través del Indecopi.
Su más notable participación fue cuando, en enero de 2011, en su calidad de secretaria de la Comisión Agraria, defendió la ampliación de la Ley 29299 y exigió que, por insistencia, el Pleno aprobara el proyecto de ley –observado por el Ejecutivo– que planteaba establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas azucareras.
Incluso, el 11 de febrero, a través de un documento, la actual vicepresidenta le solicitó al entonces presidente del Parlamento, César Zumaeta, que convocara nada menos que a una sesión extraordinaria –en pleno proceso electoral– con el fin de debatir la insistencia de la aprobación del proyecto de ley 4363.
Finalmente, luego de la primera vuelta se produjo la reunión del Pleno del Congreso. El 20 de abril se aprobó el dictamen que se convirtió en la Ley 29678, la cual amplía la Ley de Protección Patrimonial hasta el presente mes.
INTROMISIÓN
Cabe recordar que el vínculo entre Espinoza y los azucareros comenzó en junio de 2010, cuando la legisladora y vocera del Partido Nacionalista participó en el Congreso Nacional de la Industrial Azucarera. Es allí donde empieza su relación con el Grupo Oviedo.
Extrañamente, el pasado 14 de febrero, la parlamentaria intervino en la diligencia judicial de Tumán, a favor del Grupo Oviedo, para evitar el cambio de la administración a favor de un grupo de demandantes representado por César Sandoval.
Inclusive participó en la reunión de los directivos de dicha compañía para impedir que el juez cumpliera el mandato judicial. Ese día, Espinoza denunció que era un “faenón” el envío de un juez de otra jurisdicción para ejecutar la medida.
Debido a esa participación, el extrabajador César Sandoval Lozada denunció a la congresista ante la Comisión de Ética del Legislativo. Sin embargo, no tuvo respuesta alguna.
NO RESPONDEN
Perú21 se comunicó con el área de prensa del Grupo Oviedo para que nos informara acerca de la contratación de Jorge Espinoza pero, a pesar de la insistencia, no nos respondieron.
Asimismo, en varias oportunidades llamamos por teléfono a la vicepresidenta, pero no pudimos entablar comunicación. Le dejamos el mensaje con su asesora de prensa, pero tampoco nos contestaron.
LA PROTECCIÓN AL GRUPO OVIEDO
- La Ley 28885 se dio en el año 2006, promovida por Javier Velásquez.
- La Ley 29299 fue impulsada por el aprista Arturo Alegría y aprobada en el Pleno durante la presidencia de Javier Velásquez.
- La Ley 29388, sobre la compra preferencial de las acciones del Estado por los trabajadores, fue promovida por Fredy Otárola y por la bancada aprista.
- La Ley 29678 fue aprobada en el Congreso, por insistencia, con el respaldo principal de nacionalistas y de apristas.
DATOS
- En 2010, la deuda de Pomalca y Tumán sumaba S/.726 millones.
- En 2003, la deuda era de S/.63 millones y se ha incrementado pese a que cuenta con protección contra acreedores para fortalecer su patrimonio.

Fuente: Diario Peru21
Lima, Viernes 09 de Diciembre de 2011

Abogados coinciden en que mafia azucarera corrompe a jueces y secretarios

Walter Serquén - web@epensa.com.pe

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Lambayeque - Dirigentes sindicales de las empresas azucareras Pomalca, Tumán y Pucalá hicieron llegar al presidente del Poder Judicial, César San Martín Castro, copias de expedientes judiciales donde habría manipulación y hasta una intencionalidad por parte de los jueces que en su debido momento tuvieron a cargo los casos, y contra todo pronostico habrían emitido resoluciones en contra la masa laboral y de la legalidad de las azucareras.

Así lo hicieron saber los abogados Bernardino Céspedes Paz y Wilfredo Chero Villegas, quienes señalaron estar totalmente de acuerdo con las frases que el último jueves vertiera César San Martín Castro, indicando que en las azucareras del norte del país existe una red de corrupción.

"Totalmente de acuerdo con lo dicho por César San Martín. El tiempo y estar inmerso judicialmente en los problemas con las azucareras, me ha hecho comprobar que existe esa red de corrupción, la que no solamente es de abogados, sino que hay gente que labora dentro del Poder Judicial", expresó Bernardino Céspedes.

Resalta que la corrupción se da entre abogados y jueces, sino que también están comprometidos secretarios, asistentes judiciales. "Toda esa gente ha convertido el Poder Judicial en una mafia completa, con la complicidad de abogados y asesores externos o patrocinados de las empresas azucareras", acotó.

ABOGADOS HONESTOS. A su turno, Wilfredo Chero discrepó con su colega y sostuvo que los abogados no integran la red de corrupción de las azucareras del norte del país, sino que estas están formadas por jueces, secretarios y asistentes judiciales.

"El señor San Martín no debe descargar contra los abogados, porque nosotros no somos los que administramos justicia. Nosotros presentamos nuestros escritos solicitando acción legal, pero son ellos juntamente con los secretarios y asistentes jurisdiccionales los que van a evaluar nuestras peticiones para poder emitir una resolución, las que en muchos casos no son justas y de las cuales hemos reclamado al tener la certeza que tenemos la razón", manifestó.

Chero Villegas sostiene que en Lambayeque se han emitido medidas cautelares, que avalan la entrega de azucareras a supuesto inversionistas, los que ahora tienen el control de las empresas, pero espera que pronto haya una respuesta a la investigación que el Poder Judicial realiza.

Publicado por Diario Correo Perú
11 de noviembre de 2011 | 10:21 p.m.

Consejo Nacional de la Magistratura revisará procesos judiciales de azucareras

Lambayeque -
A su llegada a la ciudad de Chiclayo, el presidente del Poder Judicial, César San Martín, afirmó que se están trabajando un programa de investigación anticorrupción en los procesos judiciales que llevan las empresas azucarera en el norte del país.

"Hay demandas que se plantean con un claro contenido defraudador. También hay juicios que se inician sin ton y ni son, pero lo que no se dice es que atrás de todo eso hay poderes económicos, poderes fácticos y hasta poderes criminales, así como abogados", resaltó San Martín Canales.

Asimismo, señaló que el Consejo Nacional de la Magistratura revisará cada proceso judicial y medida cautelares que favorezcan a personas o grupos económicos que controlan las empresas azucareras.

"Así como se revisaron las medidas cautelares en el ámbito pesquero y en los beneficios penitenciarios, esto también se repetirá con las empresas azucareras", acotó.

Fuente: Diario Correo Perú
Lima, Jueves 10 de Noviembre de 2011

El Perú ¿un auténtico Andahuasi?

Andahuasi, podría ser el símbolo de lo que es el Perú. Una empresa como la Andahuasi, que es vendida una gran parte de sus patrimonios sin el consentimiento de sus accionistas, a través de ejecutivos que arman negocios bajo la mesa, en este caso los ex directivos Eduardo Núñez Gamarra y Carlos Rivas Urteaga, a un costo de 49 millones 573 a la empresa Río Pativilca de los hermanos Wong.
El patrimonio del Perú hace ratos que fue vendido por ex jefes de Estado a grandes capitalistas e inversionista transnacionales sin el consentimiento de los legítimos accionistas que somos los ciudadanos peruanos.
Tendremos que reconocer que somos grandes y pequeños accionistas de esta gran empresa que es el Perú. El gran problema no va sólo en reconocer que somos accionistas, sino que sepamos hacer presencia en esta gran empresa y que exijamos a los que lo administran los legítimos derechos que nos corresponden como ciudadanos: un trabajo digno, acompañado de una remuneración y sueldo dignos.
La azucarera Andahuasi, a raíz de haber sido vendida una pequeña parte de sus acciones al grupo Wong, éstos fieles al estilo propio de los que rompen los esquemas legales de la ley y la justicia, quieren adueñarse de toda la empresa con la complicidad lamentable de malos jueces y aún más lamentable con la complicidad de un segundo vicepresidente del país, Omar Chehade, que hace poco era una de las figuras claves para encabezar la comisión de investigación contra la corrupción en el país (particularmente contra el gobierno de Alan García); hoy de encabezar la comisión de investigación pasó a la cabeza para ser investigado por corrupción en influencia.
Miles de personas en el distrito costeño de Sayán, donde está ubicada la empresa azucarera Andahuasi, se levantaron férreamente para atrincherarse y cerrar el paso a todo matón y policía que intentan desalojarlos.
Si se aplica una buena justicia, los casi 50 millones de soles pagados por el grupo Wong, tienen sus días contados para perderlos; los verdaderos 2.115 accionistas de esta empresa, que es la última de las 11 que fueron expropiadas por el gobierno del general Velasco Alvarado, tienen todas las leyes a su favor, salvo honrosas excepciones de influencia que siga privilegiándose. Menos mal la cabeza que generaba estos privilegios a favor de los terratenientes y familia Wong, está ya a buen recaudo.
Esa venta de los casi 50 millones de soles no fue a parar en beneficio de los trabajadores de la azucarera Andahuasi, los ex directivos que propiciaron la venta, según Baldeos Ardián, pagaron 18 millones de soles a los proveedores y el resto del dinero queda en la interrogante de ¿A qué manos se fue?.
Prestarse a estas sucias jugadas de los grandes desproporcionados que manejan millones de sumas de capital, cuyos ingresos son mal habidos, no debe darse una mínima contemplación a aquél que estaba figurándose ser el padrino de los privilegios a favor de este grupo explotador Wong.
Es el momento del presente gobierno nacionalista que demuestre que la justicia no debe ser sólo hablada y predicada, sino también ejecutada y aplicada por el bien del país.

Escribe: Ricardo Quevedo Ramírez

Fuente: http://www.diariovoces.com.pe/?p=51381

Andahuasi: negociado de acciones

Millonaria deuda. Los reales dueños de la azucarera no han recibido un sol de la venta.

Tras las ansias de control del complejo agroindustrial asoman diversos grupos de poder, uno de ellos Minera Volcán, de la familia Letts.

Edmundo Cruz y Jonathan Castro.
Tras las cuantiosas operaciones de compra y venta de acciones de la Empresa Agrícola Azucarera Andahuasi S.A.A. ocurridas en los últimos tres años asoman grupos de poder económico que parecen agazaparse en otros.
El gráfico que reproducimos al lado muestra las relaciones patrimoniales y familiares de uno de los más entusiastas compradores de acciones en este caso: Manuel Bustamante Olivares, líder del grupo identificado con su apellido.
Bustamante es abogado de profesión y está casado con Elsa Letts Romero. Tienen seis hijos, dos de ellos –Manuel José Marcos, el mayor, y Alonso José, el benjamín– figuran vinculados a operaciones bursátiles en pos de valores de Andahuasi.
Claudia Romero Briceño, esposa de Manuel José Marcos, compró un millón 657 mil 487 acciones de Andahuasi entre abril y mayo de 2009, en 17 días distintos.
Carlos Antonio Dellepiane Costa, hermano de María Beatrice Dellepiane Costa, esposa de Alonso José Bustamante Letts, adquirió por su lado 9 millones 297 mil 892 acciones entre agosto de 2007 y abril de 2009.
A esto se agrega un vínculo familiar elocuente: Elsa Letts Romero, la esposa de Manuel Bustamante Olivares, es prima hermana de Roberto “Boby” Letts Colmenares, el forjador de la minera Volcan, un personaje de la minería peruana fallecido el año pasado.
Por tanto, doña Elsa tiene el mismo vínculo con la hermana de “Boby”: Irene Letts Comenares, madre de José Ignacio De Romaña Letts, quien desde 1993 es director de Volcan Compañía Minera.
Por si fuera poco, Irene Letts Colmenares posee el 20% de Greenville Overseas Investment, la empresa off shore que hoy acapara el 46.9% de las acciones “clase A” de Volcan.
Accionistas de última clase
Andahuasi fue una de las 12 cooperativas azucareras que tras el fracaso de la reforma agraria velasquista se mantuvo como una unidad productiva por la complejidad de su manejo.
En sus gestiones marcó altibajos y fue acumulando deudas con el Estado, hasta que en 1996 el gobierno de Alberto Fujimori decidió capitalizar esas deudas, se convirtió en copropietario y comenzó a transformar la empresa en una sociedad anónima.
Hasta el 2004, el Estado mantenía en Andahuasi un 10.39 % del accionariado. Las cosas empezaron a cambiar el 2005. Industrial Andahuasi, una subsidiaria que poseía el ingenio azucarero y la planta de alcohol, entregó esta infraestructura a la matriz Empresa Agrícola Azucarera Andahuasi S.A.A. y a cambio de esa cesión de una propiedad controlada por los trabajadores se le reconoció el 30.69 % del accionariado.
El 2009 un paquete de 21.97% fue negociado por el presidente del directorio, Eduardo Núñez Camara, y el gerente general Carlos Rivas, sin las correspondientes autorizaciones. Transaron su venta con el grupo Wong por la suma de 49 millones de soles, a razón de un sol por acción después de haber estado planteando S/. 1.80.
La ley prohíbe la venta de paquetes de tal proporción, por lo que el órgano supervisor objetó y multó a los infractores. No sólo Wong, también Bustamante había incurrido en falta.
Sin embargo, la concesiva supervisora no tardó en allanar el camino a la corrección.
El grupo Wong sostiene haber alcanzado el 50% del accionariado, y así lo ha reconocido Conasev. Los beneficiados han celebrado junta de socios y elegido nuevas autoridades. La supervisora también ha convalidado el ilícito.
Según han denunciado los representantes de los trabajadores, el dinero producto de la operación no ha ingresado a las arcas de la empresa azucarera, sino que permanece depositado en una cuenta a nombre de los hermanos Wong y de Eduardo Núñez.
Este hecho reafirma el sentido nada respetuoso de los derechos patrimoniales de los trabajadores azucareros que hasta setiembre del año anterior eran titulares del 70 por ciento del capital social.
El engaño a los trabajadores no solo fue del Grupo Wong. Parte del 16,81% de las acciones que la empresa panameña Ducktown Holding S.A., de propiedad de los Bustamante, adquirió de los trabajadores, fue malbaratada. Ofrecieron S/. 2 pero pagaron S/. 1.35.
‘El Ingenio’ de los Wong
En 1996, Jaime Mur y Genaro Delgado Parker asumieron Paramonga. Luis Castañeda Lossio fue presidente del Directorio. No tardaron en venderla al grupo Wong. Éstos se proponían repotenciar la producción, crear una planta de generación eléctrica para su consumo y entrar al negocio de la producción de papel.
Jaime Mur implementó un método excepcional de venta. Compró 200 autos a un millón de dólares y con esa especie logró comprar paquetes de acciones de montos mucho mayores a la inversión.
El Grupo Wong también compró El Ingenio, otra azucarera. Acordó con los trabajadores repotenciar la fábrica. Al poco tiempo, el predio se cerró y solo sirvió de campo de cultivo para abastecer a Paramonga.

Fuente: Diario La República
Lima, Jueves 27 de Octubre de 2011

Humala respalda la investigación contra su vicepresidente Omar Chehade

Por acusaciones de tráfico de influencias
El presidente de Perú, Ollanta Humala, respaldó este jueves las investigaciones abiertas por la Fiscalía y el Congreso contra su segundo vicepresidente, Omar Chehade, por presunto tráfico de influencias.
En rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno, Humala dijo que "tenemos que esperar los resultados y, luego, que cada quien asuma sus responsabilidades".
Chehade es investigado por, supuestamente, haber coordinado con altos jefes policiales el desalojo de los trabajadores de la azucarera Andahuasi, que administran esa empresa por dictamen judicial, para entregársela al grupo Wong, uno de los principales accionistas.
"Queremos darle el mensaje a todo el pueblo peruano que nosotros estamos justamente con banderas reivindicativas de seguridad, de lucha contra la corrupción", dijo Humala.
En las últimas horas, la lideresa de la oposición y ex candidata presidencial, Keiko Fujimori, pidió a Chehade que renuncie por la denuncia presentada en su contra y criticó el silencio que guardaba Humala sobre el caso revelado por una investigación periodística del portal IDL- Reporteros, del Instituto de Defensa Legal.
El jefe de Estado saludó que el Congreso haya tomado la acción inmediata de investigar la denuncia atribuida a Chehade, que es también parlamentario del oficialismo, y agregó que estará atento a esos resultados.
Al ser consultado sobre si le va a pedir su renuncia a Chehade, Humala dijo que es respetuoso del estado de derecho y de la presunción de inocencia hasta que la investigación concluya.
"Acá no hay juicios populares, acá queremos la ley, el orden y la justicia, todo con transparencia", afirmó Humala.
Además, el jefe de Estado agradeció a la prensa "su labor de fiscalización porque eso nos ayuda a corregir las cosas" y pidió tener la seguridad de que "nosotros no aceptamos ningún tipo de irregularidades".

Protestan los trabajadores de Andahuasi

Alrededor de medio millar de trabajadores de la azucarera Andahuasi se manifestaron este jueves para exigir que se investigue no solo al segundo vicepresidente del país sino también a los empresarios presuntamente beneficiados.
Los trabajadores marcharon por las calles del centro de Lima, tras llegar desde la provincia de Huaura, a unos 135 kilómetros al norte de la capital, y se dirigieron al Congreso para pedir una investigación exhaustiva contra Chehade.
El secretario general del sindicato de trabajadores de Andahuasi, Filadelfo Coca, dijo a Canal N, al llegar al Parlamento, que exigen también una investigación profunda de "cómo los dos grupos económicos (que intentan ingresar a Andahuasi) Wong y Bustamante han adquirido acciones irregularmente" para tomar el control de la empresa.

Tomado de: El Mundo - España
Actualizado jueves 20/10/2011 13:52 horas