jueves, 9 de diciembre de 2010

Modificación a Ley de Protección Patrimonial afecta a Tumán y Pomalca, denuncian

El presidente del Comité de Trabajadores y Accionistas de la azucarera Tumán, Alejandro Zevallos, denunció que la última modificación a la Ley de Ampliación de la Protección Patrimonial afectará al personal de la empresa Pomalca y de la suya.
En conversación con Hoy por Hoy de CPN Noticias, sostuvo que esa norma no fracciona las deudas de dichas agroindustriales, evitando que los empleados cobren la totalidad de sus sueldos hasta el 2026.
Zevallos Gamarra acusó al congresista del APRA, Jorge del Castillo, de haber generado un “lobby” a favor del grupo Oviedo; y reveló que el Grupo Parlamentario Nacionalista aclaró que no se modificaría la medida.

Fuente: CPN Radio, Lima - Perú, 9 de diciembre de 2010

Trabajadores de azucareras rechazan reglamento para compra de acciones

Artemio Mondragón, dirigente de trabajadores que quieren comprar acciones, dijo que Proinversión fijará mecanismo de venta favorable al Grupo Gloria y contra el interés de los trabajadores.

Los trabajadores de las empresas azucareras que tienen derecho preferente a la compra de las acciones que el Estado mantiene en estas empresas no gozarían de tal ventaja si Proinversión fija el mecanismo de venta, afirmó Artemio Mondragón, vicepresidente de la "Asociación de Trabajadores para la compra de las Acciones del Estado".
Mondragòn, quien representa a un segmento de los trabajores en las haciendas de Pomalca, Tumán y Cayaltí, explicó que Proinversión ya ha anunciado su intensión de convocar a un proceso de subasta inversa para la venta de estas acciones.
Los trabajadores de las empresas azucareras que tienen derecho preferente a la compra de las acciones que el Estado mantiene en estas empresas no gozarían de tal ventaja si ProInversión fija el mecanismo de venta, afirmó Artemio Mondragón, vicepresidente de la "Asociación de Trabajadores para la compra de las Acciones del Estado".
Mondragón, quien representa a un segmento de los trabajadores en las haciendas de Pomalca, Tumán y Cayaltí, explicó que ProInversión ya ha anunciado su intensión de convocar a un proceso de subasta inversa para la venta de estas acciones.
En ese caso -explicó el dirigente -empresas poderosas como Gloria podrían ofrecer más y fijar un precio inaccesible para los trabajadores. El reglamento publicado hoy en El Peruano por el Ministerio de Economía y Finanzas, señala efectivamente que ProInversión fijará el mecanismo de venta, pudiendo usarse mecanismos centralizados de negociación.
De otra parte, Mondragón rechazó los artículos 10 y 11 del reglamento publicado hoy debido a que, si bien los trabajadores pueden adquirir acciones al contado o en partes, ProInversión mantendría la titularidad hasta la cancelación total.
La norma indica que los trabajadores podrán decidir si quieren pagar al contado, en cuyo caso tendrán tres días para cancelar, o a plazos hasta en un año, para lo cual deberán dar un 30% de inicial sobre el costo total del paquete de acciones.
El reglamento indica que quedarán en prenda por el pago total, los depósitos de CTS efectivos o pendientes. También señala que solo quedará inafecto el 25% del total de acciones adquiridas.
Mondragón lamentó que se publique esta norma cuando todavía el Ejecutivo no ha definido si observará la ley que amplía el régimen de protección patrimonial de las azucareras hasta el 31 de diciembre del 2011 y que a la vez suspende la venta de las acciones hasta la misma fecha.
“No es posible que habiendo una ley aprobada por el Congreso, que suspende la venta de las acciones, se emita este reglamento  que atenta contra miles de trabajadores de las azucareras ¿Esto quiere decir acaso que se observará la ley y que la venta se realizará el 20 de diciembre? No se pueden hacer las cosas a tropezones”, cuestionó.
Contra Oviedo
El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, declarado opositor a la prórroga de la Ley de Protección Patrimonial, asegura que el reglamento publicado hoy no es del agrado de la familia Oviedo ni de la facción de trabajadores que la respaldan, porque el grupo empresarial no podrá financiar al contado la compra del 32,8% de las acciones de Pomalca y el 7% de Tumán.
Recientemente el Grupo Oviedo, administrador legal de las azucareras Pomalca y Tumán se comprometió a poner a disposición de los trabajadores el dinero que se adeuda por concepto de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS), para financiar la compra de acciones de sus empleados.
“Lo que quiere el Grupo Oviedo es que se suspenda la venta de acciones por un año para hacer caja, porque en este momento no tiene la plata para financiar a sus trabajadores y comprar al contado las acciones. Ellos prefieren plazos de varios años”, comentó el legislador.

Fuente: RPP, Miércoles, 08 de Diciembre del 2010  |  14:59 hrs

No a la eterna protección a las azucareras

No deberían haber tratamientos discriminatorios en una economía que se precia de ser libre y de mercado, y menos si ello favorece no precisamente a los más necesitados, como parece ser el caso de la ley de protección patrimonial de las empresas azucareras en las que el Estado mantiene participación accionaria (32.88% de Pomalca, 7.22% de Tumán y 23.53% de Cayaltí) recientemente prorrogada por el Congreso y de la que también extiende el plazo para la venta de las acciones estatales (en ambos casos hasta el 31 de diciembre del 2011).

Aparte de ocasionar una pérdida de valor de las acciones de las mismas empresas azucareras, esta ley tiene efectos perversos como, por ejemplo, fomentar una competencia desleal en desmedro de otras empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias y pasivos oportunamente.

De otro lado, como ha dicho el propio presidente García, si la protección patrimonial es eterna, las empresas que gozan del beneficio se hunden más en deudas (a los trabajadores, a la Sunat, a Essalud). El mandatario ha anunciado que el estado evaluará si esta protección está beneficiando a algún grupo económico que con poca aportación de capital ya tiene el dominio administrativo, gracias a jueces y a recursos de amparo. Es decir, no ha descartado malos manejos en el marco de este beneficio.

Al parecer, el Ejecutivo observaría la prórroga aprobada y enviaría al Congreso un nuevo proyecto modificatorio. El problema es que las sucesivas prórrogas ya abarcan varios años y es tiempo de que el estado se retire totalmente de las empresas azucareras, como lo ha subrayado el ministro de Economía, Ismael Benavides, quien además afirmó que que la posición del Ejecutivo era observar esta norma e impedir la prórroga.

En realidad, esta será la segunda prueba de fuego para Benavides. La primera fue la defensa del presupuesto público del 2011, la cual perdió parcialmente ya que el presupuesto aprobado recoge parte importante de las propuestas de los congresistas apristas que sustituyeron partidas que no tenían financiamiento.

Si finalmente la ley de protección patrimonial de las empresas azucareras se prorroga, sea porque el congreso aprueba la norma por insistencia (con apoyo de la banca aprista) o porque el Ejecutivo envía alguna fórmula que implique ello, el MEF habrá perdido su segunda batalla.
Fuente: Diario Gestión