"La protección patrimonial debe tener límites", dijo el presidente García sobre cuestionada "Ley Oviedo"

El mandatario reconoció que la norma aprobada por el Congreso en ese sentido, con apoyo de parlamentarios apristas, sí beneficia a un grupo económico. Ejecutivo aún evalúa la norma

El presidente Alan García compartió hoy los cuestionamientos del ministro de Economía, Ismael Benavides, a la denominada “Ley Oviedo” (de protección patrimonial a las azucareras) aprobada la semana pasada por las bancadas del Apra y del humalismo en el Congreso.
“Estamos estudiando la norma para ver de qué manera lo que se impulsa es el mejoramiento de las empresas que están en Lambayeque (...) de qué manera las empresas que ya no tienen capital del Estado se están viendo beneficiadas por esta protección patrimonial que significa que nadie les puede cobrar judicialmente”, respondió el jefe de Estado al ser consultado si el Ejecutivo promulgará la iniciativa.
García señaló que efectivamente hay empresas que tienen altas ganancias en el valle de Chicama, en La Libertad, y que “gracias a un juez equivocado
se han hecho favorecer por las leyes de protección patrimonial y no pagan sus deudas”.

“HAY LÍMITES”
“En estos años siempre hemos dicho que hay un límite a la protección patrimonial, esta no puede ser eterna (...) Se protege uno o dos años hasta que las empresas se reflotan, pero si se hunden más en deudas y problemas con los trabajadores, Sunat, EsSalud…”, comentó García Pérez en rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno.
También reconoció que la norma tendría nombre propio (el Grupo Oviedo). “Aparentemente protege a un grupo económico que tiene dominio administrativo gracias a jueces y acciones de amparo, pero con poca aportación de dinero (...) no queremos que se engañe a los trabajadores, estamos estudiando los balances que logramos obtener porque son empresas que no quieren entregarlos”, puntualizó.

Fuente: Diario El Comercio
Lima,

Lunes 06 de diciembre de 2010 - 02:11 pm

Accionistas de Tumán en contra de la 'Ley Oviedo'

Radio San Borja, Lima, dic. 05.- Alejandro Zevallos - presidente del Comité de Trabajadores y Accionistas de Tumán, denunció en el programa de Radio San Borja 'Voz de Alerta' la 'Ley Oviedo' que fue aprobada el miércoles pasado por el pleno del congreso con el apoyo del APRA y del nacionalismo. La mencionada ley que amplía por un año más la protección patrimonial a las empresas azucareras 'mortifica a los trabajadores que a pesar de contar con el 65% de acciones no podemos acceder a nuestros derechos laborales', afirmó Zavallos.

'Las organizaciones que están apoyando la tan cuestionada ley no tienen más de 2 meses de creadas. Demetrio Ruiz,  quien firma el comunicado como nuestro representante legal, no ha sido elegido por nuestro sindicato y no representan para nada el sentir de nuestro sindicato azucarero'.

Zavallos también manifestó en 'Voz de alerta' su total desaprobación por la millonaria suma que Oviedo está moviendo en esta campaña mediática a pesar de haberle reducido la pensión a los jubilados de 3 mil a mil 500 nuevos soles justificándose con una aparente falta de fondos: 'Querían incluso bajar la pensión a 500 soles, no me sorprendería que con el tiempo siga descendiendo el monto de la pensión'.

Para concluir, el presidente del Comité de Trabajadores y Accionistas de Tumán pidió que, por favor, se investigue por qué se utilizó esta la ley para cancelar una deuda ajena por las que está administrando Oviedo. 'Hay un lobby abierto en el Congreso para favorecerlo. Pido encarecidamente al congreso que no siga apoyando a ese grupo fraudulento' concluyó.

Fuente: http://radiosanborja.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9280:accionistas-de-tuman-en-contra-de-la-ley-oviedo&catid=81:nacional&Itemid=198
Radio San Borja, Lima, Perú
Domingo 05 de Diciembre de 2010 13:44

Beneficio a azucareras viola fallo del TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ EN CONTRA DE PROLONGAR ESTE TIPO DE PROTECCIÓN



LIMA | El proyecto acordado la semana pasada en el pleno del Congreso que prorroga beneficios a las empresas azucareras colisionaría directamente con un fallo previo del Tribunal Constitucional (TC).

Sucede que si bien el Congreso aprobó ampliar el Régimen de Protección Patrimonial a las empresas azucareras donde el Estado mantiene acciones por un año más, existe una resolución del máximo tribunal que impediría tal decisión.

La resolución del TC establece que dicho régimen (protección patrimonial) viola el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, contemplada en el artículo 139 de la Constitución Peruana.

Es decir, el derecho que tiene toda persona a recurrir al Poder Judicial y lograr que se le otorgue una indemnización. Justo lo que el proyecto de Ley aprobado por los congresistas establece.

Además, agrega el Tribunal Constitucional en su fallo, este régimen transgrede el derecho a la propiedad privada.

Recordemos que la propuesta aprobada en el pleno del Congreso plantea que las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí no puedan ser embargadas ni siquiera por deudas con la Sunat o la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Ampliación es nula. Al examinar la resolución, el tribunal como previendo lo que iba a suceder dos años después, establece que si el plazo se extendiera (como aprobó el Parlamento el jueves pasado), la nueva norma resultaría nula por ser una medida absolutamente innecesaria.

Incluso comentan que está probado que las prórrogas no son eficaces y una nueva ampliación burlaría el trabajo del TC.

Lo acordado Recordemos que el pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 4363 que amplía la protección patrimonial de las empresas azucareras hasta el 31 de diciembre del 2011, y suspende la venta de las acciones del Estado en ellas.

De acuerdo con el artículo 4 del texto sustitutorio acordado, indefectiblemente y sin excepción, el 31 de diciembre del 2011 se termina el régimen de protección patrimonial de las empresas azucareras, y además se suspende el proceso de venta de las acciones estatales.

Cabe señalar que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) tiene prevista la venta de acciones de la Empresa Agroindustrial Cayaltí para el 20 de diciembre del presente mes.

Exigen investigación

Los trabajadores de Pomalca y Tumán pidieron al Congreso que se investigue el millonario manejo económico de estos ingenios azucareros por parte del grupo Oviedo, anunció el Comité de Accionistas de Trabajadores de la Agroindustrial Tumán. Agregaron que hay un evidente conflicto de intereses de la función congresal de varios representantes.

Propuesta

Tras la decisión del pleno del Congreso un grupo de parlamentarios, encabezado por Víctor Andrés García Belaunde, y algunos del Partido Aprista presentaron una reconsideración al proyecto que será vista y votada el próximo jueves.

Fuente: Diario Correo Perú
Lunes 06 de Diciembre del 2010

Ejecutivo observaría la polémica 'Ley Oviedo’

Comisión Política del Apra se adhiere a pedido de reconsideración de García Belaunde. Mauricio Mulder reconoce que proyecto genera sospechas de corrupción.

La controvertida ley que aprobó ayer el Pleno del Congreso para brindar más protección a las empresas azucareras del Grupo Oviedo sería observada por el Ejecutivo. El ministro de Economía y Finanzas, Ismael Benavides, señaló que la posición del Ejecutivo respecto de la protección “siempre ha sido la de observarla”, aseveró.

De acuerdo con el proyecto, las acciones del Estado en las empresas azucareras serán vendidas cuando el mercado lo permita. “No sé qué es una condición adecuada del mercado, ¿cuándo suba el precio del azúcar y haya especulación con el azúcar?”, criticó Benavides.

DIVISIONES. En tanto, Jorge del Castillo, que impulsó esta polémica iniciativa, se estaría quedando solo. La Comisión Política del Apra decidió no apoyar el proyecto de ley que prolonga la protección patrimonial para las azucareras, reveló el vocero de la cédula parlamentaria aprista, Mauricio Mulder.

Por este motivo, Mulder, junto a sus compañeros Luis Alva Castro, Luis Negreiros, Luis Gonzales Posada y Olga Cribilleros decidieron suscribir el pedido de reconsideración de la votación presentada por el legislador Víctor Andrés García Belaunde.

“Estamos en una lucha frontal contra la corrupción y si bien no puedo decir que esta ley sea corrupta, evidentemente está generando muchas sospechas”, afirmó Mulder en diálogo con Perú.21.

El legislador recordó que la posición del Ejecutivo es contraria a que se mantenga la protección de las azucareras e, inclusive, la candidata a la presidencia por el Apra, Mercedes Aráoz, ha opinado ya en contra de esta norma. “Es evidente que acá hay un lobby que beneficiaría a dos empresas directamente (Oviedo y Gloria)”, anotó el líder del partido de Haya de la Torre.

También se habrían generado diferencias en el fujimorismo y el nacionalismo. Según Mulder, el congresista Carlos Raffo está en contra de esta norma, a pesar de que parte de su bancada votó a favor.

TRABAJADORES. Por su parte, Alejandro Zevallos, presidente del Comité de Trabajadores Accionistas de Tumán, aseguró que solo los empleados contratados por Oviedo están apoyando la ley.

Advirtió que esta empresa quiere evitar la venta de las acciones estatales para no perder la administración total de Pomalca y de Tumán, la cual habría asumido a través de medidas judiciales fraudulentas.

Fuente: Diario Peru21

Economí­a | Sáb. 04 dic '10

“Hay un lobby en el Congreso a favor de Oviedo”

El vocero de la bancada aprista reconoce que intereses empresariales empujaron la aprobación de la ley sobre las azucareras, pero dice que sus ‘compañeros’ actuaron de buena fe.

Mauricio Mulder no se hace problemas en admitir que la sinvergüencería de Fernando Barrios fue un duro golpe para la campaña. Sin embargo, confía en que Mercedes Aráoz, su candidata presidencial, sabrá hacer frente a la imagen de corrupción que persigue al APRA. “Lo de la ‘Ley Oviedo’ no ayuda”, se queja.

¿Cómo le fue en Trujillo acompañando a Mercedes Aráoz? ¿Hizo las paces con ella?

Yo nunca estuve peleado con ella.

Usted le hizo el pare: dijo que será el pueblo, no ella, el que decida si los apristas son candidatos.

Eso no es hacerle el pare. La ley de partidos políticos obliga a que los candidatos tengan que ser elegidos, como ella misma lo fue.

Ella había dicho que no serán candidatos los apristas que quisieron meter de contrabando propuestas que iban contra la caja fiscal.

Y tiene razón. Los congresistas que intentan contrabandear leyes tienen un comportamiento no ético. Pero nosotros fuimos al MEF a encontrar puntos de coincidencia para aprobar la ley del Ejecutivo.
¿Aráoz podrá tener derecho a veto en la lista de candidatos?

Derecho a veto es una palabra que no está en la ley. Pero por supuesto que tendrá una opinión importante tratándose de la candidata presidencial. No pueden tomarse decisiones sin su aprobación.

Si ella considera que un militante aprista no debe postular...

Como ella misma ha dicho, será un tema que se planteará en una mesa colectiva con la Dirección Política y el comando de campaña, y se tomará una decisión al respecto.

También ha dicho que Jorge del Castillo debe aclarar sus temas judiciales antes de ser candidato.

Bueno, pero eso lo ha dicho el mismo Jorge, y el partido está a la espera de que las resoluciones judiciales puedan salir para tomar una determinación en este tema.

Si esas resoluciones no salen a tiempo, ¿Del Castillo no será candidato?

Bueno... sí... eso es proyectarnos a una hipótesis. Pero yo creo que no va a haber ningún problema para que Jorge sea candidato.

Ustedes han chocado con el MEF por el tema del presupuesto y ahora por la llamada ‘Ley Oviedo’. ¿Qué les ha hecho Ismael Benavides?

No, el ministro tiene razón en lo que se refiere a la ‘Ley Oviedo’. Lo que pasa es que no hemos sabido mantener una posición unitaria. Y los compañeros que han empujado este tema lo han hecho a sabiendas de que había discrepancias con el Ejecutivo y con gran parte de la bancada. Lo que vamos a hacer es unificar criterios y definir una línea.

¿Hay un lobby en el Congreso a favor de esta ley?

Sí, efectivamente lo hay, y por eso creo que debemos ser muy escrupulosos en no aparecer como susceptibles a favor de este lobby.

Javier Velásquez sustentó la propuesta. ¿Es parte del lobby?

No, no, no, el lobby lo hacen los grupos económicos, no los parlamentarios. Javier es lambayecano, como también lo es Humberto Falla, y tiene un conocimiento de la realidad de esa zona. Han actuado de buena fe.

Falla ha sido asesor legal de Pomalca. Y Franco Carpio tiene una empresa que contrata con Pomalca. Tremendo conflicto de interés.

(Pausa) El Código de Ética señala que ellos deben transmitir este tipo de actitudes a la hora de emitir una opinión y votar. Habría que trasladarles la pregunta a ellos para que puedan especificar este vínculo.

La figura es esta: ellos cobraron dinero del Grupo Oviedo y ahora apoyan una ley que favorece a este grupo. ¿Hay conflicto de interés o no?

Depende de cómo haya sido el trato (...) Creo que en este caso las apariencias también deben ser tomadas en cuenta por los parlamentarios, y aun cuando ellos pudieran alegar que no hay conflicto de interés, es mejor abstenerse. Las apariencias nos hacen daño porque los mantos de sospecha que hay sobre nosotros –por los casos de corrupción que han aflorado– han afectado seriamente la campaña. Y eso es algo que la candidata lo tiene muy claro. Por eso ella ha sido muy enfática en que su posición es luchar contra la corrupción de dentro y de fuera.

¿La corrupción dentro del Estado o dentro del partido?

Dentro del Estado y dentro del partido. Los últimos casos que hemos visto han tenido que ver con un dirigente nacional al que hemos licenciado de su cargo y al que hemos suspendido su militancia.

Mercedes Aráoz apareció, fue la novedad, y de pronto, bum, nos enteramos de que Fernando Barrios se ‘autoindemnizó’ nada menos que por haber ascendido a ministro. Duro golpe a su campaña.

Golpeó, sí, no lo voy a negar. Pero creo que la gente sabe distinguir quién es Fernando Barrios y quién es Mercedes Aráoz. Mercedes Aráoz ha sido ministra y no tiene una sola imputación sobre algún tema de deshonestidad. Es una figura joven, con capacidad, con inteligencia, y que no proviene de la política.

¿Los escándalos de corrupción del gobierno aprista no serán demasiado lastre para su candidatura?

No. Sabiendo determinar que los responsables de los escándalos son los culpables y no ella ni la gran mayoría de los apristas, es evidente que tendremos posibilidades de ser lo suficiente firmes en el deslinde.

¿Siente que después de más de cuatro años de una gestión relativamente exitosa en otros ámbitos, el APRA sigue apareciendo muy ligado a la corrupción?

Yo lamento que eso ocurra y que haya este tipo de casos, y que estos casos siempre lleven a la generalización. Porque cuando se trata de otros gobiernos en los que hubo tanta o más corrupción, como el de Toledo o el de Fujimori, no existe esta tendencia a la generalización.

¿Puede asegurar hoy que en el camino no retirarán la candidatura de Mercedes Aráoz, como hicieron con la de Carlos Roca?

Sí, por cierto, eso jamás va a ocurrir.

¿Qué pasa si no supera el 6% o 7%?

Ella ya pasó el 7%, está creciendo más y recién está empezando a recorrer el país. Lo que ocurrió con Carlos Roca fue que, a diferencia de lo hecho con Mercedes Aráoz –donde hubo toda una planificación y un análisis político–, él fue como un soldado del partido a asumir una responsabilidad de último minuto porque no había otro.

En el análisis que han hecho, ¿Aráoz crece a costa de qué candidato?

De Castañeda y de Toledo, sobre todo. A ellos les va a quitar votos.

¿Eso nos lleva a un escenario Aráoz-Fujimori en segunda vuelta?

Exacto. Yo creo que así va a ser.

¿Y qué decidirá el triunfo de su candidata? Keiko tiene un sólido 30%.

No es 30%, es 20%, y es sólido, sí, pero no crece ni baja. A Mercedes Aráoz y Keiko Fujimori las distingue que una es demócrata y la otra pertenece a un partido totalitario. La segunda diferencia es que Mercedes Aráoz tiene un lenguaje inclusivo y de centroizquierda en un partido popular. En cambio, Keiko Fujimori solo tiene un programa de gobierno cuyo nombre es el de su señor padre.

La toma de rehenes en Gamarra nos recordó que la lucha contra la inseguridad es la gran deuda de este gobierno. ¿Por qué no se hizo más?

Lo que se ha hecho no ha sido suficiente pero sí se ha hecho algo. Esto ocurría antes casi una vez por semana y ahora ha sucedido después de varios años. Ha aumentado el número de policías y se está buscando un mayor papel de la Policía especializada en los diferentes ámbitos de la lucha contra el crimen.

Pero hemos tenido siete ministros del Interior en cuatro años. Y cada vez se ha elegido peor.

Es un cargo complicado, de enormes riesgos políticos. Cualquier hecho de violencia implica una responsabilidad política que motiva su caída.

Usted estuvo voceado varias veces para este cargo. ¿Le hubiera gustado ponerse el fajín?

Bueno, no niego que sí, es un cargo interesante, pero a mí me voceaban por mis características polémicas y de confrontación, pero no necesariamente un ministro tiene que ser peleón. ¿Por qué no podría haber sido ministro de Relaciones Exteriores?

No, pues, nos hubiéramos peleado a cada rato con Chile y Bolivia.

(Risas) Oiga, yo soy graduado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ginebra y hablo tres idiomas, a diferencia de varios que han sido ministros antes.

Fuente. Diario Peru21

Política | Dom. 05 dic '10

Siguen pugnas por protección a las azucareras

Discrepancia. Velásquez Quesquén considera precipitada venta de acciones. García Belaunde: “Es una ley tramposa”. Mulder: “Hay grupos que ejercen presión”. Abugattás: “Quieren favorecer a los pillos, amigos del gobierno”.
Por Magda Quispe.
Continúa la pugna por la reciente aprobación del dictamen que amplía la protección patrimonial a las empresas azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí.
El congresista Andrés García Belaúnde, junto a otro grupo de legisladores, ratificó a La República su posición para pedir la reconsideración de la votación del pasado jueves.
García Belaunde fue el primer congresista en solicitarlo, inmediatamente después de la sesión del Pleno del jueves. El parlamentario sostiene que es necesario que se tome conciencia respecto a la votación de esta ley.
“Es una ley tramposa que atenta contra la credibilidad del país y su estabilidad jurídica porque le permite al grupo Oviedo continuar manejando dos empresas sin ser propietario. También es una ley que permite el perro muerto, por  lo que  hay mucha gente que está haciendo cola por querer cobrar sus acreencias, premia a los deudores y castiga a los acreedores”, dijo.
De no aceptarse la reconsideración de la votación en el Legislativo,  dijo que la autógrafa debe ser observada por el Ejecutivo para que retorne al Parlamento.
Presión de grupos económicos
A la reconsideración se sumó el legislador aprista Mauricio Mulder, quien afirma que hay grupos económicos que han estado presionando la aprobación de esta norma.
“Esta es una ley de rescate financiero que les genera una especie de blindaje a tres empresas con la finalidad de que no paguen seguro social, acreencias, impuestos, y a los trabajadores con la excusa de que si lo hacen quebrarían, pero en el fondo están haciendo dinero. Tiene que haber igualdad en el proceso económico del país porque si es así cualquiera gana plata”, enfatizó.

Suspendan venta de acciones
El legislador Daniel Abugattás consideró que debe suspenderse la venta de las acciones del Estado ya que es absurdo su remate solo “para favorecer a los pillos, amigos del gobierno. Lo que se está buscando es forzar la figura y pedir que se promulgue la ley para que al final se rematen las acciones del Estado. Existen lobbies que buscan regalarlos, pero se debe proteger los intereses del Estado y de los trabajadores ”, sostuvo.
La venta es precipitada
A su vez, el ex premier Javier Velásquez Quesquén instó a que Proinversión cumpla con su responsabilidad como institución de mantener informados a los trabajadores sobre la venta de las acciones.
“En Cayaltí hay gran zozobra de los trabajadores porque no están informados y eso es responsabilidad de Proinversión. Es muy precipitado vender las acciones; debe hacerse una venta con mucha transparencia porque si no podrían generarse hechos de violencia en la zona”, adelantó Velásquez.
Salen en defensa de lo aprobado.
El vicepresidente de la asociación de trabajadores de Pomalca para la compra de las acciones del Estado, Artemio Mondragón, afirmó que la aprobación de la ampliación patrimonial favorece a 30 mil familias azucareras.
”No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque defenderemos esta ley. Desde este martes próximo vamos a hacer movilizaciones en Chiclayo porque no permitiremos que congresistas desleales se opongan”, afirmó.
Asimismo precisó que el jueves próximo se trasladarán a Lima para las movilizaciones. “Defenderemos esta ley cueste lo que cueste”, señaló.

Fuente: Diario La República, Perú
Dom, 05/12/2010 - 08:56