Por Mirko Lauer
Alan García acaba de hacer una propuesta que podría cortar de un tajo el nudo gordiano azucarero de estos días: entregar las acciones del Estado (8% Tumán, 32% Pomalca) a los trabajadores en pago de sus beneficios sociales, de modo que ellos pueda elegir “el socio que ellos quieran”.
Para García esta salida evitaría seguir favoreciendo al grupo Oviedo, a quienes considera aprovechadores ilegítimos de una presencia accionarial en Pomalca y Tumán. La idea es que una masa de trabajadores en posesión de una mayoría efectiva optarán por un camino administrativo que les sea más beneficioso que el actual.
Los sindicatos azucareros, notoriamente a favor de que el régimen Oviedo se mantenga, han saludado el gesto pero insisten en la prolongación de la ley de protección patrimonial. Sin embargo en privado el grupo Oviedo plantea no tener problema con una fórmula como la que ha adelantado García hace unos días.
Las declaraciones de García también buscan terminar de frenar que se prolongue una protección empresarial a los Oviedo y otras azucareras que había venido acumulando declaraciones de políticos y votos parlamentarios, hasta ayer incluso los del Apra. Pero ahora el clima definitivamente ha cambiado.
Jorge del Castillo, quien en cierto modo lideró la lucha por la prolongación, se declara a favor del planteamiento de García. Más aun, plantea que este no precisa una nueva ley, sino una simple orden a Proinversión (los promotores de una venta en bolsa) para que proceda a poner en marcha el mecanismo de compensación acciones por beneficios sociales.
Para los Oviedo la fórmula García significa una pérdida de terreno. Pero probablemente la ven como un freno a la avalancha de medidas tributarias y judiciales que desde hace un mes contribuye a paralizar las actividades de las dos agroindustriales. La resistencia de los sindicatos a recibir acciones del Estado es menos explicable.
Sin embargo hay algunos aspectos que todavía necesitan ser clarificados. ¿Los trabajadores nuevamente empoderados con acciones pierden la actual protección frente a las grandes deudas azucareras? ¿Las acciones que ahora cambian de manos tendrán alguna limitación, como de plazos o destinos, respecto de ser vendidas en el mercado?
Está claro que para que esas acciones les rindan a sus propietarios y acrecienten, o por lo menos mantengan, su valor es indispensable una buena marcha administrativa de las empresas. Esto se logró en parte con el mecanismo de protección. Si hay buenos argumentos para eliminarlo o reducirlo, es indispensable encontrar un reemplazo convincente.
Fuente: Editorial Diario La República
Martes 15 de Febrero de 2011
Alan García acaba de hacer una propuesta que podría cortar de un tajo el nudo gordiano azucarero de estos días: entregar las acciones del Estado (8% Tumán, 32% Pomalca) a los trabajadores en pago de sus beneficios sociales, de modo que ellos pueda elegir “el socio que ellos quieran”.
Para García esta salida evitaría seguir favoreciendo al grupo Oviedo, a quienes considera aprovechadores ilegítimos de una presencia accionarial en Pomalca y Tumán. La idea es que una masa de trabajadores en posesión de una mayoría efectiva optarán por un camino administrativo que les sea más beneficioso que el actual.
Los sindicatos azucareros, notoriamente a favor de que el régimen Oviedo se mantenga, han saludado el gesto pero insisten en la prolongación de la ley de protección patrimonial. Sin embargo en privado el grupo Oviedo plantea no tener problema con una fórmula como la que ha adelantado García hace unos días.
Las declaraciones de García también buscan terminar de frenar que se prolongue una protección empresarial a los Oviedo y otras azucareras que había venido acumulando declaraciones de políticos y votos parlamentarios, hasta ayer incluso los del Apra. Pero ahora el clima definitivamente ha cambiado.
Jorge del Castillo, quien en cierto modo lideró la lucha por la prolongación, se declara a favor del planteamiento de García. Más aun, plantea que este no precisa una nueva ley, sino una simple orden a Proinversión (los promotores de una venta en bolsa) para que proceda a poner en marcha el mecanismo de compensación acciones por beneficios sociales.
Para los Oviedo la fórmula García significa una pérdida de terreno. Pero probablemente la ven como un freno a la avalancha de medidas tributarias y judiciales que desde hace un mes contribuye a paralizar las actividades de las dos agroindustriales. La resistencia de los sindicatos a recibir acciones del Estado es menos explicable.
Sin embargo hay algunos aspectos que todavía necesitan ser clarificados. ¿Los trabajadores nuevamente empoderados con acciones pierden la actual protección frente a las grandes deudas azucareras? ¿Las acciones que ahora cambian de manos tendrán alguna limitación, como de plazos o destinos, respecto de ser vendidas en el mercado?
Está claro que para que esas acciones les rindan a sus propietarios y acrecienten, o por lo menos mantengan, su valor es indispensable una buena marcha administrativa de las empresas. Esto se logró en parte con el mecanismo de protección. Si hay buenos argumentos para eliminarlo o reducirlo, es indispensable encontrar un reemplazo convincente.
Fuente: Editorial Diario La República
Martes 15 de Febrero de 2011
