viernes, 26 de noviembre de 2010

Llegó el año de Hidalgo

Que el presidente García no tiene intención alguna de permitir que ningún traspié empañe el final de su gobierno está más que claro. La rapidez con la que despachó a Barrios del Ministerio del Interior ha sido una señal de que no se va a arriesgar por nadie y que se desmarcará en el acto de cualquier compañero que cause un escándalo.

Evidentemente, su intención de retornar al poder en 2016 requiere necesariamente dejar a la población un buen recuerdo, parte fundamental del cual será el grado de cuestionamiento que exista al final de su mandato.

Cabe resaltar que con el episodio de los 'petroaudios’, la popularidad presidencial cayó al punto más bajo en estos cuatro años; por tanto, Alan García es muy consciente del daño que le puede causar a su nivel de aprobación en la población cualquier acusación de corrupción. Por ello, creo que haría bien en preocuparse por mantener controlados a sus compañeros no solo en el Ejecutivo sino también en el Congreso.

Por ejemplo, lo ocurrido anoche ha sido un verdadero escándalo. La bancada aprista abiertamente tratando de forzar la aprobación de una ley mercantilista que tiene nombre propio y beneficia a solo un grupo empresarial –que son los reyes del cabildeo en el Congreso– y que está estrechamente ligado a sus más importantes parlamentarios.

Más aun, a fin de otorgarle un beneficio indebido a sus allegados, los congresistas apristas están legalizando el 'perro muerto’ –tan ligado en la memoria colectiva al García de su primer mandato– dándole un manto de protección legal a quien no la necesita, evitando la cobranza de todo acreedor privado. ¿Qué habrán recibido a cambio los promotores de ese lucrativo 'mamarracho’? Quién sabe, aunque inevitablemente algún día saldrá a flote y se conocerán los entretelones.

En realidad, siempre existió el temor de que ocurriera en los últimos meses de gestión un desbande a lo PRI mexicano, que al final de cada gobierno y antes de que todos los funcionarios fueran reemplazados, efectuaban un saqueo del Estado al cual llamaban el Año de Hidalgo –no en honor al flamante ministro del Interior sino por la arenga que daban: “C… su madre al que deja algo”–. Así que asumimos que el jefe de Estado se desmarcará de sus correligionarios, observando los proyectos que sean cuestionados, antes que la estela de escándalos que estos dejen le impida retornar para un tercer mandato.
 
Opinión | Vie. 26 nov '10 Diario Peru21

Llegó el año de Hidalgo, Autor: Fritz Du Bois

Congresistas afirman que beneficio a azucareras protege a trabajadores


El congresista Mario Alegría Pastor aseguró que la propuesta de ley que extiende la protección patrimonial sobre las empresas azucareras en las que el Estado aún es accionista no busca favorecer al Grupo Oviedo ni a ningún grupo económico. Por el contrario, el parlamentario remarcó que dicha norma solo busca “defender a los trabajadores para que se les pague sus beneficios sociales y darles a éstos la prioridad de venta de las acciones de las referidas empresas”.

“Esos fueron los únicos objetivos que motivaron la presentación de este proyecto”, aseveró el legislador aprista, quien también es miembro de la Comisión Agraria del Congreso.

El Estado tiene acciones en las empresas azucareras Pomalca (32.88%), Tumán (7.22%) y Cayaltí (23.53%), y las dos primeras son manejadas por el Grupo Oviedo. La norma, que será debatida en el próximo Pleno del Congreso, protege a estas empresas de la ejecución de medidas cautelares y procesos por deudas de impuestos.

Alegría remarcó, además, que en el Congreso hay dos dictámenes al respecto: Una en la Comisión Agraria y otra en la de Economía. “En ambos grupos de trabajo se expusieron los objetivos de este proyecto y en ambos se aprobó por unanimidad. Es decir, no fue aprobada por mí, ni por la bancada aprista, sino por las diferentes fuerzas políticas del Legislativo”, manifestó.

QUIEBRA SEGURA 
Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía del Legislativo, Rafael Yamashiro, coincidió con Alegría al señalar que dicho proyecto busca proteger a los trabajadores, pero, además, el patrimonio que tiene el Estado dentro de estas empresas.

“Sin este mecanismo de protección, que rige desde el año 2003, estas empresas estarían condenadas a la quiebra. Entonces, ¿quiénes perderían? El Estado y los trabajadores”, remarcó tras señalar que las empresas azucareras se han vuelto dependientes de dicho mecanismo.

Fuente: http://www.diario16.com.pe/noticia.php?id=407
POR LEY OVIEDO. VITOCHO DENUNCIA LOBBY

Bronca en el pleno

Diario Correo Perú, Viernes 26 de Noviembre del 2010

LIMA | Todo transcurría con normalidad en la sesión vespertina del pleno del Congreso, hasta que el presidente de dicho poder del Estado decidió poner fin al debate de la Ley de Presupuesto para el próximo año y someter a discusión el proyecto de ley para ampliar por un año más la protección patrimonial a las empresas azucareras.

Fue en ese momento que los ánimos se caldearon. El congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, conocido también como Vitocho, criticó que se deje de lado la ley más importante del año "por un lobby".

En ese sentido, denunció la existencia de una "bancada parlamentaria Oviedo", que -según dijo- promueve el cuestionado proyecto de ley.

Así, diferentes parlamentarios le exigieron a García Belaunde que dé nombres, a lo que éste respondió sin reparos: "Bueno, acá atrás hay uno", señalando al congresista nacionalista Santos Carpio, a quien -en entrevista con RPP- acusó de trabajar para el Grupo Oviedo.

Carpio se levantó de su escaño y le pidió, airado, que retire la acusación, a lo que García Belaunde accedió. "Sin embargo, luego me acusó de ser un loquito que vendía a mi mujer y demás cosas que no venían al caso, tras lo cual la sesión se levantó", declaró Vitocho a Correo.

Pero la cosa no quedó allí. García Belaunde advirtió que presentaría una moción de censura contra el presidente del Congreso, César Zumaeta, por considerar "vergonzoso" levantar el debate de la Ley de Presupuesto por un lobby que "solamente favorece a un grupo familiar".

No obstante, luego de un receso, las aguas retornaron a su nivel y el debate presupuestal siguió su curso.

MAURICIO OTTINIANO

SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, NO SE PUEDE AMPLIAR EL BENEFICIO

Protección a azucareras es nula

Diario Correo Perú, Martes 23 de Noviembre del 2010


Dato
El TC se pronunció en el 2008 sobre la constitucionalidad de las normas de protección patrimonial expedidas a partir de la Ley 28288. Dicho fallo fue dado antes de la Ley 29299.
LIMA | La pretensión de algunos congresistas de ampliar el Régimen de Protección Patrimonial a las empresas azucareras donde el Estado mantiene acciones caería en saco roto, pues existe un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que la declararía nula.

Según pudo conocer Correo, la resolución del TC establece que dicho régimen (protección patrimonial) viola el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, contemplado en el artículo 139 de la Constitución. Es decir, el derecho que tiene toda persona a recurrir al Poder Judicial y lograr que se le otorgue una indemnización. Además, agrega el TC, este régimen viola el derecho a la propiedad privada.

La propuesta que está por debatirse en el pleno del Congreso plantea que las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí no puedan ser embargadas ni siquiera por deudas con la Sunat.

No pasa. Pero la resolución del TC va más allá y sostiene que si el plazo se extendiera (como buscan en el Parlamento), la nueva norma resultaría nula por ser una medida absolutamente innecesaria.

"Está probado que las prórrogas no son eficaces y una nueva ampliación burlaría el trabajo del TC", agrega el fallo.

Según denunció el congresista Víctor Andrés García Belaunde, el proyecto que impulsa el aprista Mario Alegría busca beneficiar de manera directa al Grupo Oviedo, que le debe al Estado más de $800 millones.

jueves, 18 de noviembre de 2010

Congreso verificará azucareras

La presidenta de la Comisión Especial de Proinversión, Luisa María Cuculiza, señaló que verificará in situ la situación de las empresas azucareras de Pomalca, Tumán y Cayaltí, ubicadas en la región Lambayeque.

Asimismo, adelantó que solicitará que se investiguen en la empresa azucarera de Cayaltí las razones por las que una deuda de siete millones de soles se habría convertido en 72 millones.
Cuculiza culpó de ello a Cofide. “Esto debe investigarse para deslindar responsabilidades”, advirtió la legisladora fujimorista.
Estas declaraciones las realizó luego de escuchar a los representantes de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y de las respectivas empresas azucareras.

Los informes difieren 

Mientras Jorge León Ballén, director ejecutivo de Preinversión, indicó que según el cronograma de pagos entregado por las empresas azucareras Pomalca y Tumán, esperan pagar sus deudas hasta el año 2032 y Cayaltí hasta el 2030.
Antonio Becerril, gerente general de Pomalca, aseguró que el pago de remuneraciones de los trabajadores de Pomalca se cumple en un 100%, incluido los beneficios sociales. “Este año se ha pagado más de 18 millones de soles, de deudas antiguas, por ese concepto”, aseguró.
León Ballén aseguró que las acciones que tiene el Estado en las empresas azucareras es producto de la capitalización de las deudas por concepto de seguro social, ONP y Sunat. 
“Su participación es minoritaria y el Estado tiene la necesidad de convertirlas en efectivo para pagar esas deudas”, dijo el funcionario.
En Pomalca el Estado tiene un 32:88%, en Tumán 7.22% y en Cayaltí 23.53% de acciones.  Respecto a la venta de esas acciones, el funcionario garantizó que los trabajadores tendrán un trato preferencial.
Por su parte, Becerril aseguró que gracias a la ley de Protección Patrimonial aprobada por el Congreso, en Pomalca se ha alcanzado logros importantes tanto en materia de producción, económica como social. 
Se ha sembrado 8 mil 219 hectáreas de caña nueva y se proyectó la siembra de 700 hectáreas adicionales para la actual campaña 2010-2011. Asimismo, al año 2010 se ha renovado más de un 95% del área total disponible para cultivo de caña.
Asimismo, las ventas acumuladas son de 558 millones de soles y se ha pagado impuestos por 45 millones 600 mil soles, durante el periodo 2004 a 2010.
Agregó que gracias a la reactivación del aparato productivo se estima un crecimiento en las ventas de 500% en el año 2010 respecto al año 2004.
Publicado por Diario La República

Multaron a tres azucareras con S/.341 mil

La Conasev sancionó a Pomalca, Tumán y Cayaltí por no entregar oportunamente información sobre sus estados financieros.



En falta. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) aplicó multas por un total de S/.341,000 a las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí por no entregar oportunamente información sobre sus estados financieros.
De acuerdo con la ley que les otorga la protección de su patrimonio contra embargos, estas empresas deben presentar al organismo supervisor sus reportes financieros, de los años 2003 a 2009.
En ese contexto, Proinversión advirtió que solo Cayaltí ha cumplido con alcanzar la información requerida para llevar a cabo la venta de las acciones del Estado en las ex cooperativas.
El último miércoles en el Congreso, el gerente general de Pomalca, Antonio Becerril, afirmó que su representada no está en la obligación de entregar información a la agencia estatal.
Al respecto, Mario Hernández, jefe de Asuntos Azucareros de Proinversión, advirtió que la información publicada en la Conasev no es suficiente para hacer un análisis económico y financiero sobre la venta de las acciones.
El funcionario detalló que se requiere conocer la estructura de los contratos, el estado de los juicios, las competencias legales y tributarias y sus multas.
Por otro lado, en la agenda del Pleno del Congreso de hoy no ha sido incluido el proyecto de ley que extiende por un año más el escudo legal que cubre el patrimonio de las ex cooperativas y suspende la venta de las acciones del Estado. El presidente de la comisión, Rafael Yamashiro, confirmó que el tema no se ha priorizado. Sin embargo, no descartó que un sector de la bancada aprista intente debatirlo.
A INDECOPI. Sobre este tema, el congresista Víctor Andrés García Belaunde planteó que las deudas de Pomalca, Tumán y Cayaltí se conviertan en acciones (capitalizadas), bajo el sistema concursal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El parlamentario cuestionó la gestión del Grupo Oviedo en Pomalca y Tumán, quien a su entender sería el principal beneficiado con la prórroga de la protección patrimonial.

Publicado por Diario Peru21
18 de Noviembre de 2010

miércoles, 17 de noviembre de 2010

"Azucareras no pueden estar en manos del GR"

 Cardoso Montoya señaló que los congresistas están en la obligación de informar cuales son los resultados de Ley Patrimonial para saber si ha traído beneficios o no, para así tener la justificación de que haya sido aplazado un año más

LAMBAYEQUE | CHICLAYO. Ante la propuesta apepista de presentar un proyecto de ley para que las acciones que tiene el Estado en las empresas azucareras sean administradas por el Gobierno Regional, el ex gerente general del GR, Marco Cardoso Montoya, señaló que un planteamiento de esta naturaleza significa desconocer el manejo administrativo que se da a las propiedades estatales, pues esta función es competencia del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

ERROR. "Es un error esta propuesta porque no es competencia del Gobierno Regional administrar acciones del Estado.

Quien se encarga de esta función es el Fonafe y ellos son quienes ponen a los miembros del directorio", refirió Cardoso Montoya, acotando además que la entidad regional lo único que podría hacer es dar una opinión sobre qué representantes podría tener este directorio.

CUENTAS. Finalmente, Marco Cardoso habló sobre la ampliación por un año más de la Ley de Protección Patrimonial y dijo que esto es un error porque se debió dar por terminada a fines de este año, a fin de hacer un saneamiento económico financiero para saber si los socios de estas empresas han cumplido o no con saldar las deudas que tienen con el Estado, con los trabajadores y con los acreedores.

Publicado por Diario Correo Perú
17 de Noviembre del 2010

lunes, 15 de noviembre de 2010

Procesos de venta de acciones en azucareras contra la Constitución

Por Alejandro Zevallos Gonzales*
Lo cierto es que, la venta de las acciones de El Estado en las tres últimas empresas azucareras, en las que  aún mantiene participación accionaria, viene postergándose desde el año 2004, porque el Congreso, en lugar de legislar para la culminación de dicho proceso, ha venido otorgando prórroga a un Régimen de Protección Patrimonial exclusivo y especial, que solo ha convertido en un aliciente más para el deterioro de la economía de dos empresas chiclayanas : Pomalca y Tumán hoy en manos de los comerciantes Oviedo.

Manipulaciones y violación de leyes y la Constitución:
El art. 4 de la Ley 28027, con el tiempo, ha tenido vida propia y se ha convertido en una "Ley de Protección Patrimonial de las azucareras". Aclaremos: la Ley 28027 y por ende, su art. 4º, no es aplicable a toda la industria azucarera, solo es aplicable a las tres empresas azucareras acogidas a los efectos de la Ley. Ahí, observamos el primer cuestionamiento, desde el año 2004 (fecha en que comienza las sucesivas prórrogas) se ha venido legislando en favor de sólo tres empresas (son 12 azucareras). Esta legislación especial es INCONSTITUCIONAL.

El argumento, era que El Estado puede proteger sus intereses, con una Ley Especial (apreciación errada del Tribunal Constitucional) que demuestra total desconocimiento del proceso de participación accionaria de El Estado en las azucareras de todo el País y la venta de las mismas, para favorecer el ingreso de inversionistas privados que logren un verdadero reflotamiento de TODA industria azucarera.
LOS ANTECEDENTES PARA UNA MEJOR COMPRENSION:
Hasta 1995, existían las Cooperativas Agrarias Azucareras; quiénes, por su pésima administración, a cargo de sus propios trabajadores, reportaban caos económico e incrementaban sus deudas con El Estado y sus socios trabajadores (Cts.).
En el Gobierno de Fujimori, se dictó el D. Leg. N.º 802, a fin de lograr el saneamiento económico de las cooperativas, con la condición de convertirse en sociedades anónimas y entregar acciones al Estado y a sus socios trabajadores, a cambio de la deuda tributaria y deuda laboral. De esta forma, las ex cooperativas azucareras, se convirtieron en Sociedades Anónimas resultando el Estado y los socios trabajadores, en accionistas. Luego de convertirse en Sociedades Anónimas, El estado, promovió la venta de su participación accionaria en las nuevas sociedades anónimas, logrando transferir la administración de las mismas a inversionistas privados, que han reflotado sus economías y vienen arrojando, incluso utilidades. Se cumplió la finalidad del D. Leg. Nº 802. Salvo en las empresas chiclayanas: Pomalca, Tumán y Cayaltí.
Al 2003 (año en que se promulga la Ley 28027) las tres empresas chiclayanas, nuevamente reportaban pérdidas millonarias y deudas al Estado, a sus trabajadores  y a las AFP. Por ello es que, se promulga la Ley 28027, parecida al D.Leg. Nº 802, con el fin de sanear la economía de estas tres empresas, canjear  la deuda tributaria por acciones; con ello, se pretendía, mejorar la oferta de acciones de El Estado, para garantizar, al nuevo inversionista, el control de las azucareras.
Por todo el proceso y para que el nuevo inversionista, equilibre la economía de la empresa adquirida, se otorgó un Régimen de Protección Patrimonial de 12 meses. Por efectos de la Ley 28027, culminaron la capitalización de la deuda tributaria: Cayaltí y Pomalca. Como Tumán no había cumplido con el procedimiento, se le otorgó un nuevo plazo, promulgándose la Ley 28207 (año 2004), prorrogándose el Régimen de Protección Patrimonial (art. 4 de la Ley 28027) por 9 meses más.

Habiendo concluido el proceso de capitalización de la deuda tributaria, PRO INVERSION debió proceder a la venta de las acciones de El Estado, en Cayaltí y Pomalca; sin embargo, ninguna de las tres empresas azucareras, reportaban sus estados financieros a CONASEV, lo que impedía concluir el proceso de Venta de las acciones. Pese a ello, en el 2006, el nuevo  Congreso con mayoría Aprista, en lugar de legislar por la conclusión del proceso, se limita a prorrogar  la vigencia del art. 4 de la Ley 28027 , mediante Leyes 28885 y 29299 ( cada una con una vigencia de 2 años) cuya vigencia se vence el 31 de diciembre de 2010.
La única innovación coherente con la Ley 28027, fue la implementada en la Ley 29299, en la que se obliga a las tres empresas, a presentar sus estados financieros en la CONASEV, con ello, se logra visualizar su real estado económico. Según la página web de la CONASEV, Tumán y Pomalca, no han aprovechado los 7 años de Protección Patrimonial y por el contrario, vienen arrojando pérdidas millonarias y un mayor endeudamiento por concepto de Tributos (SUNAT) y aportes a ONP, ESSALUD, AFP y no han pagado CTS a sus  trabajadores, ni sus deudas a terceros.
PRO INVERSION, para vender, requiere, no solo la información financiera de CONASEV, también requiere hacer un DUE DILINGENCE en ambas empresas; sin embargo el GRUPO OVIEDO, que administra ambas empresas, se niega a proporcionar dicha información; porque ello supondría facilitar la venta de las acciones de El Estado, el ingreso de un nuevo inverionista y la pérdida del control de ambas empresa, que le reportan millonarios ingresos mensuales.
 
Oviedo,sin ser accionista mayoritario, controla ambas empresas chiclayanas gracias  a una medida cautelar otorgada por el poder judicial (caso Tumán) y gracias a la desidia de El Estado, que ha entregado la administración de Pomalca a un accionista minoritario (Oviedo) pese a tener mayoría accionaria (El Estado tiene más del 32% de acciones en Pomalca).
La Venta de las acciones de El Estado, viene dilatándose
, utilizando varios pretexto: primero se decía que los trabajadores  tenían derecho a comprar las acciones  y ahora se dice que no hay información suficiente, para valorizar el precio de las acciones. Ambas situaciones, no se dan , por ejemplo en CAYALTI, ya que dicha empresa , administrada por un FIDEICOMISO  a cargo de COFIDE, tiene saneada su economía, no tiene endeudamientos que hagan peligrar la avalancha de embargos (según Jorge Del Castillo) y fácilmente se puede vender la participación accionaria de El Estado. Con respecto al supuesto interés de los trabajadores, para la adquisición de acciones. Nadie puede imaginarse que éste, sea el interés prioritario de un trabajador, a quién se le debe CTS, AFP, ESSALUD, ONP. Lo cierto es que es un movimiento generado por el propio Edwin Oviedo, para poner trabas a la culminación de la transferencia de las acciones de El Estado. Postergar la venta de las acciones de El Estado, solo favorece a Oviedo, porque  evita que pierda el control de Tumán y Pomalca.
Lo correcto es que El Congreso se dedique a legislar de una vez por todas, para la culminación del proceso de venta de acciones. Para ello, debe dotar de las normas legales pertinentes a Pro Inversión, para que  tenga la capacidad suficiente de obligar a Tumán y Pomalca  a entregar la información para el DUE DILINGENCE. No puede seguir prorrogando el Régimen de Protección Patrimonial, sin poner condiciones, porque no se protege al nuevo inversionista, sino a las actuales administraciones ineficientes, que no han logrado arrojar utilidades, pese a la descomunal alza del precio del azúcar.
No se puede postergar la venta de las acciones de El Estado en CAYALTI, porque con una Ley no se va a poner precios al valor de las acciones. Esto lo decidirá el Mercado; porque la Oferta es pública. No hay que dejarse engañar, el verdadero interesado en postergar la venta es Oviedo.
Por todo lo expuesto creemos los auténticos azucareros que defienden su terruño, tierra que los vio nacer y forjarse en ellas, que   los “faenones” siguen en el Congreso. Contra viento y marea, el APRA con Jorge del Castillo, a la cabeza impulsa la propuesta de suspender la venta de las acciones y Abugattás, hace otro tanto, pero en el fondo lo que pretenden es alargar el plazo para que Oviedo se mantenga en el control de ambas empresas.
 Está por demás decirlo que detrás de estos intereses del Apra y algunos Nacionalistas, y ciertos del PPC. como Franco Carpio que tiene negocios de transporte de caña con los Oviedo y el otro Fujimorista Aguinaga, que muele cañas de azúcar en los ingenios azucareros y dicen que no le cobran nada, ellos tienen la imperiosa necesidad urgente de seguir manteniendo al grupo Oviedo en poder de Tumán y Pomalca porque..? los necesitan para financiar las campañas de los congresistas que se alinean en votar a favor de este tipo de leyes...Y Del Castillo, Velásquez, Alegría, Carpio, Abugattás, Huertas, etc....
Ya consiguieron, a pesar del fuerte rechazo la población y los medios de comunicación, que la Comisión de Economía le dé el pase a este corrupto proyecto de Ley 4363 presentado y aprobado por Alegría, en la Comisión Agraria...

*Presidente del Comité de Trabajadores de Tumán y anexos

Azucareras a la deriva

LAMBAYEQUE | A mi llegada a Lambayeque, rápidamente me di cuenta que esta región tenía una interesante y envidiable mediana empresa; no obstante, es evidente una ausencia de la gran manufacturera.

Un ejemplo de esto, es que Lambayeque no tiene minería como sí la disfrutan regiones como Áncash, Cajamarca y otras. Tampoco tiene petróleo como Piura, o gas como las regiones del sur y del oriente.

Se sabe que en unos, pocos o muchos años, se tendrá recién agroexportadoras bien consolidadas con el proyecto Olmos, y se podrá hablar de gran empresa, pero ahora no las hay. Así de simple y a esperar nomás.

Algunos despistados por ahí saldrán a decir que las azucareras de Tumán, Pomalca y Cayaltí son la gran empresa de Lambayeque, lo cual es risible, porque hasta ahora ni siquiera están bien formalizadas.

La explicación de por qué las azucareras lambayecanas no son consideradas grandes empresas es porque hasta ahora ni siquiera están en manos de uno o varios postores de manera formal. Y es que el Estado sigue, sigue, sigue, sigue y sigue alargando la venta de las mismas, las cuales podrán quedar en manos de los trabajadores, el Grupo Oviedo, el Grupo Gloria, Laredo de Trujillo, u otros; siempre y cuando cuenten con el dinero y las obligaciones o compromisos de inversión.

Es más que evidente que el Grupo Oviedo está detrás del proyecto de ley presentado por el parlamentario Jorge Del Castillo ante la Comisión de Economía del Congreso, quien pone un tope de venta de las acciones de las azucareras lambayecanas, incluidas Casa Grande de La Libertad, pero recién hasta diciembre del 2011.

Obviamente, en el Grupo Oviedo están contentos porque ahora la ley les deja en sus manos más tiempo dichas empresas; sin embargo, intereses aparte, la pregunta puntual es ¿qué se quiere para la región? Y estoy seguro que Lambayeque no quiere que siga esta informalidad, a pesar que muchos asalariados digan lo contrario.

Justamente, ayer en la CADE (Conferencia Anual de Ejecutivo) se hablaba de lo perjudicial que es la informalidad para los peruanos y el Estado. Y es que mientras se continúe alargando la venta de las azucareras, se seguirá caminando a la deriva y las deudas, confirmadas por Proinversión, seguirán creciendo por millones de soles.

Un ejemplo claro que las empresas informales no pueden ser consideradas serias fue y es Panamericana Televisión, quien desde hace años sigue sin tener un dueño fijo.

Miren, cuando Delgado Parker ingresó a la administración, todo el dinero que ingresaba a las arcas del canal iba a sus bolsillos, simplemente porque tercerizó los pagos.

Tras su salida, le preguntaron por qué jamás pagó las deudas de la entidad ni a sus trabajadores, y éste dijo que mientras la ley no lo reconozca como dueño oficial, él no tenía la obligación de invertir o pagar porque corría el riesgo que le quiten dicha propiedad.

Lo mismo ocurre en empresas que aún no tienen dueños formales, siguen a la deriva y no se hacen responsables de los compromisos económicos, perdiendo así los trabajadores y la región.

La Columna de Editor por Rolando Alburqueque
Publicado el 15 de Noviembre de 2010, Diario Correo Perù

Trabajadores azucareros deben recibir acciones

CONSIDERA QUE SE LES CONFISCÓ VIL Y CRUELMENTE SUS BIENES

LAMBAYEQUE | CHICLAYO. El congresista fujimorista, Alejandro Aguinaga Recuenco, se mostró en contra de la Ley de Protección Patrimonial y consideró que algunos derechos de los trabajadores de las azucareras (Pomalca, Tumán y Cayaltí) "fueron violados de alguna manera", puesto que prácticamente lo que se hizo fue confiscarle sus bienes, por ello se muestra a favor en que los trabajadores reciban las acciones del Estado en forma de pago.

LEY CON CONTRADICCIONES.

El parlamentario de las filas de Fuerza 2011 dijo que existe una serie de contradicciones en la Ley de Protección Patrimonial, puesto que si bien es cierto esta norma permite vender al Estado las acciones, por otro lado dijo "hay que tomar en cuenta que no se ha pagado nada a los verdaderos acreedores que son los trabajadores azucareros antes de la reforma agraria".

DEUDAS. Aguinaga Recuenco refirió que la solución no está en aplazar la venta de las acciones, sino en cumplir con el pago de los tributos y parte de la CTS que se tiene con los trabajadores, además considera necesario la presentación de los estados financieros de cada empresa agroindustrial, a fin de evitar que deudas anteriores de más de 10 años perjudiquen la estabilidad de las azucareras.

Finalmente, reconoció que es necesario pagarles a los trabajadores azucareros que han sido despojados de sus bienes de la manera más vil y cruel.

Diario Correo Peru, Domingo 14 de Noviembre de 2010

viernes, 12 de noviembre de 2010

El mercantilismo en los tiempos del cólera

Opinión | Vie. 12 nov '10

Autor: Fritz Du Bois


Para los políticos un período electoral debe de generar la misma ansiedad que una epidemia de cólera para cualquier otro mortal, si se contagian de impopularidad el drenaje del apoyo electoral les puede causar la muerte en la política de manera terminal.

Es por ello que se desesperan y buscan ganarse la simpatía de sus electores como sea. De esa forma aparecen leyes populistas. Pero la desesperación también los lleva a buscar fondos de cualquier manera para financiar su campaña electoral y una forma rápida para que los parlamentarios logren recursos es a través de propuestas mercantilistas, cuyos beneficiarios agradecidos por el servicio prestado aportan a los candidatos.

Así tenemos, por ejemplo, que la ley de protección patrimonial a un solo grupo empresarial, que administra dos complejos azucareros, es el más escandaloso caso de mercantilismo con nombre propio que hemos presenciado en muchos años.

Más aun, en esta ocasión parece que los interesados se descuidaron por lo que tuvieron que hacer un apurado lobby parlamentario. Mientras que los promotores de la ley se vieron obligados a arrear compañeros para lograr el quórum necesario. A pesar que tuvieron que correr, al final lo lograron y el proyecto va camino al Pleno donde, sin duda, será aprobado.

Ello a pesar de que el sector azucarero no requiere de ningún apoyo especial, ya que es como cualquier otro, en él existen empresas eficientes que tienen ganancias con las cuales pagan sus deudas y salarios sin tener que pedirle nada al Estado. Incluso, el grupo al que intentan beneficiar tiene, evidentemente, liquidez demostrada no solo por la gran cantidad de amigos políticos con los que cuenta sino también porque pagan el costoso equipo de fútbol que tienen tratando de llegar a la final del campeonato descentralizado.

Por tanto, no entendemos la justificación para ese tratamiento distorsionante e inmoral. Excepto, claro está, que para ese grupo empresarial la ley en cuestión es espectacularmente rentable, ya que no le pagan a los acreedores y encima como, tampoco se venden las acciones del Estado, se han adueñado, en la práctica, de empresas que valen no menos de 100 millones de dólares, sin haberlas comprado. Un verdadero negocio redondo que compartirán, estoy seguro, con sus amigos tan preocupados en protegerlos de la injusticia de pagar sus deudas y competir en el mercado.

Fuente: Diario Peru21
Viernes 12 de Noviembre de 2010

El 31 de diciembre del 2011

FIJAN FECHA LÍMITE PARA LA VENTA DE CASAGRANDE TUMÁN POMALCA Y CAYALTÍ


Listo para ser debatido en las próximas horas por el Pleno del Congreso quedó el dictamen del proyecto de ley que propone fijar indefectiblemente al 31 de diciembre del 2011 como plazo para que se concluya con el proceso de transferencia de la participación accionaria del Estado en las empresas agrarias azucareras de Casa Grande, Tumán, Pomalca y Cayaltí. Fue luego de ser aprobado, por unanimidad, por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

La aprobación del importante instrumento legal fue posible por la presentación de un texto sustitutorio por parte del congresista Jorge del Castillo (PAP), que además precisa que el último día del próximo año concluye el régimen de protección patrimonial de las empresas azucareras.

A propuesta del representante Daniel Abugattás (GPN) se incluyó en el texto la presencia de “un veedor” de la SUNAT para que verifique las operaciones que realice el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Del Castillo, al sustentar el proyecto sustitutorio, sostuvo que es la mejor fórmula para viabilizar el régimen de las empresas azucareras y velar por los beneficios sociales de los trabajadores.

Mario Alegría Pastor (PAP), autor del proyecto original, subrayó que presentó dicha iniciativa teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan los trabajadores y sus familias, así como también las experiencias que se ha tenido con las ventas anteriores de las nueve empresas azucareras.

En la sesión de hoy jueves 11 de la Comisión de Economía, que estuvo presidida por el congresista Carlos Cánepa La Cotera (UPP), también se aprobó el dictamen del proyecto de ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial, que contó con el apoyo del ministro de la Producción, Jorge Villasante Araníbar, quien en un momento de su disertación remarcó que este dispositivo beneficiará a los proveedores y servicios y, principalmente, a más de 680 mil micro y pequeñas empresas.

Se dejó, igualmente, al voto el dictamen del proyecto de ley que propone el fomento al comercio exterior de servicios. Esta iniciativa legislativa fue respaldada por el viceministro de Comercio Exterior, Carlos Posada Ugaz, quien subrayó que ya era tiempo de que el Perú ingrese en la modernidad del comercio mundial de servicios.

Servicio de Prensa

OFICINA DE COMUNICACIONES CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU
Viernes, 12 de Noviembre de 2010

Sigue alargue de venta de azucareras

POMALCA, TUMÁN Y CAYALTÍ SE VAN AL 2011

Políticos locales como el líder del Partido Humanista, Yehude Simon Munaro, y el parlamentario Martín Rivas Texeira, se han opuesto en varios oportunidades a que el Estado siga aplazando la venta de las acciones al sector privado.



LAMBAYEQUE | La Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que establece el 31 de diciembre del 2011 como plazo máximo para la puesta en venta de las acciones del Estado de las empresas azucareras al sector privado.

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad dentro de la mencionada Comisión congresal y también comprende a la empresa azucarera Casa Grande de La Libertad. Con esto, las azucareras antes mencionadas podrían seguir en manos del Grupo Oviedo hasta fines del 2011, justo cuando se suponía que las acciones de la empresa Cayaltí serían puestas en subasta por el Estado este 20 de diciembre.

AL PLENO. El mencionado proyecto quedó listo para ser debatido en el Pleno del Congreso en los próximos días, tras ser ingresado en agenda.

A su vez, el parlamentario aprista Jorge Del Castillo ingresó un texto sustitutorio dentro de la norma donde se señala que el último día del próximo año concluye el Régimen de Protección Patrimonial de las empresas azucareras.

El supuesto objetivo del acuerdo es "beneficiar a los acreedores de las empresas azucareras, principalmente, a sus trabajadores, para que estos últimos puedan tener la mayor acreencia y participar en los procesos de venta de acciones, en virtud del derecho preferente otorgado por las leyes", según señala el texto del Proyecto de Ley N° 4363/2010- CR.

NO ESTÁ INVOLUCRADO. Para finalizar, vale recordar que actualmente las empresas azucareras son manejadas por el Grupo Oviedo, a cargo de Edwind Oviedo, quien hace poco dijo no estar detrás de los nuevos aplazamientos de ventas de las acciones del Estado.

Publicado por Diario Correo
Viernes 12 de Noviembre de 2010

jueves, 11 de noviembre de 2010

Estado peruano tendría que vender sus acciones en azucareras a más tardar a fines del 2011

Imagen
La Comisión de Economía del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone el 31 de diciembre del 2011 como plazo máximo para que el Estado transfiera sus acciones en las empresas azucareras Casa Grande, Tumán, Pomalca y Cayaltí. De esta manera, el proyecto quedó listo para que sea debatido en el Pleno del Congreso.

El congresista aprista Jorge del Castillo presentó un texto sustitutorio que precisa que el último día del próximo año concluye el régimen de protección patrimonial de las empresas azucareras.

La comisión de Economía también dictaminó el proyecto de ley que promueve el financiamiento mediante facturas comerciales, apoyado por el ministro de la Producción, Jorge Villasante, quien aseguró que el mecanismo beneficiará a más de 680.000 micro y pequeñas empresas

Tomado de Diario el Comercio
Jueves 11 de noviembre de 2010 - 04:53 pm

Piden no se amplíe protección patrimonial

Dicen que afecta a trabajadores de azucareras. Grupo Oviedo rechaza acusación y asegura que fue ProInversión la que solicitó la prórroga.

La ampliación de la ley de protección patrimonial perjudicará a los trabajadores de las azucareras Tumán y Pomalca, según advirtió Alejandro Zevallos,  presidente del Comité de Accionistas y Trabajadores de ambas azucareras.

Dijo que si la Comisión de Economía aprueba esta nueva prórroga, los trabajadores de las azucareras no podrán acudir ante ninguna instancia para reclamar el pago de sus beneficios laborales en caso la actual administración incumpla en otorgarlas. Y responsabilizó al Grupo Oviedo de promover la nueva ampliación dentro del Congreso de la República, para seguir controlando las azucareras.

Al respecto, el Grupo Oviedo rechazó tal acusación y aseguró que  desde hace un año Alejandro Zevallos no es trabajador de la azucarera Tumán. Además, recordó que fue ProInversión la que solicitó la ampliación de la prórroga para que las acciones que venda el Estado tengan mayor valor.


La norma. El régimen de protección patrimonial rige para las empresas que administran las azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria, como es el caso de Cayaltí, Pomalca y Tumán, pero solo estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. La norma, que se busca ampliar, protege a las compañías de sufrir afectaciones por ejecución de medidas cautelares o procesos concursales.

Tomado de
Edición Impresa - La República 11/11/2010
Página 14

Lambayeque: azucareras incumplen normas laborales


Las empresas agroindustriales y los municipios provinciales y distritales son en mayor porcentaje quienes incumplen las normas laborales, señaló el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque, Jorge Rojas Córdova.

El funcionario indicó que las multas impuestas a estas entidades bordean los 2 millones de soles, la misma que se ha convertido en una cartera morosa para la Dirección de Trabajo ya que con la Ley de Protección Patrimonial no se pueden embargar las cuentas de algunas empresas agroindustriales que operan en esta jurisdicción y que incumplen normas laborales.
En el caso de los gobiernos locales la dirección de trabajo realizará operativos para que los burgomaestres que dejan sus cargos cancelen todos los beneficios laborales a los trabajadores que prestaron servicios en estas comunas.
MOROSOS. Añadió que el 40% de los municipios que conforman la región Lambayeque, ha visto embargadas sus cuentas por el incumplimiento de pago de beneficios sociales a sus trabajadores.
“No puedo dar nombres de municipio por que al embargárseles, automáticamente cancelan las deudas que mantienen con los trabajadores y es incomodo señalarlos”, advirtió el funcionario.

Publicado por noticiasnorte.com

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Comunicado: Esta es la Administración de Los Oviedo

Manuel Rimanachi Cascos, Secretario General Tuman
 
 
  • indican que existen pérdidas desde que entró la administración Oviedo, señalan haber perdido S/147'029,000 soles en Tumán y S/94'812,000 en Pomalca cuando los demás si ganan.
  • Cuestionan las bajas utilidades que tienen a pesar del alto precio del azúcar.
  • Muestran resultados que señalan utilidades/pérdidas netas al 31 de diciembre del 2006 para Paramonga de 33,872, Cartavio 35,650, Laredo 55, 483, Casa Grande 59, 124; y Grupo Oviedo con Pomalca -20,870 y Tumán - 42,633.
  •  Utilidades/pérdidas netas al 31 de diciembre del 2007 para Paramonga de 13,673, Cartavio 43,617, Laredo 49,757, Casa Grande 25, 609; y Grupo Oviedo con Pomalca -30,557 y Tumán - 39,932.
  •  Utilidades/pérdidas netas al 31 de diciembre del 2008 para Paramonga de -8,871, Cartavio 24,471, Laredo 14,037, Casa Grande 30,757; y Grupo Oviedo con Pomalca -29,963 y Tumán - 40,358.
  •  Utilidades/pérdidas netas al 31 de diciembre del 2009 para Paramonga de 36,396, Cartavio 56,858, Laredo 29,443, Casa Grande 98,528; y Grupo Oviedo con Pomalca - 13,422 y Tumán - 24,106.
  • Indica que Tumán debe S/455 millones de soles y Pomalca S/514 millones.
  • Cuestionan el aseguramiento de pago de pensiones y CTS a los trabajadores.
  • Invocan a los congresistas a hacer caso a su reclamo.
Tomado de CEPES Portal Rural
Centro de estudios sociales
http://cendoc.cepes.org.pe/olmos/node/1397

martes, 9 de noviembre de 2010

Simon en desacuerdo con Ley de Protección Patrimonial

Sábado, 06 de Noviembre de 2010, 09:30:00 a.m.
CORREO LAMBAYEQUE
Político descarta alguna vinculación con el Grupo Gloria

Simon en desacuerdo con Ley de Protección Patrimonial

CHICLAYO. En desacuerdo con el Congreso de la República por la aprobación de ampliación hasta el mes de marzo del próximo año de la Ley de Protección Patrimonial, se mostró el ex presidente de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, quien indica que muy aparte de afectar a la región, afecta al país, el que ya debe haber empezado a "cosechar".

"Si es que estas empresas (Pomalca y Tumán) siguen bajo esta protección, me pregunto ¿cómo es que el país va a invertir en desarrollo si es que no se pagan tributos? Hay que ver que los afectados también serán los trabajadores", opinó.

DESCONFIANZA. Simon es de la idea que los parlamentarios que presentaron la ampliación de ley (como el legislador Mario Alegría de La Libertad) deben dar una explicación al país. "Aquí hay una explicación que dar al país, así como saber a quién beneficia, en qué beneficia a los trabajadores, jubilados y el país. Otras empresas que estaban en las mismas y hasta peores condiciones que Pomalca y Tumán ya han sido equilibradas y sus acciones están listas para ser vendidas", expresó.

NADA CON GLORIA. El también ex presidente del Consejo de Ministros refiere ser un convencido que las empresas que hay en Lambayeque deberían buscar empresas extranjeras o nacionales, pero que no tengan los mismos nombres, con el objetivo que inviertan. "Muchos dicen que el Grupo Gloria quiere entrar a Lambayeque, y que alguien los está apoyando. De parte nuestra, al menos, no estamos apoyando. Nosotros, como partido Humanista y persona, apoyamos a los trabajadores", sostuvo.

CON OVIEDO. Finalmente, Yehude revela haberse reunido en varias ocasiones con el Grupo Oviedo, y les ha hecho saber que les parece muy bien la inversión privada, pero les ha recalcado "que deben invertir en la empresa y los trabajadores".

Garantizarían traspaso de acciones de empresas azucareras


Garantizarían traspaso de acciones de empresas azucareras
La próxima venta de acciones del Estado en las empresas azucareras sería postergada o debería ampliarse la protección patrimonial de estas unidades empresariales, que el 31 de diciembre del presente año vence una prórroga aprobada el 17 de diciembre del 2008.
Así lo indicó el parlamentario Rafael Yamashiro (UN), quien agregó que dicha ampliación tendría que estar condicionada a solucionar problemas previstas para garantizar una adecuada transferencia de acciones.
El objetivo es mejorar los valores del Estado en virtud de que tendría una mejor protección, sostuvo.
“Hemos llegado a la conclusión de que en la situación actual se abre un espacio de incertidumbre para el valor de las acciones que estarían transfiriéndose a partir del 20 de diciembre, en el sentido de que esta venta podría realizarse a precios muy bajos en virtud de una transferencia a una empresa sin protección, con alto riesgo de ser liquidada”, acotó.
El parlamentario señaló que ha recogido la preocupación de los miembros de su comisión respecto a la vigencia de la protección patrimonial que ha tenido la Ley N° 29299; si ha contribuido a la recuperación de la deuda de los trabajadores; hacer transparente la gestión; y si se ha contribuido a que las empresas puedan ser más eficientes en su gestión.
La actual ley, según el congresista, no contempla este tipo de caso, por lo que la norma debería comprender todas las especificaciones necesarias.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Ministro de Agricultura exhorta a azucareras a entregar información

Plazo. Minag respalda extensión de protección patrimonial para las azucareras. Oviedo desmiente estar detrás de extensión de protección patrimonial para azucareras.

Mientras las azucareras Pomalca y Tumán –administradas por el Grupo Oviedo– no entreguen la información necesaria para que Proinversión fije el precio de venta de las acciones que el Estado mantiene en estas ex cooperativas, seguirá sin definirse la fecha de la venta, indicó ayer el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo.

Por ello, el titular del Minag exhortó a las gerencias de ambas azucareras que entreguen la información. Asimismo, Quevedo se mostró a favor de la extensión de la protección patrimonial para las acciones de las azucareras, aprobada por la Comisión Agraria del Congreso. “Es un tiempo técnico que me parece saludable. Si es muy temprana la eliminación puede haber problemas con las azucareras”, dijo.

Por su parte, el Grupo Oviedo negó que esté detrás de la aprobación de este proyecto. No obstante, indicó que la protección patrimonial permitió recuperarse económica y socialmente a las azucareras.

El dato

Plazo. La Comisión Agraria puso como plazo el 31 de marzo del 2011 para la venta de acciones, pero algunos parlamentarios quieren suspender el proceso.

Publicado
Edición Impresa - La República 06/11/2010
Página 13

sábado, 6 de noviembre de 2010

ProInversión: sigue adelante venta de acciones de Cayaltí

4 Nov 2010
Jorge León, director ejecutivo de ProInversión
  • informó que se retiró a un asesor de empresa Gloria quien participaba en el grupo de consultores que fijaba precio de acciones de la azucarera Cayaltí..
  • Recientemente los trabajadores de las azucareras denunciaron que entre los analistas de la consultora Deloitte había un asesor de la empresa Gloria, la cual tiene acciones en las azucareras Cartavio, Casa Grande y San Jacinto.
  • El análisis para conducir el proceso de la venta en Cayaltí ha concluido, por lo que el cronograma está vigente, a menos que el Congreso decida prorrogarlo.
  • Recordó que en este proceso de venta también se incluye a las acciones del Estado en las azucareras Tumán y Pomalca.
  • También expresó su temor por el proyecto de ley que amplía los beneficios de la Ley de Patrimonio Azucarero, la cual vence el próximo 31 de diciembre, la cual impide que las azucareras sean afectadas en su patrimonio mediante la ejecución de medidas cautelares.

Minag en contra de seguir protegiendo a las azucareras

3 Nov 2010
Rafael Quevedo, ministro de Agricultura
  • cuestionó el proyecto legislativo que amplía los beneficios de la Ley de Patrimonio Azucarero, pues conideró que de aprobarse, ello puede afectar la venta de acciones del Estado en las azucareras.
  • Dijo sentirse preocupado por esa iniciativa, porque ya está en marcha el proceso para vender las acciones estatales en las azucareras, y eso "puede paralizar o entorpecer este tema de alguna manera".
  • "Sería interesante que en el menor tiempo posible, todas las empresas estén con las mismas reglas de juego a fin de que este sector pueda desarrollarse, mucho más con el potencial que hay con el cultivo de la caña de azúcar", acotó.
  • Pidió levantar el estado de emergencia en el sector azucarero, porque su producción ya es normal. "Hay una producción normal y trabajan a plenitud, por lo que esperamos, a fin de año, una producción de un millón 60 mil toneladas"

viernes, 5 de noviembre de 2010

Lobbys azucareros

DETALLE

Los autores del proyecto de Ley 4363/2010 sostienen que el próximo vencimiento de la protección generaría incertidumbre entre los trabajadores e inversionistas que deseen adquirir las acciones del Estado, pues luego de adquirirlas podrían ser embargadas por los acreedores


“Es una sinvergüenzada”, así calificó el especialista Luis Segovia a la intención del gobierno de prorrogar hasta el 2011 la protección patrimonial a las empresas azucareras. Medida estatal perjudica a trabajadores.

La propuesta legislativa de ampliar al 31 de junio de 2011 la protección patrimonial a las empresas azucareras en las que el Estado posee acciones es una “sinvergüenzada”, opinó en el experto bursátil Luis Segovia.

En opinión de Segovia, el proyecto de Ley 4363/2010 presentado el pasado 20 de Octubre a la Comisión Agraria por el congresista aprista Mario Arturo Alegría Pastor, de ser aprobado, postergará “la transferencia franca” y el saneamiento financiero de los ingenios en cuestión (Pomalca, Tumán y Cayaltí). Estas empresas, según indicó, no han presentado hasta ahora sus estados financieros a la Comisión Nacional Supervisora y de Empresas y Valores (CONASEV).

El estado peruano posee el 32.88% de las acciones de Pomalca, el 7.22% de Tumán y en la empresa Cayaltí su participación alcanza el 23.53%. La propuesta aprista es extender la protección hasta por un año posterior a la transferencia de las acciones del Estado.

La protección patrimonial es un sistema incorporado por la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, y vigente por mandato de la Ley 29299 hasta el 31 de diciembre de 2010, para proteger a las azucareras de todo embargo. Por esta ley, ni siquiera la Sunat o la ONP puede conseguir el embargo de sus bienes.

Segovia explicó que según la protección patrimonial a las empresas azucareras determina que la venta de las acciones del Estado es necesaria para (con ese dinero) saldar las deudas que los ingenios tienen con los trabajadores (en Compensación por Tiempo de Servicios e impagos salariales). Agregó que la ley también establece que si existiera un sobrante (de la recaudación) se cancelarán las deudas con terceros.

“La ley de protección patrimonial impide que las tierras de los trabajadores sean rematadas hasta que se produzca su transferencia a un accionista privado controlador. A medida que van transfiriéndose, la ley las protege de los embargos judiciales existentes”, dijo Segovia a la Agencia Agraria de Noticias.

No obstante, según el broker, “nadie goza de una protección como la que tienen ellos”, señaló en relación con las tres empresas. “Estas empresas ya están dominadas por grupos empresariales en control que usan la política para hacerse los muertos antes los acreedores. Entonces, se hace eterno el tema”, opinó.

Según el experto, el sector azucarero en general está “bien” gracias a los altos precios actuales del producto.

Publicado por Diario La Primera, Viernes 05 de Noviembre de 2010

Más protección a azucareras de Grupo Oviedo

La Comisión Agraria del Congreso aprobó por mayoría la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial, por un año más, proyecto presentado por el legislador aprista Mario Alegría.

Según el presidente del citado grupo de trabajo, Aníbal Huerta (Apra), la norma regularizará la situación económica y administrativa de las azucareras Pomalca y Tumán, con el fin de que sus acciones sean vendidas a un mejor precio.

Sin embargo, Víctor García Belaunde, de Acción Popular, dijo que le parecía “fatal” la aprobación del proyecto porque beneficia directamente al Grupo Oviedo y a algunos congresistas, dejando entrever que estos eran legisladores apristas.
 
Publicado en Diario Perú 21, Viernes 05 de Noviembre de 2010

POLÉMICA POR VENTA DE ACCIONES DEL ESTADO EN EMPRESAS AZUCARERAS

Trabajan proyectos de ley que permitan sincerar información de azucareras

Congresistas de diversas bancadas no están conformes con panorama actual
Al menos dos proyectos de ley se preparan en la Comisión de Economía del Congreso con el fin de garantizar un adecuado flujo de información en el proceso de venta de las acciones del Estado que pertenecen a las empresas azucareras del norte.
Si bien el tema recién se debatirá el próximo lunes en una sesión especial de la comisión, sus miembros ya trabajan algunas propuestas legislativas.
El congresista Daniel Abugattas informó que su propuesta es suspender la venta de las acciones de las empresas azucareras si no se garantiza la transparencia de la información y no se dan facilidades para que los trabajadores, que tienen por lo menos cuatro años sin gozar de todos sus beneficios, puedan participar en el proceso de compra. “Se manejan cifras que no han sido acreditadas por la Conasev. Me comentan que las deudas se han quintuplicado. Es por eso que debería suspenderse la operación hasta que se sepa realmente qué ha ocurrido”, advirtió.
Por su parte, el congresista Rafael Yamashiro confirmó que existen posiciones encontradas en torno a la propuesta de Abugattas, pero sí es clara la preocupación en las distintas bancadas sobre la posibilidad de que la venta se realice sin la cantidad adecuada de postores. Se necesita –dijo– crear las condiciones mínimas de transparencia para transferir acciones y que esto se pueda aplicar a los procesos actuales y dejar sin efecto aquello que no es transparente. Existen rumores –añadió– sobre administraciones que no pagan multas o deudas tributarias, y una serie de faltas que enturbian y distorsionan el ambiente para privatizar que esperan se aclaren antes de concretar la venta.
LAS CIFRAS
60.000
Hectáreas (aprox.) posee el grupo Gloria. Congresistas del Apra temen que alcancen las 90 mil hectáreas si compra más empresas.
US$30 millones
Se estima que podría ofrecer un inversionista privado por las acciones del estado.

Publicado en Diario el Comercio, Viernes 05 de Noviembre de 2010

jueves, 4 de noviembre de 2010

Protección patrimonial para las azucareras se ampliará

SEGÚN APROBÓ LA COMISIÓN AGRARIA
Vence el 31 de diciembre pero se mantendría hasta el 31 de marzo
La Comisión Agraria del Congreso aprobó ayer por unanimidad ampliar la protección patrimonial de las empresas azucareras que cuentan con acciones del Estado hasta el 31 de marzo del 2011. Según el objetivo de esta ampliación de solo tres meses, pues la fecha última es el 31 de diciembre próximo, es facilitar la venta de las acciones por parte de Pro Inversión que estaba programada para este mes.
Al respecto, el director de la mencionada institución de promoción de la inversión privada, Jorge León, comentó ayer que aún no han recibido información económica sobre dos de las empresas en cuestión (Pomalca y Tumán), lo que dificulta la labor de la empresa consultora encargada de realizar los análisis empresariales. Frente a este inconveniente prefirió no ratificar la fecha de venta de las acciones.
La Comisión Agraria, a cargo del legislador Aníbal Huerta, determinó que será más difícil la venta de las mencionadas acciones si vence la protección patrimonial y los acreedores toman el poder de dichas empresas.
Además, el grupo de trabajo acordó que el programa de reconocimiento de obligaciones y el cronograma de pagos presentados por las empresas agrarias azucareras al Indecopi podrán ser reajustados trimestralmente, hasta el 30 de junio del 2011.
En tanto, la Comisión de Economía, a cargo del congresista Rafael Yamashiro Oré (UN), acordó realizar una sesión extraordinaria el lunes para evaluar los instrumentos legales que regulen la venta de las acciones. Además de Pomalca y Tumán, está involucrada en este proceso Cayaltí.

Tomado de
Diario El Comercio, Jueves 4 de Noviembre del 2010

Azucareras se encuentran en stand by

Pomalca y Tumán no entregan información para venta de acciones del Estado.
Podrían suspender subasta hasta transparentar valor de empresas.
Hasta fin de año rige protección patrimonial a ex cooperativas. (USI)
 
No obstante que han sido requeridas en once oportunidades, de manera directa e indirecta, las azucareras Pomalca y Tumán  administradas por el Grupo Oviedo no han entregado la información necesaria para que Proinversión fije el precio de venta de las acciones que el Estado posee en estas ex cooperativas.
El director ejecutivo de la agencia estatal, Jorge León, indicó que solo la empresa Cayaltí ha alcanzado los documentos solicitados y sus acciones se subastarán en diciembre.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Rafael Yamashiro, indicó que este lunes 8 discutirán la suspensión del proceso de venta de la participación del Estado en estas empresas, hasta que se determine de manera transparente el valor de ellas.
Según el parlamentario, con esta demora los accionistas buscan prolongar la protección patrimonial que gozan y que debería concluir en diciembre de este año.
De otro lado, León indicó que en 2010 se concretarán por privatizaciones y concesiones, compromisos de inversión por US$2,500 millones. Para 2011, se espera captar más de US$3,000 millones en inversiones.
 
Publicado en http://www.peru21.pe/ el Jueves 04 de Noviembre de 2010

martes, 2 de noviembre de 2010

"Ya no a más Ley de Protección Patrimonial"

Están convencidos de que no beneficia a trabajadores y el Estado, sino a particulares

Dato: Zevallos afirma no encontrar apoyo en 4 de los 5 congresistas lambayecanos, teniendo que recurrir a los Nacionalista y Unidad Nacional, así como de algunos parlamentarios oficialistas.

CHICLAYO. "El ciclo de Edwin Oviedo y su grupo empresarial ya debió haber terminado hace dos años en las empresas Pomalca y Tumán, pero bajo la protección de algunos congresistas que pretenden conseguir una ampliación por un período más de la famosa Ley de Protección Patrimonial, quieren seguir 'cosechando' los dineros de las azucareras sin que hayan hecho una inversión desde el 2004", sostuvo Alejandro Zevallos Gonzáles, presidente del Comité de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, y Francisco Cayetano Gonzales, presidente de la Asociación de Acreedores y Adeudos Laborales de Pomalca.

Alejandro Zevallos señala que la Ley de Protección Patrimonial era para evitar que los activos de la empresa sean embargados, pero fue aprovechada por el grupo que ahora tiene el control.

"Oviedo compró en el 2006 una supuesta deuda a Transportes Carranza, la que con 2 a 3 meses de trabajo se la debió haber cobrado, pero hasta la fecha sigue en la empresa y con el control de una administración judicial, la que en el 2008 debió haber culminado", sostiene.

Recalca que no es casualidad que en ambas azucareras, Pomalca y Tumán, se hayan obtenido resoluciones judiciales para omitir que los estados financieros sean evaluados por la junta general de accionistas y estos sean presentados a Indecopi y la Conasev.

MÁS PASIVOS. Es un convencido que si se amplía por un período más la Ley de Protección Patrimonial, como hace poco lo ha pedido al Congreso de la República el congresista liberteño Mario Alegría, las empresas azucareras, como es el caso de Pomalca y Tumán, van a seguir embalsando los pasivos y acreencias laborales.

"Para esconder lo negativo de la mencionada Ley, el parlamentario Mario Alegría lo pone como título: 'obligar a las empresas a que paguen las acreencias laborales y otras deudas', pero lo que no explica y tampoco aclara a la prensa, es que la forma de cómo se debe pagar las acreencias laborales, lo estipula la Constitución y el Decreto Legislativo 650 y Decreto Supremo 0197", expresa.

Refiere que las normas antes mencionadas dicen claramente como las empresas deben liquidar a sus trabajadores, y más bien la Ley de Protección Patrimonial es la compuerta que cierra para que esas normas se ejecuten.

APOYO DEL CONGRESO. Señalan haber recurrido al Congreso de la República y expuesto ante la Comisión Agraria y de Economía, que la mencionada Ley "no favorece en nada a los trabajadores y a las empresas".

Francisco Cayetano Gonzáles, refiere que en Pomalca la situación es caótica desde el punto de vista social y económico para los trabajadores, jubilados y herederos.

"El Estado puso a 3 representantes, los que ya debieron haber sido cambiados, para velar por sus intereses, pero éstos se unen al grupo que controla la empresa", afirma.

Publicado 
Hoy, 02 de Noviembre de 2010, 08:41:00 p.m.
CORREO LAMBAYEQUE