Azúcar. Exigen que el ejecutivo promulgue protección patrimonial. En Cayaltí celebraron suspensión de la venta de las acciones, mientras que en Pomalca y Tumán hay preocupación.
Los trabajadores de las azucareras volvieron a la carga. Esta vez dejaron de lado el bloqueo de las carreteras y puentes para marchar pacíficamente por las calles de Chiclayo. Hasta la Capital de la Amistad llegaron cerca de 2,500 empleados de las ex cooperativas Cayaltí, Pomalca y Tumán.
Los azucareros se unieron para festejar la medida cautelar emitida por el juez Rafael Chávez Martos, que suspendió la transferencia de las acciones que tiene el Estado en las empresas agroindustriales de Cayaltí, Pomalca y Tumán, pero a la vez mostraron su preocupación porque hasta la fecha el presidente Alan García no firmó la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial.
Segundo Paredes García, secretario general del sindicato de trabajadores de Cayaltí, señaló que el dictamen de Chávez Martos permite un respiro a los azucareros, quienes solicitan tener prioridad para la compra de acciones de acuerdo a la ley.
El Estado en Cayaltí tiene el 23.55% de las acciones que representan un poco más de 5’780,000 acciones. “Nosotros no tenemos el dinero para ingresar a la subasta con las grandes empresas, además hay que tener en cuenta que desean sembrar caña no para producir azúcar, sino etanol, entonces eso generaría el incremento en el precio del azúcar, un producto básico que actualmente está por las nubes”, expresó.
Actualmente la empresa tiene una deuda que supera los S/. 140 millones, la misma que fue generada por Cofide, institución que tomó las riendas de las ex cooperativa hace siete años cuando la deuda era de S/. 54 millones. Actualmente, en la agroindustrial hay 2,000 hectáreas sembradas, 1,500 de caña de azúcar y el resto de algodón y otros productos.
Pomalca y Tumán
En la otra cara de la moneda están los servidores de Pomalca y Tumán. Este 31 vence la Ley de Protección Patrimonial para ambas empresas y Alan García no rubrica la autógrafa de la ley aprobada en el Congreso.
Demetrio Ruiz, dirigente de la Federación de Azucareros del Perú, refirió que está en riesgo la estabilidad económica de las familias que dependen de estas empresas.
La clave
Advierten saqueo. Los azucareros creen que si no se amplía la protección patrimonial, las empresas “Pomalca y Tumán serían saqueadas por sus acreedores”. También responsabilizaron a viva voz al presidente García por el momento de zozobra que viven.
Fuente: Diario La República
Lima, Jue, 30/12/2010 - 08:04
jueves, 30 de diciembre de 2010
Subasta de Cayaltí se hará de todas formas
PRO INVERSIÓN BUSCA SALIDA A VENTA DE ACCIONES ESTATALES
Al menos 400 trabajadores estaban listos para participar en la bolsa de valores
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) no tuvo otra opción que suspender el proceso de venta de las acciones del Estado en la azucarera Cayaltí, debido a una medida cautelar del Primer Juzgado Civil de Chiclayo. La venta del 23,44% de las acciones estaba programada para hoy en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).El director ejecutivo del ente promotor, Jorge León, lamentó, en declaraciones a la agencia Andina, que se suspendiera el proceso cuando estaban totalmente listos en aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación para realizar la venta.
Incluso, refirió que se quedarán sin ejercer su derecho de compra 400 trabajadores que se habían inscrito, a través de agentes de bolsa, para participar en la operación bursátil.
Mediante un comunicado de prensa, Pro Inversión recalcó que la empresa no estaba en venta, sino las acciones que obtuvo el Estado luego de un proceso de capitalización de las deudas de la azucarera. Además, informó que la institución estaba realizando algunas acciones para tratar de retomar el proceso de venta.
La empresa Cayaltí mantiene una deuda de US$45 millones y requiere una inversión de aproximadamente US$10 millones para reflotar su ingenio.
Cabe resaltar que la protección patrimonial vence este sábado 1 de enero, tanto para Cayaltí como para Pomalca y Tumán. Se calcula que entre las tres suman deudas cercanas a los S/.900 millones. Pomalca mantiene con la Sunat una deuda de S/.100 millones.
LA CIFRA
6.500 hectáreas posee Cayaltí, de las cuales 2.000 están en producción, 2.000 no tienen agua y 1.000 están en litigio.
Fuente: Diario El Comercio
Lima, Jueves 30 de Diciembre de 2010
Suspenden venta de acciones de azucareras
Ahora, la agencia estatal evalúa salidas legales para continuar con el proceso. Más de 400 trabajadores de Cayaltí no podrán comprar acciones de empresa.
La aceptan, pero no están de acuerdo. Proinversión acatará la medida cautelar del Primer Juzgado Civil de Lambayeque que ordena la suspensión de la venta de acciones del estado en las empresas azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí.
En este último caso, el director ejecutivo de la agencia estatal indicó que el fallo judicial perjudica a los más de 400 trabajadores de Cayaltí, que se agruparon para comprar las acciones en la subasta que se iba a desarrollar hoy en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
El juez Antonio Rafael Chávez Cuadros aceptó la acción cautelar presentada por un grupo de trabajadores de Cayaltí y de Pomalca, que argumentan irregularidades cometidas en la selección de la empresa auditora Deloitte que, por encargo de Proinversión, evaluó el valor financiero de las acciones del Estado que posee en las excooperativas.
Los trabajadores denunciaron que el auditor de Deloitte, Julio Calisaya, asesora también al grupo Gloria, conglomerado empresarial propietario de Casagrande y uno de los principales actores del mercado azucarero.
Al respecto, el director de Proinversión, Jorge León, respondió que Deloitte separó al cuestionado ejecutivo y se continuó con la evaluación financiera, negando cualquier tipo de irregularidad. Inclusive, refirió que el Grupo Gloria no se acercó a Proinversión a pedir información sobre Cayaltí.
Ayer el directorio de Proinversión se reunió para definir una salida a este impedimento judicial.
Fuentes del proceso alertaron que detrás de esta medida se encontraría el Grupo Oviedo, que no quiere perder el control de la administración de Pomalca y de Tumán.
Cabe mencionar que está pendiente la decisión final del Ejecutivo sobre la ley aprobada por el Congreso, que suspende la venta de las acciones y prorroga la protección patrimonial a las azucareras.
En este último caso, el director ejecutivo de la agencia estatal indicó que el fallo judicial perjudica a los más de 400 trabajadores de Cayaltí, que se agruparon para comprar las acciones en la subasta que se iba a desarrollar hoy en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
El juez Antonio Rafael Chávez Cuadros aceptó la acción cautelar presentada por un grupo de trabajadores de Cayaltí y de Pomalca, que argumentan irregularidades cometidas en la selección de la empresa auditora Deloitte que, por encargo de Proinversión, evaluó el valor financiero de las acciones del Estado que posee en las excooperativas.
Los trabajadores denunciaron que el auditor de Deloitte, Julio Calisaya, asesora también al grupo Gloria, conglomerado empresarial propietario de Casagrande y uno de los principales actores del mercado azucarero.
Al respecto, el director de Proinversión, Jorge León, respondió que Deloitte separó al cuestionado ejecutivo y se continuó con la evaluación financiera, negando cualquier tipo de irregularidad. Inclusive, refirió que el Grupo Gloria no se acercó a Proinversión a pedir información sobre Cayaltí.
Ayer el directorio de Proinversión se reunió para definir una salida a este impedimento judicial.
Fuentes del proceso alertaron que detrás de esta medida se encontraría el Grupo Oviedo, que no quiere perder el control de la administración de Pomalca y de Tumán.
Cabe mencionar que está pendiente la decisión final del Ejecutivo sobre la ley aprobada por el Congreso, que suspende la venta de las acciones y prorroga la protección patrimonial a las azucareras.
Fuente: Diario Peru21
Economía | Jue. 30 dic '10
Guerra por azucareras llega al Poder Judicial
POLICÍA AFIRMA QUE GENTE QUE PROTESTA POR PROMULGACIÓN DE "LEY OVIEDO" NO TRABAJA EN AZUCARERAS
LAMBAYEQUE | CHICLAYO. A pesar que el titular del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, Rafael Chávez Martos, emitió la resolución número dos del expediente 3468-2010 acogiendo la medida cautelar de proceso de amparo a favor de la Asociación de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A., representado por Javier Vásquez Hernández y Octavio Carhuatanta Alcántara, y dispone la suspensión de la venta de las acciones del Estado en la empresa Cayaltí, no se descartó que el proceso de la venta de los títulos de la mencionada agroindustrial se pueda desarrollar hoy conforme está programado.
La medida judicial también ampara a Humberto Rafael Vílchez Gutiérrez y Felipe Artemio Mondragón Flores, en su calidad de trabajadores de la empresa Pomalca, disponiéndose la suspensión de los efectos jurídicos del acto de otorgamiento de la Buena Pro a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) a favor de Deloite & Touche S.R.L, consultora que llevaría a cabo la valorización de las acciones del Estado en Cayaltí, Pomalca y Tumán, por tener como asesor financiero a Juan Calisaya Medina, a quien sindican de ser trabajador del Grupo Gloria.
Además, el magistrado ordena suspender los efectos jurídicos del procedimiento de transferencia de las acciones del Estado en la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A, Tumán S.A.A y Cayaltí S.A.A, a cargo de la Proinversión, hasta que el presente proceso no haya sido resuelto definitivamente.
DILATAN PROCESO. Alejandro Zevallos Gonzales, presidente del Comité de Accionistas y Trabajadores de Tumán, sostuvo que la medida dispuesta por el juez Chávez Martos buscaría dilatar aún más el proceso de venta de las acciones que el Estado tiene en las azucareras.
"La intención es que las acciones no se vendan a los trabajadores que han formado asociaciones independientes, sino a los testaferros de los que actualmente tienen el control administrativo de Pomalca y Tumán", expresó.
Sostuvo que le era extraño que un juez que trabaja para el Estado haya fallado contra este, cuando él (Chávez Martos) debe defender los intereses del país.
"Sabemos que Cayaltí está paralizado pero con la inyección de nuevos capitales y con el trabajo de gente que conoce lo que va a hacer, estoy seguro que en poco tiempo esa empresa va a volver a ser lo que antaño era", agrega.
Reconoce que el Estado no es mezquino con los trabajadores, a quien les ha dado la preferencia para adquirir las acciones. "Oviedo usa el nombre de los trabajadores para hacer creer que no están de acuerdo con la venta de las acciones, pero la realidad es otra", recalca.
ACATA DISPOSICIÓN. Por su parte, voceros de ProInversión hicieron conocer que recibieron el mandato judicial antes descrito, el que tras ser evaluado por los asesores legales se acordó suspender la venta de las acciones de Cayaltí.
MARCHA DE TRABAJADORES.
Más de un millar de supuestos trabajadores de las empresas Pomalca, Tumán y Cayaltí, llegaron ayer a Chiclayo y provocaron cuantiosas pérdidas económicas a comerciantes y empresarios ubicados en los alrededores y centro de Chiclayo, los que tuvieron que cerrar sus negocios.
Demetrio Ruiz Ríos, presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros, sostuvo que su presencia en la Capital de la Amistad era para exigir al Gobierno Central la promulgación de la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial, así como respaldar la decisión que había tomado a favor de los azucareros el juez civil Rafael Chávez Martos.
GENTE CONTRATADA. A su turno, el jefe de la Región Policial Lambayeque, coronel PNP León Félix Núñez, sostuvo que el 90% de las personas que fueron detenidas la mañana del martes durante la toma de los puentes Úcupe y Reque, así como bloqueos de la Panamericana Norte en los tramos del cruce a Cayaltí y Chosica del Norte, no son trabajadores de ninguna de las empresas azucareras antes mencionadas.
"Esa gente ha sido contratada, y sería necesario que el Ministerio Público haga una profunda investigación y llame a los responsables de este problema, para que exponga las razones por las que contrata gente para bloquear carreteras y generar millonarias pérdidas económicas al Estado", resaltó.
LAMBAYEQUE | CHICLAYO. A pesar que el titular del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, Rafael Chávez Martos, emitió la resolución número dos del expediente 3468-2010 acogiendo la medida cautelar de proceso de amparo a favor de la Asociación de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A., representado por Javier Vásquez Hernández y Octavio Carhuatanta Alcántara, y dispone la suspensión de la venta de las acciones del Estado en la empresa Cayaltí, no se descartó que el proceso de la venta de los títulos de la mencionada agroindustrial se pueda desarrollar hoy conforme está programado.
La medida judicial también ampara a Humberto Rafael Vílchez Gutiérrez y Felipe Artemio Mondragón Flores, en su calidad de trabajadores de la empresa Pomalca, disponiéndose la suspensión de los efectos jurídicos del acto de otorgamiento de la Buena Pro a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) a favor de Deloite & Touche S.R.L, consultora que llevaría a cabo la valorización de las acciones del Estado en Cayaltí, Pomalca y Tumán, por tener como asesor financiero a Juan Calisaya Medina, a quien sindican de ser trabajador del Grupo Gloria.
Además, el magistrado ordena suspender los efectos jurídicos del procedimiento de transferencia de las acciones del Estado en la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A, Tumán S.A.A y Cayaltí S.A.A, a cargo de la Proinversión, hasta que el presente proceso no haya sido resuelto definitivamente.
DILATAN PROCESO. Alejandro Zevallos Gonzales, presidente del Comité de Accionistas y Trabajadores de Tumán, sostuvo que la medida dispuesta por el juez Chávez Martos buscaría dilatar aún más el proceso de venta de las acciones que el Estado tiene en las azucareras.
"La intención es que las acciones no se vendan a los trabajadores que han formado asociaciones independientes, sino a los testaferros de los que actualmente tienen el control administrativo de Pomalca y Tumán", expresó.
Sostuvo que le era extraño que un juez que trabaja para el Estado haya fallado contra este, cuando él (Chávez Martos) debe defender los intereses del país.
"Sabemos que Cayaltí está paralizado pero con la inyección de nuevos capitales y con el trabajo de gente que conoce lo que va a hacer, estoy seguro que en poco tiempo esa empresa va a volver a ser lo que antaño era", agrega.
Reconoce que el Estado no es mezquino con los trabajadores, a quien les ha dado la preferencia para adquirir las acciones. "Oviedo usa el nombre de los trabajadores para hacer creer que no están de acuerdo con la venta de las acciones, pero la realidad es otra", recalca.
ACATA DISPOSICIÓN. Por su parte, voceros de ProInversión hicieron conocer que recibieron el mandato judicial antes descrito, el que tras ser evaluado por los asesores legales se acordó suspender la venta de las acciones de Cayaltí.
MARCHA DE TRABAJADORES.
Más de un millar de supuestos trabajadores de las empresas Pomalca, Tumán y Cayaltí, llegaron ayer a Chiclayo y provocaron cuantiosas pérdidas económicas a comerciantes y empresarios ubicados en los alrededores y centro de Chiclayo, los que tuvieron que cerrar sus negocios.
Demetrio Ruiz Ríos, presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros, sostuvo que su presencia en la Capital de la Amistad era para exigir al Gobierno Central la promulgación de la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial, así como respaldar la decisión que había tomado a favor de los azucareros el juez civil Rafael Chávez Martos.
GENTE CONTRATADA. A su turno, el jefe de la Región Policial Lambayeque, coronel PNP León Félix Núñez, sostuvo que el 90% de las personas que fueron detenidas la mañana del martes durante la toma de los puentes Úcupe y Reque, así como bloqueos de la Panamericana Norte en los tramos del cruce a Cayaltí y Chosica del Norte, no son trabajadores de ninguna de las empresas azucareras antes mencionadas.
"Esa gente ha sido contratada, y sería necesario que el Ministerio Público haga una profunda investigación y llame a los responsables de este problema, para que exponga las razones por las que contrata gente para bloquear carreteras y generar millonarias pérdidas económicas al Estado", resaltó.
Fuente: Diario Correo Perú
Lambayeque, 30 de Diciembre de 2010
Trabajadores azucareros siguen causando caos en Lambayeque
LIMA | Por segundo día consecutivo, los trabajadores de las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí salieron a las calles de Chiclayo exigiendo al gobierno central la promulgación de la ampliación por un año más de la Ley de Protección Patrimonial a favor del Grupo Oviedo. El jefe de la región policial Lambayeque, coronel PNP Félix León, dice que los manifestantes son contratados.
Fuente: Diario Correo Perú
Lima, 30 de Diciembre de 2010
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