Azúcar al gusto

La enredada novela entre el Grupo Oviedo y el Estado Peruano podría llegar a su capítulo final hoy, cuando se venza el tantas veces prorrogado plazo para la ampliación del Régimen de Protección Patrimonial. Pero el final sería feliz solo para los Oviedo, que se quedarían con las acciones y seguirían sin pagar los impuestos. En la imagen Edwin Oviedo Picchotito, director de Pomalca. (Foto: mundodeporticomasfm.blogspot.com)


El año pasado la controversia tributaria más sonada fue una extensión de prórroga para pagar impuestos: la así llamada ley Oviedo.
Hoy, en el día bisiesto, finalmente acaba la prórroga de la Ley Oviedo (oficialmente llamada Ley del Régimen de Protección Patrimonial). Desde hoy, las acciones que administra Fonafe —ese cubo de cemento que el Estado arrastra hace 8 años— dentro de las azucareras Pomalca y Tumán serán ofertadas a los trabajadores de las azucareras.
Además, el Grupo Oviedo, al perder este auxilio legal, tendrá que pagar los impuestos (Essalud, impuesto a la renta, CTS y jubilación) que no ha cancelado a tiempo desde el 2004.
¿Y AHORA QUÉ?
Pero la pregunta que se hacen desde las chacras azucareras hasta en las gélidas oficinas del Estado es: ¿Y cómo harán los Oviedo ahora?
En concreto, lo que se viene es que Proinversión venderá las acciones a los que tienen la primera opción de compra, que son los trabajadores. Sin embargo, éstos tendrían que llegar al concurso con liquidez (plata en mano) para comprar el porcentaje administrado por Fonafe (32,88% de Pomalca y 7,22% de Tumán), que equivalentes a varios millones de soles. ¿De dónde van a sacar dinero?
El año pasado, el gerente de Pomalca, Antonio Becerril, negó que el grupo azucarero les fuera a prestar dinero a sus trabajadores para comprar acciones. Sin embargo, una fuente cercana a todo este proceso le ha confirmado a INFOS la jugada:
— (El grupo Oviedo) ha ofrecido darles dinero a sus trabajadores, con la condición de que ese préstamo se cuente como las deudas que tienen con estas personas.
Es decir, en el papel figuraría como una deuda cancelada con el trabajador, pero, en realidad, se trataría de un préstamo para comprar acciones. Posteriormente, los dueños de las azucareras podrían recomprar dichas acciones a precios irrisorios (coaccionados bajo el argumento ‘si no me vendes tu parte te despido’).
¿Y LOS IMPUESTOS?
Resuelto ese entuerto, la segunda pregunta: ¿Cómo seguirán sin pagar impuestos? Esta misma fuente indicó dos hipótesis:
Opción 1) Luego de obtener las acciones de los trabajadores, el Grupo Oviedo llegaría a Indecopi en condición de deudor llevando en una mano el acuerdo global de refinanciación y en la otra todos los balances en rojo de los últimos 5 años. Así, solicitarían aprobar un plan de pagos a sus acreedores para, de esta forma, acceder a un reflotamiento, buscando la manera de reducir deudas con el Estado.
Opción 2) Los Oviedo patean el tablero: no compran nada, rematan sus acciones — los primeros interesados serían sus proveedores— y declaran en quiebra las azucareras. Esto forzaría a sus acreedores a llevarlos Indecopi. Los Oviedo, entonces ofrecerían un programa de reflotamiento parecido a la primera hipótesis y, de esta forma, podrían volver a la acción.
(Evidentemente, existe una tercera opción: esperar una nueva ley de protección como por arte de magia desde el Congreso, lugar donde los Oviedo han sabido conseguir muchos amigos.)
En cualquiera de los dos primeros casos, si las azucareras buscan entrar a un sistema de refinanciamiento, se tendrán que acoger al Procedimiento Concursal en Indecopi. Pero tampoco es que sea tan simple: “Cualquier empresa que venga, por solo presentar su documentación, no necesariamente va a ser reflotada”, indicó el abogado Jaime Gaviño Sagástegui, secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales.
Si las azucareras entran a concurso, tendrá que franquear varios filtros, desde la Instalación de la Junta de Acreedores —impuesta por Indecopi— hasta someterse a un análisis de la situación legal. Este último escenario no sería precisamente grato para los intereses de este grupo: dos miembros de la familia y del directorio actual de Pomalca (Elvis y Edwin Oviedo) han sido demandados por fraude por el Fonafe. ¿Por qué?
PROCESOS EMPALAGOSOS
Exactamente hace un año, se planteó la denuncia por parte de Fonafe acusando penalmente a los hermanos Elvis y Edwin Oviedo y a José Gamarra Mizrraji.
Según directivos de Fonafe, además de haber sido elegido un directorio sin su participación ni autorización, miembros de cuatro proveedores de las azucareras (Shema, Mega Super Mayorista, D`Libano y Dismar) eran también los mismos del actual directorio del grupo Oviedo.

Los acusaron de omitir información. Había, pues, una presunta existencia de intereses que son incompatibles. “No puedes producir azúcar y vendértela a ti mismo”, nos desde Fonafe.
Además, investigaciones periodísticas recientes determinaron que entre 2007-2009 estas cuatro empresas compraron el 76% de producción a un descuento de alrededor del 20% del precio real. “Encima, te la vendías barato, perjudicando a la azucarera”, sentenciaron.
La denuncia estuvo a cargo de la 39ª Fiscalía Provincial de Lima. El abogado de Fonafe pidió varias veces la información contable de Pomalca pero no pudo obtenerla.
A pesar de las claras observaciones a la diferencia de precios, en el informe de la DININCRI, presentado el 14 de octubre del año pasado, no se encontraron mayores irregularidades en la venta del azúcar a las cuatro empresas cuestionadas.
Sin embargo, este peritaje policial fue desestimado a inicios de febrero de este año, por la fiscal Judith Pinto Zavalaga. Se espera que realice uno nuevo.
En las manifestaciones realizadas entre el 12 al 14 de setiembre ante la policía, los hermanos Edwin, Elvis y Auria Oviedo, además de José Arturo Gamarra Mizrraji (director de Pomalca), indicaron al unísono que Fonafe debía de tener conocimiento de que esas cuatro empresas comercializaban con sus empresas azucarera. Prueba de ello, dijeron, era que se encontraba en los registros públicos. Y sobre la preferencia de vender a estos proveedores aseguraron que no existía oligopolio alguno, únicamente relaciones comerciales de abastecimiento. Preguntados por qué vendían a menores precios —como indicaban las denuncias periodísticas— respondieron que era falso, y que solo se basaban en el precio del mercado.
Luego de ser comunicada de los hechos la fiscal Judith Pinto Savalaga dispuso, en su informe del 4 de noviembre, abrir investigación preliminar contra los Oviedo y los responsables que resulten implicados.
Durante la declaración de Edwin Oviedo, realizada en Chiclayo el 24 de noviembre, la fiscal le hizo varias preguntas relacionadas a la empresa Shema S.A. Sorprende que el empresario cuzqueño no recordara cuál es el porcentaje que tiene a su nombre Shema, empresa de la que fue gerente general y accionista durante 10 años, hasta enero de 2011. Tampoco recordó quién era el actual gerente general ni los montos en dinero que ascendió la comercializadora entre Shema y Pomalca.

Independientemente de lo que suceda luego de finalizada la prórroga el proceso penal seguirá en marcha.
Finalmente, después de todos estos procesos legales y administrativos, todo esto podría acabar en manos de Indecopi, o del Ministerio de Agricultura u otra entidad que termine por resolverle los problemas a una industria que no debe detenerse pero que tampoco puede seguir funcionando de esta manera. El Estado buscó entrar al negocio azucarero para que no quiebre, al final el que se fue al diablo fue el propio Estado porque no encontró mejor negocio que regalar todo lo que tenía. Un amargo final.


Fuente: www.infos.pe
Miércoles 29 de Febrero de 2012
Información Sensible
http://www.infos.pe/2012/02/azucar-al-gusto/

Azúcar amargo

¿Por qué es grave lo que ha hecho el Estado con los Oviedo? Pues, primero, por el abuso que supone para con sus acreedores, que tuvieron la mala suerte de ver durante todos estos años sus acreencias convertidas en papeles inútiles.


Acaba de vencerse la última de las protecciones legales que nuestro Congreso promulgó para las azucareras de la familia Oviedo. No es esperable, sin embargo, que esto sea lo último que sepamos del continuado escándalo de mercantilismo que vienen protagonizando, muy juntos y en envidiable compás, este grupo económico y el Estado Peruano. Después de todo, la ley Oviedo ha sido renovada desde el 2003 ya siete veces (la última con el sólido apoyo de la bancada de Gana Perú y con la interesante revelación de un aparente vínculo laboral, aún no esclarecido, del hermano de la vicepresidenta Espinosa con los Oviedo). Se ha mantenido, pues, viva y flameante la llama que ha alimentado esta ley durante tres regímenes diferentes, lo que demuestra que el poder del grupo norteño va más allá de quién esté en el gobierno y es ya parte de nuestra institucionalidad más acendrada.
¿Qué ha hecho la ley por los Oviedo durante estos ocho años? Principalmente, proveerles de algo que el Congreso ha llamado “protección patrimonial” y que en buen criollo solemos llamar “perro muerto”: el derecho continuado de no pagar sus deudas.
¿Por qué es grave lo que ha hecho el Estado con los Oviedo? Pues, primero, por el abuso que supone para con sus acreedores, que tuvieron la mala suerte de ver durante todos estos años sus acreencias convertidas en papeles inútiles. Segundo, porque quienes estamos subvencionando el negocio de los Oviedo somos todos los peruanos, con particular carga sobre los más pobres que no han podido ver los S/.340 millones que las azucareras del grupo Oviedo deben a la Sunat aplicados a cosas como la infraestructura de electricidad o saneamiento, o como salud y educación. Y, tercero, porque la ley supone dar una ventaja injustificada a unas empresas escogidas frente a sus competidores, que sí tienen que asumir entre sus costos el pago de sus deudas. En otras palabras, impide que sean los que producen el mejor azúcar al menor precio (en otras palabras, quienes aprovechan mejor los recursos existentes en el país) los que crezcan y prevalezcan en el mercado.
Con todo, sin embargo, lo más grave de este asunto es la descarada forma en que muestra, una vez más, los permanentes niveles de indecencia que existen en nuestras instituciones representativas, con la carga de deslegitimación que ello conlleva. Eso, y el insulto constante que supone para toda la ciudadanía ver que se usan los poderes públicos y la ley para dar ventajas a un grupo de mercantilistas avezados, a costa del resto del país.
Si en este espacio defendemos insistentemente al mercado abierto es porque estamos convencidos de que este, cuando hay una ley que se cumple igual para todos y también niveles decentes de educación y salud garantizados, es el mejor camino para empoderar a cada ciudadano a fin de que, con su trabajo e iniciativa, pueda alimentar su bienestar y su propio respeto. En esa medida, nos resultan tan perjudiciales los intentos de estatismo desembozado, como los avances mercantilistas. Estos últimos ni siquiera tienen el beneficio de la sinceridad de aquellos y son también una manera de usar el Estado para quitar la última palabra a los consumidores (es decir, a todos), además de para romper la igualdad ante la ley sin la que el sistema se vuelve una burla. Una burla, como esa a la que los señores Oviedo nos vienen sometiendo desde hace 8 años, con notable desparpajo.

Fuente: Editorial Diario El Comercio
Lima, Viernes 02 de Marzo de 2012

Venció el plazo de la ‘Ley Oviedo’

Administradores de Pomalca y Tumán mantienen deuda con empleados porque Proinversión todavía no fija el valor de las acciones

Ayer venció el plazo para que las acciones del Estado en las empresas azucareras sean transferidas a los trabajadores, proceso encargado a Proinversión, según la última ley sobre Protección Patrimonial dada por el Congreso en diciembre del año pasado.

La norma, conocida como ‘Ley Oviedo’ –pues el grupo familiar que administra Pomalca y Tumán es el más beneficiado con su aprobación–, permitió que estos ingenios sigan operando (hasta el 29 de febrero de 2012) sin pagar sus deudas.

Se trata de acreencias que mantienen con sus empleados, con la Sunat y con otras entidades del Estado.

Pese a que el plazo legal ya se cumplió, el congresista Víctor Andrés García Belaunde advirtió que el traspaso no se podrá concretar mientras Proinversión no fije el valor de las acciones, trámite que aún no se cumple.

Según www.infos.pe, los Oviedo pretenderían comprarles dichos papeles a sus trabajadores.

Fuente: Diario Peru21

Lima, Jueves 01 de Marzo de 2012