Azúcar amargo

¿Por qué es grave lo que ha hecho el Estado con los Oviedo? Pues, primero, por el abuso que supone para con sus acreedores, que tuvieron la mala suerte de ver durante todos estos años sus acreencias convertidas en papeles inútiles.


Acaba de vencerse la última de las protecciones legales que nuestro Congreso promulgó para las azucareras de la familia Oviedo. No es esperable, sin embargo, que esto sea lo último que sepamos del continuado escándalo de mercantilismo que vienen protagonizando, muy juntos y en envidiable compás, este grupo económico y el Estado Peruano. Después de todo, la ley Oviedo ha sido renovada desde el 2003 ya siete veces (la última con el sólido apoyo de la bancada de Gana Perú y con la interesante revelación de un aparente vínculo laboral, aún no esclarecido, del hermano de la vicepresidenta Espinosa con los Oviedo). Se ha mantenido, pues, viva y flameante la llama que ha alimentado esta ley durante tres regímenes diferentes, lo que demuestra que el poder del grupo norteño va más allá de quién esté en el gobierno y es ya parte de nuestra institucionalidad más acendrada.
¿Qué ha hecho la ley por los Oviedo durante estos ocho años? Principalmente, proveerles de algo que el Congreso ha llamado “protección patrimonial” y que en buen criollo solemos llamar “perro muerto”: el derecho continuado de no pagar sus deudas.
¿Por qué es grave lo que ha hecho el Estado con los Oviedo? Pues, primero, por el abuso que supone para con sus acreedores, que tuvieron la mala suerte de ver durante todos estos años sus acreencias convertidas en papeles inútiles. Segundo, porque quienes estamos subvencionando el negocio de los Oviedo somos todos los peruanos, con particular carga sobre los más pobres que no han podido ver los S/.340 millones que las azucareras del grupo Oviedo deben a la Sunat aplicados a cosas como la infraestructura de electricidad o saneamiento, o como salud y educación. Y, tercero, porque la ley supone dar una ventaja injustificada a unas empresas escogidas frente a sus competidores, que sí tienen que asumir entre sus costos el pago de sus deudas. En otras palabras, impide que sean los que producen el mejor azúcar al menor precio (en otras palabras, quienes aprovechan mejor los recursos existentes en el país) los que crezcan y prevalezcan en el mercado.
Con todo, sin embargo, lo más grave de este asunto es la descarada forma en que muestra, una vez más, los permanentes niveles de indecencia que existen en nuestras instituciones representativas, con la carga de deslegitimación que ello conlleva. Eso, y el insulto constante que supone para toda la ciudadanía ver que se usan los poderes públicos y la ley para dar ventajas a un grupo de mercantilistas avezados, a costa del resto del país.
Si en este espacio defendemos insistentemente al mercado abierto es porque estamos convencidos de que este, cuando hay una ley que se cumple igual para todos y también niveles decentes de educación y salud garantizados, es el mejor camino para empoderar a cada ciudadano a fin de que, con su trabajo e iniciativa, pueda alimentar su bienestar y su propio respeto. En esa medida, nos resultan tan perjudiciales los intentos de estatismo desembozado, como los avances mercantilistas. Estos últimos ni siquiera tienen el beneficio de la sinceridad de aquellos y son también una manera de usar el Estado para quitar la última palabra a los consumidores (es decir, a todos), además de para romper la igualdad ante la ley sin la que el sistema se vuelve una burla. Una burla, como esa a la que los señores Oviedo nos vienen sometiendo desde hace 8 años, con notable desparpajo.

Fuente: Editorial Diario El Comercio
Lima, Viernes 02 de Marzo de 2012