Lobbys azucareros

DETALLE

Los autores del proyecto de Ley 4363/2010 sostienen que el próximo vencimiento de la protección generaría incertidumbre entre los trabajadores e inversionistas que deseen adquirir las acciones del Estado, pues luego de adquirirlas podrían ser embargadas por los acreedores

“Es una sinvergüenzada”, así calificó el especialista Luis Segovia a la intención del gobierno de prorrogar hasta el 2011 la protección patrimonial a las empresas azucareras. Medida estatal perjudica a trabajadores.

La propuesta legislativa de ampliar al 31 de junio de 2011 la protección patrimonial a las empresas azucareras en las que el Estado posee acciones es una “sinvergüenzada”, opinó en el experto bursátil Luis Segovia.

En opinión de Segovia, el proyecto de Ley 4363/2010 presentado el pasado 20 de Octubre a la Comisión Agraria por el congresista aprista Mario Arturo Alegría Pastor, de ser aprobado, postergará “la transferencia franca” y el saneamiento financiero de los ingenios en cuestión (Pomalca, Tumán y Cayaltí). Estas empresas, según indicó, no han presentado hasta ahora sus estados financieros a la Comisión Nacional Supervisora y de Empresas y Valores (CONASEV).

El estado peruano posee el 32.88% de las acciones de Pomalca, el 7.22% de Tumán y en la empresa Cayaltí su participación alcanza el 23.53%. La propuesta aprista es extender la protección hasta por un año posterior a la transferencia de las acciones del Estado.

La protección patrimonial es un sistema incorporado por la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, y vigente por mandato de la Ley 29299 hasta el 31 de diciembre de 2010, para proteger a las azucareras de todo embargo. Por esta ley, ni siquiera la Sunat o la ONP puede conseguir el embargo de sus bienes.

Segovia explicó que según la protección patrimonial a las empresas azucareras determina que la venta de las acciones del Estado es necesaria para (con ese dinero) saldar las deudas que los ingenios tienen con los trabajadores (en Compensación por Tiempo de Servicios e impagos salariales). Agregó que la ley también establece que si existiera un sobrante (de la recaudación) se cancelarán las deudas con terceros.

“La ley de protección patrimonial impide que las tierras de los trabajadores sean rematadas hasta que se produzca su transferencia a un accionista privado controlador. A medida que van transfiriéndose, la ley las protege de los embargos judiciales existentes”, dijo Segovia a la Agencia Agraria de Noticias.

No obstante, según el broker, “nadie goza de una protección como la que tienen ellos”, señaló en relación con las tres empresas. “Estas empresas ya están dominadas por grupos empresariales en control que usan la política para hacerse los muertos antes los acreedores. Entonces, se hace eterno el tema”, opinó.

Según el experto, el sector azucarero en general está “bien” gracias a los altos precios actuales del producto.

Publicado por Diario La Primera, Viernes 05 de Noviembre de 2010