La aceptan, pero no están de acuerdo. Proinversión acatará la medida cautelar del Primer Juzgado Civil de Lambayeque que ordena la suspensión de la venta de acciones del estado en las empresas azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí.
En este último caso, el director ejecutivo de la agencia estatal indicó que el fallo judicial perjudica a los más de 400 trabajadores de Cayaltí, que se agruparon para comprar las acciones en la subasta que se iba a desarrollar hoy en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
El juez Antonio Rafael Chávez Cuadros aceptó la acción cautelar presentada por un grupo de trabajadores de Cayaltí y de Pomalca, que argumentan irregularidades cometidas en la selección de la empresa auditora Deloitte que, por encargo de Proinversión, evaluó el valor financiero de las acciones del Estado que posee en las excooperativas.
Los trabajadores denunciaron que el auditor de Deloitte, Julio Calisaya, asesora también al grupo Gloria, conglomerado empresarial propietario de Casagrande y uno de los principales actores del mercado azucarero.
Al respecto, el director de Proinversión, Jorge León, respondió que Deloitte separó al cuestionado ejecutivo y se continuó con la evaluación financiera, negando cualquier tipo de irregularidad. Inclusive, refirió que el Grupo Gloria no se acercó a Proinversión a pedir información sobre Cayaltí.
Ayer el directorio de Proinversión se reunió para definir una salida a este impedimento judicial.
Fuentes del proceso alertaron que detrás de esta medida se encontraría el Grupo Oviedo, que no quiere perder el control de la administración de Pomalca y de Tumán.
Cabe mencionar que está pendiente la decisión final del Ejecutivo sobre la ley aprobada por el Congreso, que suspende la venta de las acciones y prorroga la protección patrimonial a las azucareras.
En este último caso, el director ejecutivo de la agencia estatal indicó que el fallo judicial perjudica a los más de 400 trabajadores de Cayaltí, que se agruparon para comprar las acciones en la subasta que se iba a desarrollar hoy en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
El juez Antonio Rafael Chávez Cuadros aceptó la acción cautelar presentada por un grupo de trabajadores de Cayaltí y de Pomalca, que argumentan irregularidades cometidas en la selección de la empresa auditora Deloitte que, por encargo de Proinversión, evaluó el valor financiero de las acciones del Estado que posee en las excooperativas.
Los trabajadores denunciaron que el auditor de Deloitte, Julio Calisaya, asesora también al grupo Gloria, conglomerado empresarial propietario de Casagrande y uno de los principales actores del mercado azucarero.
Al respecto, el director de Proinversión, Jorge León, respondió que Deloitte separó al cuestionado ejecutivo y se continuó con la evaluación financiera, negando cualquier tipo de irregularidad. Inclusive, refirió que el Grupo Gloria no se acercó a Proinversión a pedir información sobre Cayaltí.
Ayer el directorio de Proinversión se reunió para definir una salida a este impedimento judicial.
Fuentes del proceso alertaron que detrás de esta medida se encontraría el Grupo Oviedo, que no quiere perder el control de la administración de Pomalca y de Tumán.
Cabe mencionar que está pendiente la decisión final del Ejecutivo sobre la ley aprobada por el Congreso, que suspende la venta de las acciones y prorroga la protección patrimonial a las azucareras.
Fuente: Diario Peru21
Economía | Jue. 30 dic '10
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