Se complica más la situación de las azucareras, especialmente las del Grupo Oviedo, debido a que con la finalización de la Ley de Protección Patrimonial el pasado 31 de diciembre, se da luz verde a la intervención de los acreedores de estas empresas hasta que no se solucione la extensión de la norma.
Como se recuerda, el Ejecutivo tuvo la oportunidad de observar o promulgar la ley de ampliación de la protección patrimonial sólo hasta el 31 de diciembre. En caso haber observado la norma, esta hubiera regresado al Congreso.
Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, el marco legal para dar solución a este tema se complica, debido a que desde el 1 de enero no existe la protección patrimonial, y los acreedores de Pomalca, Tumán y Cayaltí podrían iniciar procesos de embargo.
Afirmó que si el Ejecutivo observa la ley de extensión de la protección patrimonial, se tendría que esperar hasta el 15 de marzo para que se discuta en el Congreso y durante ese tiempo los acreedores podrían solicitar la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El abogado tributarista Jorge Manini explicó que sin la protección patrimonial, las azucareras están dentro del mundo comercial como cualquier otra empresa sujeta a cobranzas por cualquier acreedor como proveedores de servicios, la Superitendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), los municipios e incluso los trabajadores
Sabía que...
El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Rafael Yamashiro, afirmó que si hoy el Ejecutivo no observa la ley de ampliación de protección patrimonial, automáticamente tendría que promulgarla por falta de decisión.
Fuente: Diario Expreso
Lima 04 de Enero de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario