El legislador Víctor Andrés García Belaúnde afirmó que existe “una relación sospechosa entre el gobierno aprista y el Grupo Oviedo” el cual obedecería a intereses económicos.El Grupo Oviedo, que administra judicialmente las empresas azucareras Pomalca y Tumán, ha sido señalado por el periodista Luis Castillo Gayoso, director de la Tribuna Azucarera, de ser una “mafia” que destina mucho dinero en “aceitar” a autoridades y medios de comunicación para proseguir con sus millonarios negociados con el azúcar, lobbys que involucran a altos miembros del Ejecutivo y congresistas.
El dirigente de Acción Popular, en una entrevista con Voz de Alerta que emite radio San Borja, dijo que la Ley de Defensa Patrimonial, promulgada en el 2008, se hizo exclusivamente para favorecer a Oviedo lo cual revela que hay contactos entre este Grupo y el Apra que “quizás obedecen a intereses económicos”.
“Evidentemente es algo raro y extraño que esta empresa consiga una norma que la blinde en el Parlamento con muchos lobbyes”, manifestó el legislador.
García Belaúnde dijo que es “extraño” que el Gobierno permita que Oviedo siga administrando judicialmente Pomalca y Tumán pese a que durante los últimos años ambas azucareras –cuyo accionista mayoritario es el Estado- solo han registrado pérdidas económicas no obstante que durante ese mismo período el precio del azúcar ha sido alto.
“Llama la atención –dijo- que el Estado permita todo esto y que no asuma la administración o mejor venda sus acciones libremente en la Bolsa al mejor postor”.
El congresista recordó que el apoyo del gobierno aprista al Grupo Oviedo se ha expresado también en la adquisición por parte de la estatal EsSalud de acciones de Pomalca, bajo administración judicial de Oviedo “y ha invertido en la Bolsa a favor de ellos “.
García Belaúnde dijo que las denuncias contra el Grupo Oviedo deberían presentarse a la Comisión de Fiscalización del Congreso para abrir una investigación.
Cabe recordar que luego de la dación de la referida norma, en 2008, García Belaunde dijo que la ley fue dada para que las azucareras Tumán y Pomalca puedan comprar y vender, sin estar obligadas a pagar impuestos ni sus deudas.
“Sin duda, hay intereses políticos y económicos de todos los congresistas lambayecanos, del Partido Aprista y, también, de algunos miembros de Unidad Nacional, quienes han impulsado estas leyes para beneficiar directamente al Grupo Oviedo. Podría decirse que hay un Grupo Oviedo en el Parlamento”, enfatizó.
NegociónEl programa Panorama propaló el domingo pasado una investigación que revela que el Grupo Oviedo -bajo el mando de Edwin Oviedo Picchotito- está vendiendo la producción de las azucareras a una empresa de su propiedad, a la cual le entrega el producto a un precio por debajo del mercado.
Resulta extraño que mientras las azucareras -en las que el Estado peruano tiene una importante representación en el accionariado- reportan un crecimiento en producción y en extensión de hectáreas, las cifras contables de ambas empresas sigan en rojo, advierte el informe.
“Descubrimos que lo que hace el Grupo Oviedo es vender el azúcar a su intermediaria a un precio menor, que después es la que le vende al mercado final. Si el precio de mercado es cinco, se lo venden a tres, de tal manera que el margen se lo lleva la empresa que, en realidad, es de su propiedad. Y la azucarera que es del Estado sigue perdiendo plata”, explicó al programa David Rivera, director de la revista Poder.
Esta comercialización irregular ha provocado que mientras Pomalca y Tumán presentaron cifras en rojo en 2007, de acuerdo con lo estimado por la revista Poder, los Oviedo obtuvieron una ganancia de S/. 10 millones.
Es decir, el Estado, principal propietario de las azucareras, sigue en pérdida mientras que el administrador judicial de las mismas obtiene jugosas ganancias.
TelarañaEl director de la Tribuna Azucarera ha advertido que el grupo Oviedo cuenta con un aparato de operadores en instituciones del Estado y medios de comunicación para permitir que siga viento en popa el negociado con el azúcar en perjuicio del Estado y de todos los peruanos.
Refirió que existe un peritaje elaborado por el Ministerio Público el cual demuestra que de acuerdo a los informes contables de la empresa Tumán, bajo administración de Oviedo, solo en un año, 2007, destinó más de S/. 3 millones 800 mil para “pagos a abogados” y también una cantidad parecida para pagos a medios de comunicación.
Este peritaje, advirtió, “ha quedado sospechosamente ocultado”, el supuesto pago a abogados en realidad incluye “aceitar” a malos jueces para que sus fallos los favorezcan, “comprar” a autoridades de otros estamentos públicos y, mediante carísimos publirreportajes y otros recursos “mantienen convenientemente en silencio” a importantes medios de comunicación.
La red mafiosa de Oviedo, prosiguió el director de la Tribuna Azucarera, involucra a ministros, ex ministros y congresistas, entre otras autoridades.
Castillo Gayoso fue enfático en acusar al presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, como el principal operador del Grupo Oviedo en el aparato del Estado. También involucró al ex premier Jorge del Castillo.
En la red mafiosa del Grupo Oviedo en el aparato estatal “está fundamentalmente la presencia oculta de Javier Velásquez Quesquén y también Jorge del Castillo”, dijo.
Sostuvo que en el Parlamento fue Velásquez Quesquén la pieza clave para la aprobación (con la careta del legislador Mario Alegre Pastor) de la Ley de Protección Patrimonial, norma que tenía la finalidad expresa de beneficiar al grupo Oviedo en las empresas azucareras.
Afirmó que otros personajes involucrados con los intereses mafiosos del Grupo Oviedo son el ex congresista Antonio Becerril, el ex vice ministro de Agricultura Carlos Luna Conroy, el ex titular de Agricultura Juan José Salazar y el ex ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario