De acuerdo con la ley que les otorga la protección de su patrimonio contra embargos, estas empresas deben presentar al organismo supervisor sus reportes financieros, de los años 2003 a 2009.
En ese contexto, Proinversión advirtió que solo Cayaltí ha cumplido con alcanzar la información requerida para llevar a cabo la venta de las acciones del Estado en las ex cooperativas.
El último miércoles en el Congreso, el gerente general de Pomalca, Antonio Becerril, afirmó que su representada no está en la obligación de entregar información a la agencia estatal.
Al respecto, Mario Hernández, jefe de Asuntos Azucareros de Proinversión, advirtió que la información publicada en la Conasev no es suficiente para hacer un análisis económico y financiero sobre la venta de las acciones.
El funcionario detalló que se requiere conocer la estructura de los contratos, el estado de los juicios, las competencias legales y tributarias y sus multas.
Por otro lado, en la agenda del Pleno del Congreso de hoy no ha sido incluido el proyecto de ley que extiende por un año más el escudo legal que cubre el patrimonio de las ex cooperativas y suspende la venta de las acciones del Estado. El presidente de la comisión, Rafael Yamashiro, confirmó que el tema no se ha priorizado. Sin embargo, no descartó que un sector de la bancada aprista intente debatirlo.
A INDECOPI. Sobre este tema, el congresista Víctor Andrés García Belaunde planteó que las deudas de Pomalca, Tumán y Cayaltí se conviertan en acciones (capitalizadas), bajo el sistema concursal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El parlamentario cuestionó la gestión del Grupo Oviedo en Pomalca y Tumán, quien a su entender sería el principal beneficiado con la prórroga de la protección patrimonial.
Publicado por Diario Peru21
18 de Noviembre de 2010
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