"Ya no a más Ley de Protección Patrimonial"

Están convencidos de que no beneficia a trabajadores y el Estado, sino a particulares

Dato: Zevallos afirma no encontrar apoyo en 4 de los 5 congresistas lambayecanos, teniendo que recurrir a los Nacionalista y Unidad Nacional, así como de algunos parlamentarios oficialistas.

CHICLAYO. "El ciclo de Edwin Oviedo y su grupo empresarial ya debió haber terminado hace dos años en las empresas Pomalca y Tumán, pero bajo la protección de algunos congresistas que pretenden conseguir una ampliación por un período más de la famosa Ley de Protección Patrimonial, quieren seguir 'cosechando' los dineros de las azucareras sin que hayan hecho una inversión desde el 2004", sostuvo Alejandro Zevallos Gonzáles, presidente del Comité de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, y Francisco Cayetano Gonzales, presidente de la Asociación de Acreedores y Adeudos Laborales de Pomalca.

Alejandro Zevallos señala que la Ley de Protección Patrimonial era para evitar que los activos de la empresa sean embargados, pero fue aprovechada por el grupo que ahora tiene el control.

"Oviedo compró en el 2006 una supuesta deuda a Transportes Carranza, la que con 2 a 3 meses de trabajo se la debió haber cobrado, pero hasta la fecha sigue en la empresa y con el control de una administración judicial, la que en el 2008 debió haber culminado", sostiene.

Recalca que no es casualidad que en ambas azucareras, Pomalca y Tumán, se hayan obtenido resoluciones judiciales para omitir que los estados financieros sean evaluados por la junta general de accionistas y estos sean presentados a Indecopi y la Conasev.

MÁS PASIVOS. Es un convencido que si se amplía por un período más la Ley de Protección Patrimonial, como hace poco lo ha pedido al Congreso de la República el congresista liberteño Mario Alegría, las empresas azucareras, como es el caso de Pomalca y Tumán, van a seguir embalsando los pasivos y acreencias laborales.

"Para esconder lo negativo de la mencionada Ley, el parlamentario Mario Alegría lo pone como título: 'obligar a las empresas a que paguen las acreencias laborales y otras deudas', pero lo que no explica y tampoco aclara a la prensa, es que la forma de cómo se debe pagar las acreencias laborales, lo estipula la Constitución y el Decreto Legislativo 650 y Decreto Supremo 0197", expresa.

Refiere que las normas antes mencionadas dicen claramente como las empresas deben liquidar a sus trabajadores, y más bien la Ley de Protección Patrimonial es la compuerta que cierra para que esas normas se ejecuten.

APOYO DEL CONGRESO. Señalan haber recurrido al Congreso de la República y expuesto ante la Comisión Agraria y de Economía, que la mencionada Ley "no favorece en nada a los trabajadores y a las empresas".

Francisco Cayetano Gonzáles, refiere que en Pomalca la situación es caótica desde el punto de vista social y económico para los trabajadores, jubilados y herederos.

"El Estado puso a 3 representantes, los que ya debieron haber sido cambiados, para velar por sus intereses, pero éstos se unen al grupo que controla la empresa", afirma.

Publicado 

Hoy, 02 de Noviembre de 2010, 08:41:00 p.m.

CORREO LAMBAYEQUE