LIMA | Ante la protesta de un sector de la oposición, ayer el pleno del Congreso puso en debate y aprobó ampliar la protección patrimonial de las empresas azucareras en las que el Estado aún mantiene alguna participación accionarial. Se trata de los complejos Cayaltí, Pomalca y Tumán (estos dos últimos admnistrados por el Grupo Oviedo).
Sin embargo, se acordó poner algunos "candados" o requisitos que deben cumplir estas empresas para evitar perder dicho beneficio.
Así, se decidió que si incurren en morosidad en sus deudas, perderán la protección patrimonial; además, esta medida no los exonera del pago de impuestos ni salarios a sus trabajadores.
Asimismo, tienen que presentar un cronograma para el reflotamiento de la empresa, así como de los pagos y el reconocimiento de las deudas.
Durante el debate, el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) reiteró su denuncia en contra del Grupo Oviedo y ahora lo acusó de lavar dinero del narcotráfico. "Por eso no les dan visa a Estados Unidos", insistió.
Incluso señaló que transfieren las ganancias de Pomalca y Tumán a sus distribuidoras, a fin de evitar cancelar sus deudas al Estado. Sólo estas dos azucareras le deben al Estado S/.813 millones.
"Un juez suplente de Trujillo les dio la administración", señaló tras enumerar una serie de delitos en los cuales habrían incurrido los integrantes del clan Oviedo, delitos que van desde apropiación ilícita hasta estafa.
Tras ello, el ex premier Javier Velásquez Quesqúen tomó la palabra para apoyar el beneficio a las empresas azucareras.
Fuente: Diario Correo Perú
03 de Diciembre del 2010
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