Opinión | Vie. 12 nov '10
Autor: Fritz Du Bois
Para los políticos un período electoral debe de generar la misma ansiedad que una epidemia de cólera para cualquier otro mortal, si se contagian de impopularidad el drenaje del apoyo electoral les puede causar la muerte en la política de manera terminal.
Es por ello que se desesperan y buscan ganarse la simpatía de sus electores como sea. De esa forma aparecen leyes populistas. Pero la desesperación también los lleva a buscar fondos de cualquier manera para financiar su campaña electoral y una forma rápida para que los parlamentarios logren recursos es a través de propuestas mercantilistas, cuyos beneficiarios agradecidos por el servicio prestado aportan a los candidatos.
Así tenemos, por ejemplo, que la ley de protección patrimonial a un solo grupo empresarial, que administra dos complejos azucareros, es el más escandaloso caso de mercantilismo con nombre propio que hemos presenciado en muchos años.
Más aun, en esta ocasión parece que los interesados se descuidaron por lo que tuvieron que hacer un apurado lobby parlamentario. Mientras que los promotores de la ley se vieron obligados a arrear compañeros para lograr el quórum necesario. A pesar que tuvieron que correr, al final lo lograron y el proyecto va camino al Pleno donde, sin duda, será aprobado.
Ello a pesar de que el sector azucarero no requiere de ningún apoyo especial, ya que es como cualquier otro, en él existen empresas eficientes que tienen ganancias con las cuales pagan sus deudas y salarios sin tener que pedirle nada al Estado. Incluso, el grupo al que intentan beneficiar tiene, evidentemente, liquidez demostrada no solo por la gran cantidad de amigos políticos con los que cuenta sino también porque pagan el costoso equipo de fútbol que tienen tratando de llegar a la final del campeonato descentralizado.
Por tanto, no entendemos la justificación para ese tratamiento distorsionante e inmoral. Excepto, claro está, que para ese grupo empresarial la ley en cuestión es espectacularmente rentable, ya que no le pagan a los acreedores y encima como, tampoco se venden las acciones del Estado, se han adueñado, en la práctica, de empresas que valen no menos de 100 millones de dólares, sin haberlas comprado. Un verdadero negocio redondo que compartirán, estoy seguro, con sus amigos tan preocupados en protegerlos de la injusticia de pagar sus deudas y competir en el mercado.
Es por ello que se desesperan y buscan ganarse la simpatía de sus electores como sea. De esa forma aparecen leyes populistas. Pero la desesperación también los lleva a buscar fondos de cualquier manera para financiar su campaña electoral y una forma rápida para que los parlamentarios logren recursos es a través de propuestas mercantilistas, cuyos beneficiarios agradecidos por el servicio prestado aportan a los candidatos.
Así tenemos, por ejemplo, que la ley de protección patrimonial a un solo grupo empresarial, que administra dos complejos azucareros, es el más escandaloso caso de mercantilismo con nombre propio que hemos presenciado en muchos años.
Más aun, en esta ocasión parece que los interesados se descuidaron por lo que tuvieron que hacer un apurado lobby parlamentario. Mientras que los promotores de la ley se vieron obligados a arrear compañeros para lograr el quórum necesario. A pesar que tuvieron que correr, al final lo lograron y el proyecto va camino al Pleno donde, sin duda, será aprobado.
Ello a pesar de que el sector azucarero no requiere de ningún apoyo especial, ya que es como cualquier otro, en él existen empresas eficientes que tienen ganancias con las cuales pagan sus deudas y salarios sin tener que pedirle nada al Estado. Incluso, el grupo al que intentan beneficiar tiene, evidentemente, liquidez demostrada no solo por la gran cantidad de amigos políticos con los que cuenta sino también porque pagan el costoso equipo de fútbol que tienen tratando de llegar a la final del campeonato descentralizado.
Por tanto, no entendemos la justificación para ese tratamiento distorsionante e inmoral. Excepto, claro está, que para ese grupo empresarial la ley en cuestión es espectacularmente rentable, ya que no le pagan a los acreedores y encima como, tampoco se venden las acciones del Estado, se han adueñado, en la práctica, de empresas que valen no menos de 100 millones de dólares, sin haberlas comprado. Un verdadero negocio redondo que compartirán, estoy seguro, con sus amigos tan preocupados en protegerlos de la injusticia de pagar sus deudas y competir en el mercado.
Fuente: Diario Peru21
Viernes 12 de Noviembre de 2010
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