jueves, 20 de enero de 2011

El Congreso tendría las manos atadas para ampliar 'ley Oviedo'

Expertos afirman que el Pleno no puede ampliar protección a azucareras de una ley que ya venció.

La Comisión Agraria, en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad la insistencia de la autógrafa de ley que amplía hasta el 31 de diciembre de este año la protección patrimonial de las azucareras, y de inmediato se acordó que sea enviado al pleno del Congreso para su aprobación.
La medida recibió el respaldo de los azucareros quienes acudieron a la sede del Congreso, expresaron su satisfacción de que la promulgación de la autógrafa en el pleno les asegurará dicha protección, pero expertos consultados anticiparon que eso no sería viable.
“Evidentemente el principio elemental del derecho es que no se puede prorrogar lo que ya acabó. En todo caso tendría que haber una nueva ley de protección”, expresó Sandro Fuentes, abogado tributarista del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano.
La ley de protección patrimonial venció el 31 de diciembre del 2010, por lo que habría un vacío legal al pedir una ampliación, explicó.
“Si el Congreso promulgara la ley después de votar la insistencia igual todos los actos vinculados a la no protección patrimonial (es decir, embargos) entre el 31 de diciembre del 2010 y ahora son perfectamente válidos. La protección no puede ser retroactiva”, precisó Sandro Fuentes.
Asimismo, el constitucionalista Raúl Ferrero Costa sostuvo que lo que cabe es que se discuta un nuevo proyecto de ley, el cual incluya los aportes de la Comisión Agraria y los planteamientos del Ejecutivo en la observación de la autógrafa de ley.
A ello se suma que la protección patrimonial se ha hecho específicamente para las azucareras, lo cual viola la Constitución cuando se establece que no debe haber leyes favorables a un solo sector.
En tanto, el presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta, informó que ha solicitado una sesión extraordinaria del pleno para debatir la insistencia de la autógrafa, cuya aprobación requiere de 61 votos como mínimo.
Edgard Reymundo, vicepresidente de la comisión de Constitución, sugirió que la mejor salida sería la votación de una nueva ley.

Fuente: DIARIO GESTIÓN – 20/01/11

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