LA AGENDA ES REMOVER AL DIRECTORIO Y CAMBIAR A LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO
Ocho ómnibus con supuestos trabajadores de Pomalca y Tumán partieron anoche a Lima con la consigna de marchar y protestar hoy contra el presidente de Alan García y demandar la aprobación de la insistencia a la "Ley Oviedo".
LAMBAYEQUE | CHICLAYO. Ante la falta de garantías y seguridad, la segunda convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A fue suspendida. Unas 200 personas se apostaron en el acceso al local de lombricultura e impidieron que representantes de la Asociación de Jubilados, Viudas, Herederos, Asociación de Acreedores de Adeudos Laborales y CTS, Trabajadores, así como el representante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), José Peña Valdivia, ingresen al local para desarrollar la junta empresarial.
Bernardino Céspedes Paz, abogado de los jubilados, sostuvo que la cita era para revocar a los miembros del directorio, así como designar a los nuevos integrantes de dicho grupo. También se iba escuchar el informe de administración con referencia a la información solicitada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), y cumplir con el proceso de venta de las acciones del Estado.
Junto a los dirigentes llegó también el notario público José Caballero y un representante del Ministerio Público, quienes al ver que sujetos con los rostros cubiertos con trapos amenazaban con intranquilizar el momento, optaron por suspender la reunión.
NUEVA CITA. José Peña, representante de Fonafe, sostuvo que la Junta de Accionistas se tenía que desarrollar sí o sí porque de acuerdo a la Ley Genera de Sociedades (26887) se iba a remover al directorio al haber cumplido su periodo, así como cambiar a los 3 representantes del Estado y someterlos a una investigación.
Explicó que una nueva reunión se desarrollará en 20 días hábiles, pero en esta ocasión la convocatoria la hará Fonafe y en un lugar neutral donde se invitará a todos los involucrados, así como al Grupo Oviedo, quienes tienen el 12% de las acciones de la azucarera.
BECERRIL MIENTE. A su turno, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que el gerente general de la empresa Pomalca, Antonio Becerril, "miente" cuando afirma que ha abonado más de 28 millones de nuevos soles en impuestos el 2010.
"Quieren robarse la empresa, quedarse con ella sin plata. Quieren tirarse la compañía en el último año de Gobierno con la ayuda de un juez corrupto de La Libertad", expresó.
Sostuvo que la Ley de Protección Patrimonial ya no se puede promulgar porque el plazo ya venció, y en todo "habría que hacer una nueva Ley".
ADMINISTRACIÓN INADECUADA E INJUSTA. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García, señaló que las empresas azucareras tienen la obligación ineludible de pagar las remuneraciones, deudas laborales y sociales que mantienen con sus trabajadores, como consecuencia de una conducción empresarial inadecuada e injusta.
Exhortó a los trabajadores azucareros a no caer en el juego de las empresas que tratan de mostrarse como víctimas de una situación que ellas mismas han generado.
"La solución la da el Gobierno al plantear la venta de las acciones del Estado en Pomalca, Tumán y Cayaltí con el fin de contar con los recursos para pagar inmediatamente lo que se adeuda a los trabajadores", agrega.
Ocho ómnibus con supuestos trabajadores de Pomalca y Tumán partieron anoche a Lima con la consigna de marchar y protestar hoy contra el presidente de Alan García y demandar la aprobación de la insistencia a la "Ley Oviedo".
LAMBAYEQUE | CHICLAYO. Ante la falta de garantías y seguridad, la segunda convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A fue suspendida. Unas 200 personas se apostaron en el acceso al local de lombricultura e impidieron que representantes de la Asociación de Jubilados, Viudas, Herederos, Asociación de Acreedores de Adeudos Laborales y CTS, Trabajadores, así como el representante del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), José Peña Valdivia, ingresen al local para desarrollar la junta empresarial.
Bernardino Céspedes Paz, abogado de los jubilados, sostuvo que la cita era para revocar a los miembros del directorio, así como designar a los nuevos integrantes de dicho grupo. También se iba escuchar el informe de administración con referencia a la información solicitada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), y cumplir con el proceso de venta de las acciones del Estado.
Junto a los dirigentes llegó también el notario público José Caballero y un representante del Ministerio Público, quienes al ver que sujetos con los rostros cubiertos con trapos amenazaban con intranquilizar el momento, optaron por suspender la reunión.
NUEVA CITA. José Peña, representante de Fonafe, sostuvo que la Junta de Accionistas se tenía que desarrollar sí o sí porque de acuerdo a la Ley Genera de Sociedades (26887) se iba a remover al directorio al haber cumplido su periodo, así como cambiar a los 3 representantes del Estado y someterlos a una investigación.
Explicó que una nueva reunión se desarrollará en 20 días hábiles, pero en esta ocasión la convocatoria la hará Fonafe y en un lugar neutral donde se invitará a todos los involucrados, así como al Grupo Oviedo, quienes tienen el 12% de las acciones de la azucarera.
BECERRIL MIENTE. A su turno, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que el gerente general de la empresa Pomalca, Antonio Becerril, "miente" cuando afirma que ha abonado más de 28 millones de nuevos soles en impuestos el 2010.
"Quieren robarse la empresa, quedarse con ella sin plata. Quieren tirarse la compañía en el último año de Gobierno con la ayuda de un juez corrupto de La Libertad", expresó.
Sostuvo que la Ley de Protección Patrimonial ya no se puede promulgar porque el plazo ya venció, y en todo "habría que hacer una nueva Ley".
ADMINISTRACIÓN INADECUADA E INJUSTA. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García, señaló que las empresas azucareras tienen la obligación ineludible de pagar las remuneraciones, deudas laborales y sociales que mantienen con sus trabajadores, como consecuencia de una conducción empresarial inadecuada e injusta.
Exhortó a los trabajadores azucareros a no caer en el juego de las empresas que tratan de mostrarse como víctimas de una situación que ellas mismas han generado.
"La solución la da el Gobierno al plantear la venta de las acciones del Estado en Pomalca, Tumán y Cayaltí con el fin de contar con los recursos para pagar inmediatamente lo que se adeuda a los trabajadores", agrega.
Fuente: Diario Correo Perú
26 de Enero del 2011
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