RINCÓN DEL AUTOR

Burla sobre burla

Por: Jaime De Althaus Guarderas

Viernes 25 de Febrero del 2011

Los decretos de urgencia son leyes que no pueden darse por cualquier motivo y menos para beneficiar potencialmente a un grupo que se ha burlado del Estado Peruano. Según la Constitución, los decretos de urgencia son “medidas extraordinarias” con fuerza de ley que el Ejecutivo puede dictar “cuando así lo requiere el interés nacional”, y no, por supuesto, el interés particular. Y eso es lo que ha ocurrido con aquel que ha sido dado para transferir las acciones del Estado a los trabajadores del las empresas azucareras Pomalca y Tumán, un verdadero abuso de derecho indefendible por donde se lo mire.
En primer lugar, porque se está disponiendo de recursos de todos los peruanos, de los contribuyentes, de Essalud, de la ONP, para regalárselos a los trabajadores de tres empresas. Una gracia como esa no puede ser dispuesta por imperio del Ejecutivo, por sí y ante sí, porque estaríamos ante un caso de patrimonialismo puro: el gobernante cree que los recursos –ya ni siquiera de la nación sino de los ciudadanos– son suyos, y puede disponer de ellos como le da su real gana. Ni siquiera patrimonialismo: robo, mondo y lirondo. Una gracia como esa, repetimos, de darse, solo podría ser otorgada –y, acaso, ni aun así– por el Congreso, que representa a los ciudadanos. El Congreso debe revisar esta norma.
En segundo lugar, porque a nadie se le escapa que esta era la solución deseada por el Grupo Oviedo, que tendrá ahora la oportunidad de ir comprando acciones a los trabajadores a precios de necesidad. La medida apunta, pues, en última instancia, a beneficiar a un grupo que, como decíamos, se ha burlado del Estado, porque ha aprovechado el inaudito privilegio de la protección patrimonial para que Pomalca y Tumán sigan acumulando deudas con la Sunat, Essalud y la ONP mientras las empresas comercializadoras de estas personas acumulaban ingentes ganancias, como ha demostrado con clarísimos números el congresista Víctor Andrés García Belaunde. El Estado premia a quien lo ha engañado. Burla sobre burla.
Además, al no vender el Estado su parte a terceros inversionistas con verdadera capacidad económica, permite que los Oviedo sigan controlando esas empresas e impide que ellas se recapitalicen realmente. Ellas seguirán acumulando deuda pese a los altísimos precios del azúcar, para lo que siguen y seguirán pidiendo protección patrimonial, mientras las comercializadoras se seguirán enriqueciendo. No es posible que los intereses políticos clientelistas del Gobierno y del Partido Nacionalista –que en esto se han coludido– dispongan así de recursos de todos los peruanos en las mejores tierras del Perú.

Fuente: Diario El Comercio
Lima, Viernes 25 de Febrero de 2011