Primera vicepresidenta y parlamentaria también evitó intervención judicial en febrero pasado. Su hermano entró a trabajar en Tumán días después de la aprobación de ‘Ley Oviedo’ en Congreso.
La legisladora oficialista no quería el cambio de administración en la azucarera. (Difusión)
Fabiola Vallefvalle@peru21.com
Ocho meses después de la aprobación de la controvertida ‘Ley Oviedo’, el tema es puesto otra vez sobre el tapete al conocerse que la hoy vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza Cruz,
una de las principales promotoras –dentro de la bancada nacionalista– de la insistencia para la ampliación de Ley de Protección Patrimonial de las Empresas Azucareras, tendría vínculos con el ingenio de Tumán, lo que pondría en evidencia un posible conflicto de intereses.
Coincidentemente, en mayo de este año –pocos días después de la promulgación de la cuestionada norma por parte del Congreso–,
Jorge Espinoza Cruz, piurano, hermano de la parlamentaria, ingresó a trabajar al área de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente de la azucarera chiclayana Tumán, que es administrada por el grupo Oviedo.
Prueba de ello es que los pagos de aportaciones a Essalud los hacía Agroindustrial Tumán S.A.A. El pariente de la legisladora también
figura en la relación de trabajadores de esa empresa que se sometieron a exámenes médicos rutinarios en el hospital Tumán, en setiembre pasado. A mediados de octubre, tras estallar el caso Chehade, Jorge Espinoza dejó de asistir a la planta.
LA HISTORIAEn la época de la campaña electoral, Marisol Espinoza, entonces vocera del Partido Nacionalista,
buscó vehementemente que las empresas Tumán y Pomalca consiguieran la ampliación de la polémica Ley de Protección Patrimonial, que otorgaba al Grupo Oviedo un plazo de 17 años para que pagara sus cuantiosas deudas al Estado y a los trabajadores a través del Indecopi.
Su más notable participación fue cuando, en enero de 2011,
en su calidad de secretaria de la Comisión Agraria, defendió la ampliación de la Ley 29299 y exigió que, por insistencia, el Pleno aprobara el proyecto de ley –observado por el Ejecutivo– que planteaba establecer medidas para viabilizar el régimen de las empresas azucareras.
Incluso, el 11 de febrero, a través de un documento, la actual vicepresidenta le solicitó al entonces presidente del Parlamento, César Zumaeta, que
convocara nada menos que a una sesión extraordinaria –en pleno proceso electoral– con el fin de debatir la insistencia de la aprobación del proyecto de ley 4363.
Finalmente, luego de la primera vuelta se produjo la reunión del Pleno del Congreso.
El 20 de abril se aprobó el dictamen que se convirtió en la Ley 29678, la cual amplía la Ley de Protección Patrimonial hasta el presente mes.
INTROMISIÓNCabe recordar que
el vínculo entre Espinoza y los azucareros comenzó en junio de 2010, cuando la legisladora y vocera del Partido Nacionalista participó en el Congreso Nacional de la Industrial Azucarera. Es allí donde empieza su relación con el Grupo Oviedo.
Extrañamente,
el pasado 14 de febrero, la parlamentaria intervino en la diligencia judicial de Tumán, a favor del Grupo Oviedo, para evitar el cambio de la administración a favor de un grupo de demandantes representado por César Sandoval.
Inclusive participó en la reunión de los directivos de dicha compañía para impedir que el juez cumpliera el mandato judicial. Ese día,
Espinoza denunció que era un “faenón” el envío de un juez de otra jurisdicción para ejecutar la medida.
Debido a esa participación,
el extrabajador César Sandoval Lozada denunció a la congresista ante la Comisión de Ética del Legislativo. Sin embargo, no tuvo respuesta alguna.
NO RESPONDENPerú21 se comunicó con el área de prensa del Grupo Oviedo para que nos informara acerca de la contratación de Jorge Espinoza pero, a pesar de la insistencia,
no nos respondieron.
Asimismo, en varias oportunidades
llamamos por teléfono a la vicepresidenta, pero no pudimos entablar comunicación. Le dejamos el mensaje con su asesora de prensa, pero tampoco nos contestaron.
LA PROTECCIÓN AL GRUPO OVIEDO
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La Ley 28885 se dio en el año 2006, promovida por Javier Velásquez.
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La Ley 29299 fue impulsada por el aprista Arturo Alegría y aprobada en el Pleno durante la presidencia de Javier Velásquez.
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La Ley 29388, sobre la compra preferencial de las acciones del Estado por los trabajadores, fue promovida por Fredy Otárola y por la bancada aprista.
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La Ley 29678 fue aprobada en el Congreso, por insistencia, con el respaldo principal de nacionalistas y de apristas.
DATOS
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En 2010, la deuda de Pomalca y Tumán sumaba S/.726 millones.
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En 2003, la deuda era de S/.63 millones y se ha incrementado pese a que cuenta con protección contra acreedores para fortalecer su patrimonio.
Fuente: Diario Peru21
Lima, Viernes 09 de Diciembre de 2011
