La observación presidencial también refiere que el cronograma de pagos y obligaciones no sólo debe ser entregado a la Comisión integrada por Indecopi y la Sunat por parte de la empresa azucarera, sino también por los acreedores, mediante un consenso.
LAMBAYEQUE | CHICLAYO. Acompañado de un duro cuestionamiento, el presidente Alan García observó la extensión de la Ley de Protección Patrimonial o más conocida como "Ley Oviedo", con lo cual deja sin ninguna protección a las empresas azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí.
El documento refrendado ayer por el presidente García, expone 8 puntos por los cuales no está de acuerdo con la norma, la cual en un momento fuera impulsada fervorosamente por un congresista de su bancada aprista, Jorge Del Castillo.
LOS ARGUMENTOS. Alan García expone que la norma de Protección Patrimonial fue creada por 12 meses y se ha extendido por 7 años; "sin embargo, hasta ahora no ha podido sanear las empresas".
Aquí se refiere a que pese al tiempo, las azucareras continúan con deudas a los trabajadores y al mismo Estado.
Por otro lado, el mandatario señala que dicha ley "contraviene el artículo 60 de la Constitución que exige un igual trato a las empresas".
Esto significa que no puede existir una protección a ciertas entidades, mientras que las demás trabajan sin ningún beneficio.
DINERO PARA DEUDAS. El titular del Poder Ejecutivo manifiesta que la venta servirá para el pago de las deudas laborales. "Además, extender la Ley serviría para que se incrementen dichas deudas y retrasaría el cobro de obligaciones laborales".
¿NO LE VENDERÁN A GLORIA? Un punto interesante que expone Alan García es que, según la observación, el Estado "no permitirá monopolios" y esto será una exigencia en la venta. "Se evitará que compren empresas que ya tienen tierras como las del valle Chicama (como Gloria)".
García Pérez continúa y profiere que la "Ley Oviedo" "no garantiza la venta de las azucareras". Todo lo contrario, "generaría incentivos para retrasar la transferencia, con lo cual los actuales administradores podrían continuar indefinidamente en su gestión, sin que el Estado pueda transferir sus acciones. La norma carece de justificación técnica. Generará pérdidas importantes al Estado y no se aprovechará el mayor valor que actualmente tienen las azucareras debido al alto valor del azúcar a nivel nacional e internacional".
FRENAN A TRABAJADORES. Y si Gloria no podría comprar la azucarera, los trabajadores tampoco tendrían posibilidades de adquirir acciones.
Sucede que Alan García califica como un imposible jurídico que un trabajador quiera "compensar" el costo de las acciones a través de lo que se le adeuda.
Y es que dicha deuda no es por parte del Estado al trabajador, sino de la azucarera al obrero, por lo cual el Gobierno necesita cobrar en efectivo por las acciones.
Además, García expone que el dinero recolectado con la subasta de las acciones servirá para pagarles, justamente, las deudas a los mismos trabajadores, así como a EsSalud y la ONP.
POSTERGA LA REESTRUCTURACIÓN.
Finalmente, en otro punto del documento se lee que la "Ley Oviedo" "posterga la urgente reestructuración de las empresas agrarias azucareras".
Impide -manifiesta Alan García- el inicio de un proceso de inversión que se requiere para incrementar aceleradamente la producción y lograr abastecer el mercado nacional que se encuentra deficientemente abastecido.
Fuente: Diario Correo Perú
Lambayeque, Miércoles 05 de Enero de 2011
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