Grupo Oviedo responde que TC declaró que ley era constitucional. Proyecto fue promovido en el Congreso por la bancada aprista
Como era previsible, el Poder Ejecutivo devolvió ayer al Congreso el proyecto de ley que ampliaba por un año la protección patrimonial a las empresas azucareras en las que el Estado mantiene acciones, una posición que se contrapone a la defensa de la medida que ejerció la bancada aprista en el Congreso.
Entre sus principales observaciones a la propuesta figuran el trato discriminatorio a favor de Pomalca, Tumán y Cayaltí, lo que “perenniza el dominio de grupos con escasa participación en el capital social, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son también de su propiedad. Por ello es inconstitucional”. Esto último en relación a la administración judicial del grupo Oviedo en Pomalca y Tumán.
También cuestiona que se amplíe el plazo de la venta de las acciones del Estado, pero que no se obligue a los administradores de las azucareras a remitir la información que requiere Pro Inversión para la valorización respectiva. Al respecto, el organismo ha criticado que el grupo Oviedo no ha facilitado el flujo de información económica y legal.
Otra parte del documento indica que la ampliación incrementará las deudas de las empresas azucareras y retrasará el cobro de las obligaciones laborales, sociales y tributarias ya vencidas. Además, considera que el procedimiento concursal del Indecopi es el mecanismo más eficiente y equitativo para resolver los problemas de las empresas insolventes.
Sobre el procedimiento actual, cuestiona que sea la empresa azucarera –y no sus acreedores– la que diseñe el cronograma de pagos.
También refiere que el Estado, a través de Pro Inversión y el Indecopi, “impedirá que se beneficie con la venta de las acciones del Estado a grupos que tienen una posición dominante en la propiedad de la tierra destinada a la caña de azúcar en otros valles, como el valle de Chicama”. Cabe mencionar que el grupo Gloria está asentado en esta zona agrícola.
“Esa será la condición básica en la venta de las acciones. No se permitirá el monopolio”, agrega el documento firmado por el presidente Alan García y la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
RESPALDO DEL TC
El asesor legal de Pomalca, José Carlos Isla, apuntó que existen dos resoluciones del Tribunal Constitucional que respaldan la constitucionalidad de la medida.
Mencionó que una de ellas destaca que “el legislador (entendido como el Congreso) pretendió salvaguardar bienes jurídico-constitucionales más valiosos o de mayor trascendencia que los que en apariencia se estaban vulnerando”. Además, consideró que si la ampliación del régimen de protección patrimonial fuera inconstitucional, el presidente no hubiera firmado la Ley 29299, que lo prorrogó durante el 2009 y 2010.
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú, Demetrio Ruiz, afirmó que la observación sería una venganza del Ejecutivo por la medida cautelar que postergó la venta de las acciones del Estado en Cayaltí, programada para el pasado 30 de diciembre.
Dijo que hoy definirán las medidas de protesta contra la observación de la norma.
Fuente: Diario El Comercio Perú
Lima, 05 de Enero de 2011
Entre sus principales observaciones a la propuesta figuran el trato discriminatorio a favor de Pomalca, Tumán y Cayaltí, lo que “perenniza el dominio de grupos con escasa participación en el capital social, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son también de su propiedad. Por ello es inconstitucional”. Esto último en relación a la administración judicial del grupo Oviedo en Pomalca y Tumán.
También cuestiona que se amplíe el plazo de la venta de las acciones del Estado, pero que no se obligue a los administradores de las azucareras a remitir la información que requiere Pro Inversión para la valorización respectiva. Al respecto, el organismo ha criticado que el grupo Oviedo no ha facilitado el flujo de información económica y legal.
Otra parte del documento indica que la ampliación incrementará las deudas de las empresas azucareras y retrasará el cobro de las obligaciones laborales, sociales y tributarias ya vencidas. Además, considera que el procedimiento concursal del Indecopi es el mecanismo más eficiente y equitativo para resolver los problemas de las empresas insolventes.
Sobre el procedimiento actual, cuestiona que sea la empresa azucarera –y no sus acreedores– la que diseñe el cronograma de pagos.
También refiere que el Estado, a través de Pro Inversión y el Indecopi, “impedirá que se beneficie con la venta de las acciones del Estado a grupos que tienen una posición dominante en la propiedad de la tierra destinada a la caña de azúcar en otros valles, como el valle de Chicama”. Cabe mencionar que el grupo Gloria está asentado en esta zona agrícola.
“Esa será la condición básica en la venta de las acciones. No se permitirá el monopolio”, agrega el documento firmado por el presidente Alan García y la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
RESPALDO DEL TC
El asesor legal de Pomalca, José Carlos Isla, apuntó que existen dos resoluciones del Tribunal Constitucional que respaldan la constitucionalidad de la medida.
Mencionó que una de ellas destaca que “el legislador (entendido como el Congreso) pretendió salvaguardar bienes jurídico-constitucionales más valiosos o de mayor trascendencia que los que en apariencia se estaban vulnerando”. Además, consideró que si la ampliación del régimen de protección patrimonial fuera inconstitucional, el presidente no hubiera firmado la Ley 29299, que lo prorrogó durante el 2009 y 2010.
Por su parte, el presidente de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú, Demetrio Ruiz, afirmó que la observación sería una venganza del Ejecutivo por la medida cautelar que postergó la venta de las acciones del Estado en Cayaltí, programada para el pasado 30 de diciembre.
Dijo que hoy definirán las medidas de protesta contra la observación de la norma.
Fuente: Diario El Comercio Perú
Lima, 05 de Enero de 2011
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