No al uso de trabajadores como escudos

Editorial Diario El Comercio
Sección Economía, Lima Jueves 13 de Enero de 2011

Los controvertidos casos de las azucareras y de Doe Run tienen que ser evaluados como desviaciones de un régimen de mercado saludable y competitivo, que no podemos seguir permitiendo.
En un mercado de libre competencia, la supervivencia de una empresa está determinada por su capacidad de ofrecer a los consumidores un producto o servicio que colme sus expectativas. Y cuando una empresa es exitosa con una propuesta de valor, el mercado activa un círculo virtuoso que tiene una serie de impactos beneficiosos, como el generar trabajo decente.
Desafortunadamente, los mercados no siempre permiten la libre competencia ni las empresas son siempre exitosas. Un ejemplo es el mercado azucarero peruano, donde, a pesar de haber impuesto el Estado un régimen de protección patrimonial claramente discriminatorio y anticompetitivo, las empresas favorecidas siguen gestionándose de manera calamitosa.
En condiciones normales, cuando una compañía se gestiona mal, el mercado tiende a expectorarla, lo que es siempre trágico, pues implica que algunas personas se quedarán sin trabajo. Pero eso no le da derecho a ningún empresario a pedirle prebendas mercantilistas al Gobierno bajo la excusa –y amenaza de acciones más violentas– de que, de no recibirlas, sus trabajadores se quedarán sin trabajo.
Lamentablemente, es una mala costumbre de algunas empresas que victimizan a sus trabajadores para que el Gobierno interceda por ellas e impida que se vayan a la quiebra. Doe Run Perú lo quiso hacer antes y ahora pretenden hacerlo las azucareras, a las cuales no se les prorrogó la absurda protección patrimonial.
Tal amenaza es intolerable. Cuando una empresa grande quiebra y se pierden empleos, sin duda hay un costo social que todos quisiéramos evitar. Sin embargo, la forma en que el Gobierno debe enfrentarlo es asegurando que el mercado tenga el dinamismo económico suficiente para reincorporar a esas personas. Pero, en ningún caso ello debe implicar favorecer a algunas empresas que, por su mala gestión, no merecen seguir operando.
Aprendamos la lección de la última crisis financiera estadounidense: no instauremos regímenes legales que hagan que algunas empresas sean “muy grandes para quebrar” (‘too big to fail’), al punto de que el Estado tenga que salir a su rescate incluso cuando se manejen de manera inapropiada o inmoral.