Discrepancia. Velásquez Quesquén considera precipitada venta de acciones. García Belaunde: “Es una ley tramposa”. Mulder: “Hay grupos que ejercen presión”. Abugattás: “Quieren favorecer a los pillos, amigos del gobierno”.
Por Magda Quispe.
Continúa la pugna por la reciente aprobación del dictamen que amplía la protección patrimonial a las empresas azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí.
El congresista Andrés García Belaúnde, junto a otro grupo de legisladores, ratificó a La República su posición para pedir la reconsideración de la votación del pasado jueves.
García Belaunde fue el primer congresista en solicitarlo, inmediatamente después de la sesión del Pleno del jueves. El parlamentario sostiene que es necesario que se tome conciencia respecto a la votación de esta ley.
“Es una ley tramposa que atenta contra la credibilidad del país y su estabilidad jurídica porque le permite al grupo Oviedo continuar manejando dos empresas sin ser propietario. También es una ley que permite el perro muerto, por lo que hay mucha gente que está haciendo cola por querer cobrar sus acreencias, premia a los deudores y castiga a los acreedores”, dijo.
De no aceptarse la reconsideración de la votación en el Legislativo, dijo que la autógrafa debe ser observada por el Ejecutivo para que retorne al Parlamento.
Presión de grupos económicos
A la reconsideración se sumó el legislador aprista Mauricio Mulder, quien afirma que hay grupos económicos que han estado presionando la aprobación de esta norma.
“Esta es una ley de rescate financiero que les genera una especie de blindaje a tres empresas con la finalidad de que no paguen seguro social, acreencias, impuestos, y a los trabajadores con la excusa de que si lo hacen quebrarían, pero en el fondo están haciendo dinero. Tiene que haber igualdad en el proceso económico del país porque si es así cualquiera gana plata”, enfatizó.
Suspendan venta de acciones
El legislador Daniel Abugattás consideró que debe suspenderse la venta de las acciones del Estado ya que es absurdo su remate solo “para favorecer a los pillos, amigos del gobierno. Lo que se está buscando es forzar la figura y pedir que se promulgue la ley para que al final se rematen las acciones del Estado. Existen lobbies que buscan regalarlos, pero se debe proteger los intereses del Estado y de los trabajadores ”, sostuvo.
La venta es precipitada
A su vez, el ex premier Javier Velásquez Quesquén instó a que Proinversión cumpla con su responsabilidad como institución de mantener informados a los trabajadores sobre la venta de las acciones.
“En Cayaltí hay gran zozobra de los trabajadores porque no están informados y eso es responsabilidad de Proinversión. Es muy precipitado vender las acciones; debe hacerse una venta con mucha transparencia porque si no podrían generarse hechos de violencia en la zona”, adelantó Velásquez.
Salen en defensa de lo aprobado.
El vicepresidente de la asociación de trabajadores de Pomalca para la compra de las acciones del Estado, Artemio Mondragón, afirmó que la aprobación de la ampliación patrimonial favorece a 30 mil familias azucareras.
”No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque defenderemos esta ley. Desde este martes próximo vamos a hacer movilizaciones en Chiclayo porque no permitiremos que congresistas desleales se opongan”, afirmó.
Asimismo precisó que el jueves próximo se trasladarán a Lima para las movilizaciones. “Defenderemos esta ley cueste lo que cueste”, señaló.
Fuente: Diario La República, Perú
Dom, 05/12/2010 - 08:56
Por Magda Quispe.
Continúa la pugna por la reciente aprobación del dictamen que amplía la protección patrimonial a las empresas azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí.
El congresista Andrés García Belaúnde, junto a otro grupo de legisladores, ratificó a La República su posición para pedir la reconsideración de la votación del pasado jueves.
García Belaunde fue el primer congresista en solicitarlo, inmediatamente después de la sesión del Pleno del jueves. El parlamentario sostiene que es necesario que se tome conciencia respecto a la votación de esta ley.
“Es una ley tramposa que atenta contra la credibilidad del país y su estabilidad jurídica porque le permite al grupo Oviedo continuar manejando dos empresas sin ser propietario. También es una ley que permite el perro muerto, por lo que hay mucha gente que está haciendo cola por querer cobrar sus acreencias, premia a los deudores y castiga a los acreedores”, dijo.
De no aceptarse la reconsideración de la votación en el Legislativo, dijo que la autógrafa debe ser observada por el Ejecutivo para que retorne al Parlamento.
Presión de grupos económicos
A la reconsideración se sumó el legislador aprista Mauricio Mulder, quien afirma que hay grupos económicos que han estado presionando la aprobación de esta norma.
“Esta es una ley de rescate financiero que les genera una especie de blindaje a tres empresas con la finalidad de que no paguen seguro social, acreencias, impuestos, y a los trabajadores con la excusa de que si lo hacen quebrarían, pero en el fondo están haciendo dinero. Tiene que haber igualdad en el proceso económico del país porque si es así cualquiera gana plata”, enfatizó.
Suspendan venta de acciones
El legislador Daniel Abugattás consideró que debe suspenderse la venta de las acciones del Estado ya que es absurdo su remate solo “para favorecer a los pillos, amigos del gobierno. Lo que se está buscando es forzar la figura y pedir que se promulgue la ley para que al final se rematen las acciones del Estado. Existen lobbies que buscan regalarlos, pero se debe proteger los intereses del Estado y de los trabajadores ”, sostuvo.
La venta es precipitada
A su vez, el ex premier Javier Velásquez Quesquén instó a que Proinversión cumpla con su responsabilidad como institución de mantener informados a los trabajadores sobre la venta de las acciones.
“En Cayaltí hay gran zozobra de los trabajadores porque no están informados y eso es responsabilidad de Proinversión. Es muy precipitado vender las acciones; debe hacerse una venta con mucha transparencia porque si no podrían generarse hechos de violencia en la zona”, adelantó Velásquez.
Salen en defensa de lo aprobado.
El vicepresidente de la asociación de trabajadores de Pomalca para la compra de las acciones del Estado, Artemio Mondragón, afirmó que la aprobación de la ampliación patrimonial favorece a 30 mil familias azucareras.
”No nos vamos a quedar de brazos cruzados porque defenderemos esta ley. Desde este martes próximo vamos a hacer movilizaciones en Chiclayo porque no permitiremos que congresistas desleales se opongan”, afirmó.
Asimismo precisó que el jueves próximo se trasladarán a Lima para las movilizaciones. “Defenderemos esta ley cueste lo que cueste”, señaló.
Fuente: Diario La República, Perú
Dom, 05/12/2010 - 08:56
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