El camino más eficiente, como lo indica la propia observación, es el procedimiento concursal en el Indecopi…
En buena hora el presidente Alan García se animó a decir las cosas por su nombre y calificar de tratamiento discriminatorio e inconstitucional el régimen de protección patrimonial del cual gozan las empresas azucareras en las cuales el Estado es accionista.
Entre los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para observar la autógrafa de la ley congresal que pretendía prorrogar dicho régimen, se subraya que este “se ha convertido en un sistema paralelo, más laxo e imperfecto, al actual sistema concursal”. Por ello, concluye que es discriminatorio con relación al resto de empresas que no gozan de un sistema de beneficios similar.
Aparte de contravenir el art. 60 de la Constitución, que exige un mismo tratamiento legal para “la actividad empresarial, pública o privada” y el 103, que prohíbe dar leyes con nombre propio, se indica que la protección patrimonial “perennizará el dominio de grupos con escasa participación en el capital social, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son también de su propiedad”.
Sobre este último punto, el grupo Oviedo, el administrador de las empresas Pomalca y Tumán a quien se alude tácitamente, no ha esclarecido las razones por las que vende a bajo precio las bolsas de azúcar a sus empresas comercializadoras, de tal manera que estas últimas se llevan todo el margen de ganancias y no las propias azucareras con deudas millonarias y en proceso de salir del hoyo.
En respuesta, el grupo Oviedo ha recordado que el mismo García ya firmó en dos oportunidades leyes de prórroga para este régimen discriminatorio. Pero, es claro que hoy la situación es diferente: la economía del país es otra, el agro genera miles de millones y los precios locales del azúcar han mejorado notablemente los rangos de utilidad de las empresas del sector.
El camino más eficiente, como lo indica la propia observación, es el procedimiento concursal en el Indecopi, que protege a todos los acreedores y prioriza el pago de deudas laborales.
Sin embargo, no todo está dicho. La Comisión Agraria intenta ratificar su propuesta inicial, sin allanarse a las observaciones del Ejecutivo, y busca que la Comisión Permanente la ponga a votación de inmediato, lo que sería negativo y contraproducente. Esperamos que la decisión final sea coherente con nuestra Constitución y no prorrogue regímenes discriminatorios.
Fuente: Editorial Diario el Comercio
Entre los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo para observar la autógrafa de la ley congresal que pretendía prorrogar dicho régimen, se subraya que este “se ha convertido en un sistema paralelo, más laxo e imperfecto, al actual sistema concursal”. Por ello, concluye que es discriminatorio con relación al resto de empresas que no gozan de un sistema de beneficios similar.
Aparte de contravenir el art. 60 de la Constitución, que exige un mismo tratamiento legal para “la actividad empresarial, pública o privada” y el 103, que prohíbe dar leyes con nombre propio, se indica que la protección patrimonial “perennizará el dominio de grupos con escasa participación en el capital social, mínima inversión y posición privilegiada para la comercialización del producto a través de empresas que son también de su propiedad”.
Sobre este último punto, el grupo Oviedo, el administrador de las empresas Pomalca y Tumán a quien se alude tácitamente, no ha esclarecido las razones por las que vende a bajo precio las bolsas de azúcar a sus empresas comercializadoras, de tal manera que estas últimas se llevan todo el margen de ganancias y no las propias azucareras con deudas millonarias y en proceso de salir del hoyo.
En respuesta, el grupo Oviedo ha recordado que el mismo García ya firmó en dos oportunidades leyes de prórroga para este régimen discriminatorio. Pero, es claro que hoy la situación es diferente: la economía del país es otra, el agro genera miles de millones y los precios locales del azúcar han mejorado notablemente los rangos de utilidad de las empresas del sector.
El camino más eficiente, como lo indica la propia observación, es el procedimiento concursal en el Indecopi, que protege a todos los acreedores y prioriza el pago de deudas laborales.
Sin embargo, no todo está dicho. La Comisión Agraria intenta ratificar su propuesta inicial, sin allanarse a las observaciones del Ejecutivo, y busca que la Comisión Permanente la ponga a votación de inmediato, lo que sería negativo y contraproducente. Esperamos que la decisión final sea coherente con nuestra Constitución y no prorrogue regímenes discriminatorios.
Fuente: Editorial Diario el Comercio
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