Juan Carlos Valdivia
COLUMNAS BIZANTINAS
LIMA | La supuesta solución que el gobierno pretende dar a la situación de las azucareras de Lambayeque en las que el Estado mantiene acciones significa una variación radical de lo que se venía sosteniendo públicamente y, en la práctica, ceder ante la presión del Grupo Oviedo y sus asalariados, para que ellos mantengan el control de dichas empresas.
Aquí cabe preguntarse: ¿quién generó la deuda impaga? Pues administraciones sucesivas de los mismos trabajadores (o avaladas por ellos). ¿Quién no pagó la deuda? El Grupo Oviedo, que como han demostrado investigaciones realizadas por la revista Poder y por el programa Panorama, ha estado acumulando ganancias en sus comercializadoras, manteniendo en estado de zozobra a las empresas azucareras. En el caso de Cayaltí, el caso es más grave. La complicidad de Yehude Simon, Alejandro Toledo y su ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski creó un fideicomiso en Cofide para administrar la empresa, que lo único que ha logrado es depreciarla y someterla al Grupo Oviedo, que industrializa y comercializa la caña que ahí se produce.
Entonces ¿por qué todos los peruanos tenemos que asumir los costos de esta operación condonando deudas y entregando acciones? Por un cambio producido en el gobierno aprista, que ha decidido que antes que aplicar la ley, es mejor entregar dichas empresas al control del Grupo Oviedo.
¿Cuánto valen las acciones que se pretende entregar a los trabajadores? Pues cero. Si las deudas de las empresas azucareras son superiores a su patrimonio, dichas empresas están técnicamente quebradas. Y deberían pasar por Indecopi para un proceso de reestructuración ordenado.
En todo caso, la solución al problema no estaba en ceder ante la presión de innumerables avisos pagados financiados por algún alma caritativa (pero ninguna entidad del Estado es capaz de investigar la procedencia de sus fondos), o de portadas compradas, congresistas sospechosamente diligentes y manifestaciones asalariadas. La solución estaba en aplicar la ley, y no en volver a crear una situación excepcional que sólo favorece a quienes han medrado de dichas empresas.
COLUMNAS BIZANTINAS
Diario Correo Perú, Miércoles 23 de Febrero de 2011
LIMA | La supuesta solución que el gobierno pretende dar a la situación de las azucareras de Lambayeque en las que el Estado mantiene acciones significa una variación radical de lo que se venía sosteniendo públicamente y, en la práctica, ceder ante la presión del Grupo Oviedo y sus asalariados, para que ellos mantengan el control de dichas empresas.Aquí cabe preguntarse: ¿quién generó la deuda impaga? Pues administraciones sucesivas de los mismos trabajadores (o avaladas por ellos). ¿Quién no pagó la deuda? El Grupo Oviedo, que como han demostrado investigaciones realizadas por la revista Poder y por el programa Panorama, ha estado acumulando ganancias en sus comercializadoras, manteniendo en estado de zozobra a las empresas azucareras. En el caso de Cayaltí, el caso es más grave. La complicidad de Yehude Simon, Alejandro Toledo y su ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski creó un fideicomiso en Cofide para administrar la empresa, que lo único que ha logrado es depreciarla y someterla al Grupo Oviedo, que industrializa y comercializa la caña que ahí se produce.
Entonces ¿por qué todos los peruanos tenemos que asumir los costos de esta operación condonando deudas y entregando acciones? Por un cambio producido en el gobierno aprista, que ha decidido que antes que aplicar la ley, es mejor entregar dichas empresas al control del Grupo Oviedo.
¿Cuánto valen las acciones que se pretende entregar a los trabajadores? Pues cero. Si las deudas de las empresas azucareras son superiores a su patrimonio, dichas empresas están técnicamente quebradas. Y deberían pasar por Indecopi para un proceso de reestructuración ordenado.
En todo caso, la solución al problema no estaba en ceder ante la presión de innumerables avisos pagados financiados por algún alma caritativa (pero ninguna entidad del Estado es capaz de investigar la procedencia de sus fondos), o de portadas compradas, congresistas sospechosamente diligentes y manifestaciones asalariadas. La solución estaba en aplicar la ley, y no en volver a crear una situación excepcional que sólo favorece a quienes han medrado de dichas empresas.
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