Miércoles 23 de Febrero de 2011
Sigue pues sin resolverse el problema de fondo. Por el contrario, se agrega nuevos ingredientes a un conflicto, sin pensar en…
En una medida populista, que no resuelve el problema de fondo de las azucareras ni de sus trabajadores y que termina perjudicando al país, el Gobierno decidió transferir las acciones que mantenía en las otrora cooperativas Pomalca, Tumán y Cayaltí a favor de los empleados y jubilados de esas empresas como pago de sus acreencias laborales.
Esas empresas tienen otras deudas millonarias tanto al sector privado como al Estado por impuestos y aportaciones a Essalud y a la ONP, que no han podido ser cobradas hasta ahora por el injusto sistema de protección patrimonial que las favorecía.
¿Quién gana y quién pierde? Como señalan los especialistas, el gran perdedor es el Estado y los peruanos que debemos asumir nuevamente los errores y abusos de otros –como se hizo en los 90 con las antiguas cooperativas azucareras–, con lo que se sienta un negativo precedente para la actividad empresarial.
Según el director del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Mario Gonzales, la entrega de acciones permitirá pagar deudas laborales por unos 79,2 millones de soles, es decir apenas el 28% del total. Y el mayor beneficiario sería el Grupo Oviedo, que tiene a su cargo la administración de Pomalca y Tumán, que se vería liberado de dichas deudas y podría adquirir, dada su ascendencia sobre las cúpulas de trabajadores, las acciones mencionadas.
Pero ni siquiera esta solución, presentada como alternativa a la desaparición de la protección patrimonial, satisface a los trabajadores que, actuando como mascarón de proa de grupos empresariales, insisten en que se les prolongue dicha protección.
Asimismo, llama la atención que el Ejecutivo vuelva a abusar de la figura de los decretos de urgencia para asumir deudas laborales de tres empresas, un problema estrictamente privado derivado de una mala gestión, en lugar de promover el ingreso de nuevos socios, serios y con capacidad financiera, que compitan en igualdad de condiciones para sanear las empresas.
Sigue pues sin resolverse el problema de fondo. Por el contrario, se agrega nuevos ingredientes a un conflicto, sin pensar en las consecuencias futuras. Reiteramos, por ello, la necesidad de una firme voluntad política del Gobierno y del Congreso para despolitizar el tema azucarero y poner punto final al injusto sistema de protección patrimonial. En momentos en que se abren más puertas para nuestra industria agroexportadora y de alimentos, urge afirmar la seguridad jurídica y dar señales de que somos un país estable, que respeta la ley y las reglas de juego para todos.
Esas empresas tienen otras deudas millonarias tanto al sector privado como al Estado por impuestos y aportaciones a Essalud y a la ONP, que no han podido ser cobradas hasta ahora por el injusto sistema de protección patrimonial que las favorecía.
¿Quién gana y quién pierde? Como señalan los especialistas, el gran perdedor es el Estado y los peruanos que debemos asumir nuevamente los errores y abusos de otros –como se hizo en los 90 con las antiguas cooperativas azucareras–, con lo que se sienta un negativo precedente para la actividad empresarial.
Según el director del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Mario Gonzales, la entrega de acciones permitirá pagar deudas laborales por unos 79,2 millones de soles, es decir apenas el 28% del total. Y el mayor beneficiario sería el Grupo Oviedo, que tiene a su cargo la administración de Pomalca y Tumán, que se vería liberado de dichas deudas y podría adquirir, dada su ascendencia sobre las cúpulas de trabajadores, las acciones mencionadas.
Pero ni siquiera esta solución, presentada como alternativa a la desaparición de la protección patrimonial, satisface a los trabajadores que, actuando como mascarón de proa de grupos empresariales, insisten en que se les prolongue dicha protección.
Asimismo, llama la atención que el Ejecutivo vuelva a abusar de la figura de los decretos de urgencia para asumir deudas laborales de tres empresas, un problema estrictamente privado derivado de una mala gestión, en lugar de promover el ingreso de nuevos socios, serios y con capacidad financiera, que compitan en igualdad de condiciones para sanear las empresas.
Sigue pues sin resolverse el problema de fondo. Por el contrario, se agrega nuevos ingredientes a un conflicto, sin pensar en las consecuencias futuras. Reiteramos, por ello, la necesidad de una firme voluntad política del Gobierno y del Congreso para despolitizar el tema azucarero y poner punto final al injusto sistema de protección patrimonial. En momentos en que se abren más puertas para nuestra industria agroexportadora y de alimentos, urge afirmar la seguridad jurídica y dar señales de que somos un país estable, que respeta la ley y las reglas de juego para todos.
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