En un primer momento el juez de Paz de Única Nominación de Picsi, Fernando Zurita Alejandría, programó la ejecución del cambio de administración judicial para el miércoles 9 de febrero. Sin embargo, no se realizó y fue reprogramada para hoy a las 9 de la mañana
LAMBAYEQUE | CHICLAYO. No sólo la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial le es esquiva al Grupo Oviedo hasta el momento, luego que el presidente de la República, Alan García Pérez, observara la autógrafa de la ley. Esta vez el Poder Judicial ordenó que la actual administración judicial de la empresa Tumán (manejada por el Grupo Oviedo) salga de esta azucarera y en su reemplazo ingrese una nueva administración que sería liderada por los propios trabajadores y accionistas.
LA ORDEN. Según la resolución número 1 de fecha 2 de febrero que obra en el expediente 086-2011-01, el juez del Juzgado Provincial Mixto de Utcubamba, Germán Auris Evangelista, decidió otorgar la medida cautelar a César Augusto Sandoval Lozada, a quien se le entrega de manera temporal la administración judicial a favor de José Antonio Lachira Fiestas, Frank Guevara Díaz y Edgard Armando Cayotopa Martínez, quienes asumirán las riendas de esta empresa de manera mancomunada.
Asimismo, el documento refiere que con la mencionada resolución queda anulado todo tipo de medida o pretensión judicial que intente nombrar una administración diferente a la anteriormente señalada.
YA ERA HORA. Jaime Collatón Chicana, abogado de los trabajadores que asumirían la nueva gestión, denunció que la administración judicial encabezada por Segundo Ordinola Zapata no ha cumplido con defender los intereses de la empresa, por el hecho de haber sido puesto por el Grupo Oviedo. "En cuanto la nueva administración asuma sus funciones será necesario hacer una auditoria y el arqueo respectivo de caja, puesto que no entendemos cómo es que a la fecha no se ha culminado de pagar la acreencia que tenia la empresa Tumán con el Grupo Oviedo, que era de aproximadamente cinco millones de soles", indicó.
Asimismo, Collatón indicó que la administración judicial que se le entregó al Grupo Oviedo fue para que cobre de alguna manera la acreencia que ellos compraron a Transportes Carranza. "Todos los acreedores no podían cobrar a Tumán, pero el Grupo Oviedo sí podía cobrar la acreencia que ellos le compraron a Transportes Carranza", reveló.
ES ILEGAL. En su defensa, el gerente legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, sostuvo que la orden judicial emitida por el juez Germán Auris es ilegal y fraudulenta. "Es ilegal porque fue concedida por un juez de la selva, cuando el demandado y el demandante tienen domicilio en Lambayeque. Y es fraudulenta porque pretenden ejecutar esta acción con un juez que no ha sido comisionado, y esto ha sido corroborado por el fiscal que ha iniciado las investigaciones del caso", señaló.
LA ORDEN. Según la resolución número 1 de fecha 2 de febrero que obra en el expediente 086-2011-01, el juez del Juzgado Provincial Mixto de Utcubamba, Germán Auris Evangelista, decidió otorgar la medida cautelar a César Augusto Sandoval Lozada, a quien se le entrega de manera temporal la administración judicial a favor de José Antonio Lachira Fiestas, Frank Guevara Díaz y Edgard Armando Cayotopa Martínez, quienes asumirán las riendas de esta empresa de manera mancomunada.
Asimismo, el documento refiere que con la mencionada resolución queda anulado todo tipo de medida o pretensión judicial que intente nombrar una administración diferente a la anteriormente señalada.
YA ERA HORA. Jaime Collatón Chicana, abogado de los trabajadores que asumirían la nueva gestión, denunció que la administración judicial encabezada por Segundo Ordinola Zapata no ha cumplido con defender los intereses de la empresa, por el hecho de haber sido puesto por el Grupo Oviedo. "En cuanto la nueva administración asuma sus funciones será necesario hacer una auditoria y el arqueo respectivo de caja, puesto que no entendemos cómo es que a la fecha no se ha culminado de pagar la acreencia que tenia la empresa Tumán con el Grupo Oviedo, que era de aproximadamente cinco millones de soles", indicó.
Asimismo, Collatón indicó que la administración judicial que se le entregó al Grupo Oviedo fue para que cobre de alguna manera la acreencia que ellos compraron a Transportes Carranza. "Todos los acreedores no podían cobrar a Tumán, pero el Grupo Oviedo sí podía cobrar la acreencia que ellos le compraron a Transportes Carranza", reveló.
ES ILEGAL. En su defensa, el gerente legal del Grupo Oviedo, José Carlos Isla Montaño, sostuvo que la orden judicial emitida por el juez Germán Auris es ilegal y fraudulenta. "Es ilegal porque fue concedida por un juez de la selva, cuando el demandado y el demandante tienen domicilio en Lambayeque. Y es fraudulenta porque pretenden ejecutar esta acción con un juez que no ha sido comisionado, y esto ha sido corroborado por el fiscal que ha iniciado las investigaciones del caso", señaló.
Fuente: Diario Correo Perú
Lambayeque, Viernes 11 de Febrero de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario