El presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta, sustentó el proyecto en mención. (USI)
La Comisión Agraria del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2011, que autoriza la transferencia de la participación del Estado en las empresas azucareras a favor de los trabajadores.
La iniciativa señala que los trabajadores, exobreros y jubilados, o sus sucesores, de las empresas azucareras no podrán transferir las acciones que fueron adquiridas, según lo establecido por el DU 008, dentro de los primeros 24 meses.
La propuesta fue multipartidaria y sustentada en la sesión por el congresista Mario Alegría (PAP), quien dijo que el DU 008 no era inconstitucional y lo que se buscaba – a través de la iniciativa presentada- era “ratificar” el citado decreto y establecer medidas complementarias a la norma.
El proyecto aprobado señala que luego de la transferencia de las acciones a favor de los trabajadores, exobreros y jubilados, si existiese una diferencia económica a favor del Estado, los beneficiados o sus sucesores tendrán un plazo de cinco años para poder cambiar la diferencia al órgano.
El congresista Víctor García Belaunde se expresó contrario a la propuesta porque, según dijo, se estaba favoreciendo al dueño de Pomalca, el Grupo Oviedo, que en solo cinco años tuvo una sobreutilidad de 117 millones de dólares por la venta de azúcar a un precio menor del que establece el mercado internacional. Afirmó que el 85% de las acciones que serían transferidos a los trabajadores sería adquirido por los empresarios.
La iniciativa señala que los trabajadores, exobreros y jubilados, o sus sucesores, de las empresas azucareras no podrán transferir las acciones que fueron adquiridas, según lo establecido por el DU 008, dentro de los primeros 24 meses.
La propuesta fue multipartidaria y sustentada en la sesión por el congresista Mario Alegría (PAP), quien dijo que el DU 008 no era inconstitucional y lo que se buscaba – a través de la iniciativa presentada- era “ratificar” el citado decreto y establecer medidas complementarias a la norma.
El proyecto aprobado señala que luego de la transferencia de las acciones a favor de los trabajadores, exobreros y jubilados, si existiese una diferencia económica a favor del Estado, los beneficiados o sus sucesores tendrán un plazo de cinco años para poder cambiar la diferencia al órgano.
El congresista Víctor García Belaunde se expresó contrario a la propuesta porque, según dijo, se estaba favoreciendo al dueño de Pomalca, el Grupo Oviedo, que en solo cinco años tuvo una sobreutilidad de 117 millones de dólares por la venta de azúcar a un precio menor del que establece el mercado internacional. Afirmó que el 85% de las acciones que serían transferidos a los trabajadores sería adquirido por los empresarios.
Fuente: Diario Peru21
Lima, Miércoles 09 de Marzo de 2011
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