CHIMBOTE | Entre los muchos argumentos esgrimidos en contra de los decretos de urgencia que priorizaban ciertas obras de infraestructura, he encontrado uno según el cual éstos tendrían por efecto "regalar" ciertos activos del Estado peruano. Otros incidían en la indeseable festinación de trámites ambientales; otros en la ocasión para la corrupción.
Sorprende, entonces, que el decreto de urgencia que pretende transferir las acciones del Estado a los trabajadores de las empresas azucareras haya suscitado mucho menor oposición, cuando dicha norma abiertamente regala activos estatales, favorece la festinación de todo tipo de trámites (los concursales por lo pronto), perenniza el statu quo en una industria "chicha" que incumple cuanta norma puede (desde financieras hasta ambientales) y muestra innumerables visos de mercantilismo y corrupción.
Los beneficios laborales y sociales de los trabajadores tienen que ser por cierto pagados, y con preferencia sobre otras acreencias, como establece la ley. Pero no por todos los peruanos, sino por las empresas empleadoras. Que se paguen con acciones estatales es un privilegio mercantilista en beneficio de los accionistas de las azucareras, con dinero que no pertenece a los políticos �ni al Presidente, ni a los ministros ni a los congresistas� sino a un Estado que se financia con nuestros impuestos, o sea, con la riqueza que producimos quienes trabajamos y competimos sin regímenes especiales de protección ni políticos que nos regalen plata.
Es, por tanto, una norma con nombre propio, expedida no en función de la naturaleza de las cosas sino de la diferencia de las personas; y por ello resulta inconstitucional. También es técnicamente inconstitucional que un decreto de urgencia transfiera propiedad, aunque con el abuso de decretos de urgencia perpetrado por este gobierno sospecho que no es la primera vez que ello ocurre.
En efecto, un decreto de urgencia es por definición una norma temporal (se justifica en una coyuntura pasajera); la propiedad es por naturaleza perpetua. Una medida urgente con efectos estructurales es un oxímoron.
Hay quienes han sugerido que este decreto ha sido una salida ingeniosa del gobierno para torcerle el brazo al Grupo Oviedo, que así dejaría de tener chantajeados a los trabajadores (que podrían venderle sus acciones a otro grupo). Otros han sugerido que el gobierno no ha transparentado toda la información que tiene disponible, y que un giro posterior en la coyuntura podría beneficiar a terceros que hoy no aparecen en el mapa. En cualquiera de tales supuestos, el fin no justifica los medios, y el decreto resulta igualmente vergonzoso.
Para ser más claro: beneficie al Grupo Oviedo, al Grupo Gloria o a quien sea, la política patrimonialista �como bien la ha calificado Jaime de Althaus� desplegada en este acto de gobierno resulta en cualquier caso repugnante. Este decreto merece oposición por principio, no en función de a quién beneficie.
Sorprende, entonces, que el decreto de urgencia que pretende transferir las acciones del Estado a los trabajadores de las empresas azucareras haya suscitado mucho menor oposición, cuando dicha norma abiertamente regala activos estatales, favorece la festinación de todo tipo de trámites (los concursales por lo pronto), perenniza el statu quo en una industria "chicha" que incumple cuanta norma puede (desde financieras hasta ambientales) y muestra innumerables visos de mercantilismo y corrupción.
Los beneficios laborales y sociales de los trabajadores tienen que ser por cierto pagados, y con preferencia sobre otras acreencias, como establece la ley. Pero no por todos los peruanos, sino por las empresas empleadoras. Que se paguen con acciones estatales es un privilegio mercantilista en beneficio de los accionistas de las azucareras, con dinero que no pertenece a los políticos �ni al Presidente, ni a los ministros ni a los congresistas� sino a un Estado que se financia con nuestros impuestos, o sea, con la riqueza que producimos quienes trabajamos y competimos sin regímenes especiales de protección ni políticos que nos regalen plata.
Es, por tanto, una norma con nombre propio, expedida no en función de la naturaleza de las cosas sino de la diferencia de las personas; y por ello resulta inconstitucional. También es técnicamente inconstitucional que un decreto de urgencia transfiera propiedad, aunque con el abuso de decretos de urgencia perpetrado por este gobierno sospecho que no es la primera vez que ello ocurre.
En efecto, un decreto de urgencia es por definición una norma temporal (se justifica en una coyuntura pasajera); la propiedad es por naturaleza perpetua. Una medida urgente con efectos estructurales es un oxímoron.
Hay quienes han sugerido que este decreto ha sido una salida ingeniosa del gobierno para torcerle el brazo al Grupo Oviedo, que así dejaría de tener chantajeados a los trabajadores (que podrían venderle sus acciones a otro grupo). Otros han sugerido que el gobierno no ha transparentado toda la información que tiene disponible, y que un giro posterior en la coyuntura podría beneficiar a terceros que hoy no aparecen en el mapa. En cualquiera de tales supuestos, el fin no justifica los medios, y el decreto resulta igualmente vergonzoso.
Para ser más claro: beneficie al Grupo Oviedo, al Grupo Gloria o a quien sea, la política patrimonialista �como bien la ha calificado Jaime de Althaus� desplegada en este acto de gobierno resulta en cualquier caso repugnante. Este decreto merece oposición por principio, no en función de a quién beneficie.
Fuente: Diario Correo Peru
Chimbote, 05 de Marzo de 2011
Editorial por Gonzalo Zegarra Mulanovich
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