Sin marcha atrás. Desde el punto de vista legal, y como el Poder Ejecutivo lo ha ratificado, la reactivación de la protección patrimonial a las empresas azucareras Tumán, Pomalca y Cayaltí va en contra de la Constitución, por lo cual la protesta actual de los trabajadores de esas empresas serían medidas de fuerza en vano, señaló el abogado César Luna Victoria, del estudio Rubio, Leguía y Normand.
Afirmó que las reuniones que ahora sostiene la Comisión Agraria del Congreso para evaluar si se amplía o no la protección a las azucareras pueden realizarse, pero luego correspondería otra vez al Poder Ejecutivo denunciar este hecho de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
“La inconstitucionalidad es que uno no puede dar normas especiales para tres empresas, las normas son generales”, explicó.
Añadió que si los trabajadores quieren una protección tienen que sujetarse a lo justo, que es acudir a Indecopi para obtenerla y no buscar una protección “especial” por parte del Congreso que evite el embargo de los bienes de la empresa.
“La ley del Indecopi permite una reestructuración de la empresa para sacarla de sus deudas. Pero para ello se tendrían que cambiar a los actuales administradores por acreedores. Los trabajadores están siendo utilizados por estos administradores que no quieren dejar la empresa a pesar de su deficiente desempeño”, dijo.
En este sentido, explicó que con la Ley de Indecopi y con la reestructuración se beneficiaria primordialmente a los trabajadores pues se garantiza el pago de planillas.
No hay embargos
De otro lado, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) descartó que se mantengan embargos en las cuentas bancarias de las tres empresas azucareras por la deuda tributaria, así que negó estar afectando el pago a los trabajadores o quitando operatividad de la empresa.
“Hemos procedido a un embargo de la cuenta de detracciones, la semana pasada, que sirve únicamente para pagar tributos, para poder asegurar el pago de IGV de manera adelantada, Esto no quita operatividad ni afecta el pago de planillas”, dijo la jefa de la Sunat, Nahil Hirsh.
Asimismo, EsSalud refirió que el embargo de los vehículos de la empresa Pomalca, efectuados el lunes pasado para garantizar el pago de la deuda, no afectará la operatividad de la empresa, puesto que se trata de vehículos inoperativos y no se ha embargado ninguna maquinaria. Además la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que no está facultada para realizar embargos, pues de ello se encarga Sunat.
Oviedo sólo cosechó deudas
Durante los más de siete años de protección patrimonial a estas empresas, éstas sólo han ido acumulando ganancias ya que habrían estado “pateando” sus ingresos a otros destinos y no a cubrir sus deudas.
Según la Sunat, la deuda tributaria total de las tres empresas azucareras en las que el Estado mantiene participaciones accionarias (Tumán, Pomalca y Cayaltí), asciende a S/. 229 millones. En el caso de Tumán la deuda tributaria es de S/. 106 millones, mientras que en Pomalca y Cayaltí la deuda es de S/. 104 millones y S/. 19 millones, respectivamente.
Fuente: Diario Expreso
Lima, Miércoles 19 de Enero de 2011
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