La representación congresal en pleno no puede dejarse sorprender y tiene que asumir su responsabilidad, ya que…
Nuevamente, la majestad e institucionalidad del Congreso es afectada con maniobras realmente escandalosas y deleznables, contrarias al interés del país, que le enajenan aun más la confianza ciudadana y exigen un pronunciamiento de las máximas autoridades de los poderes públicos.
¿Cómo es posible que, de modo sorpresivo y saltándose con la garrocha los procedimientos parlamentarios, un grupo de congresistas del Apra y del humalismo unan fuerzas para aprobar en una comisión el proyecto de ley que establece medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2001 y que daría un nuevo marco de protección patrimonial a un grupo de azucareras?
Más aun, resulta que, como el documento no pudo ser visto en la Comisión de Economía por falta de quórum, se pasó de inmediato a la Agraria, donde se aprobó fuera de agenda y hoy se pretendería imponerlo en el pleno. Ello a sabiendas de la inconstitucionalidad de un proyecto discriminatorio y con nombre propio, que implicaría un nefasto precedente no solo para la inversión agroindustrial y la competencia empresarial en igualdad de condiciones, sino también para las arcas del Estado. Finalmente todos los contribuyentes peruanos terminaríamos pagando la ineficiencia de un grupo empresarial, que quién sabe por qué sospechosas razones cuenta con el aval incondicional de un grupo de congresistas de bancadas aparentemente opositoras.
La versión previa del proyecto de protección patrimonial a dichas azucareras fue observada correctamente por el Ejecutivo. Pero, posteriormente, en una riesgosa solución a medias, el Gobierno decidió transferir las acciones que mantenía en las otrora cooperativas a favor de los empleados y jubilados de esas empresas como pago de sus acreencias laborales, con lo cual, según los expertos, el mayor beneficiario fue el Grupo Oviedo, que tiene a su cargo la administración de Pomalca y Tumán, y liberado de deudas laborales podría adquirir, dada su ascendencia sobre las cúpulas de trabajadores, las acciones mencionadas.
Mas, como lo advertimos entonces, “ni siquiera esta solución, presentada como alternativa a la desaparición de la protección patrimonial, satisface a los trabajadores que, actuando como mascarón de proa de grupos empresariales, insisten en que se les prolongue dicha protección”, con el apoyo de algunos congresistas. Es lo que está pasando, con el agregado absolutamente injustificable de que esta vez la prórroga sería por dos años, en los que los trabajadores no podrían vender sus acciones, con lo que se prevé un mayor control del grupo empresarial mencionado.
El país no puede aceptar la política de los hechos consumados, y menos cuando se transgrede las prácticas y usos parlamentarios de modo tan grosero. Por ello exige una explicación a los voceros del Apra –que en el Ejecutivo actúa de una manera y en el Legislativo de otra totalmente opuesta–así como del Partido Nacionalista, cuyo líder y candidato presidencial dice promover una economía de mercado, pero sus confalonieros en el Congreso hacen lo contrario.
La representación congresal en pleno no puede dejarse sorprender y tiene que asumir su responsabilidad, ya que se deben primariamente al país y no a grupos de interés.
En este trascendental período de transición democrática, lo que se necesita es una firme y unívoca voluntad política del Gobierno y del Congreso para despolitizar el tema azucarero, poner punto final al injusto sistema de protección patrimonial, reafirmar la estabilidad jurídica del país y dar –a los ciudadanos y los agentes económicos– señales claras de coherencia, estabilidad y reglas de juego claras y sin subterfugios. Ni más, ni menos.
Fuente: Editorial de El Comercio
Lima, Jueves 10 de Marzo de 2011
¿Cómo es posible que, de modo sorpresivo y saltándose con la garrocha los procedimientos parlamentarios, un grupo de congresistas del Apra y del humalismo unan fuerzas para aprobar en una comisión el proyecto de ley que establece medidas complementarias al Decreto de Urgencia 008-2001 y que daría un nuevo marco de protección patrimonial a un grupo de azucareras?
Más aun, resulta que, como el documento no pudo ser visto en la Comisión de Economía por falta de quórum, se pasó de inmediato a la Agraria, donde se aprobó fuera de agenda y hoy se pretendería imponerlo en el pleno. Ello a sabiendas de la inconstitucionalidad de un proyecto discriminatorio y con nombre propio, que implicaría un nefasto precedente no solo para la inversión agroindustrial y la competencia empresarial en igualdad de condiciones, sino también para las arcas del Estado. Finalmente todos los contribuyentes peruanos terminaríamos pagando la ineficiencia de un grupo empresarial, que quién sabe por qué sospechosas razones cuenta con el aval incondicional de un grupo de congresistas de bancadas aparentemente opositoras.
La versión previa del proyecto de protección patrimonial a dichas azucareras fue observada correctamente por el Ejecutivo. Pero, posteriormente, en una riesgosa solución a medias, el Gobierno decidió transferir las acciones que mantenía en las otrora cooperativas a favor de los empleados y jubilados de esas empresas como pago de sus acreencias laborales, con lo cual, según los expertos, el mayor beneficiario fue el Grupo Oviedo, que tiene a su cargo la administración de Pomalca y Tumán, y liberado de deudas laborales podría adquirir, dada su ascendencia sobre las cúpulas de trabajadores, las acciones mencionadas.
Mas, como lo advertimos entonces, “ni siquiera esta solución, presentada como alternativa a la desaparición de la protección patrimonial, satisface a los trabajadores que, actuando como mascarón de proa de grupos empresariales, insisten en que se les prolongue dicha protección”, con el apoyo de algunos congresistas. Es lo que está pasando, con el agregado absolutamente injustificable de que esta vez la prórroga sería por dos años, en los que los trabajadores no podrían vender sus acciones, con lo que se prevé un mayor control del grupo empresarial mencionado.
El país no puede aceptar la política de los hechos consumados, y menos cuando se transgrede las prácticas y usos parlamentarios de modo tan grosero. Por ello exige una explicación a los voceros del Apra –que en el Ejecutivo actúa de una manera y en el Legislativo de otra totalmente opuesta–así como del Partido Nacionalista, cuyo líder y candidato presidencial dice promover una economía de mercado, pero sus confalonieros en el Congreso hacen lo contrario.
La representación congresal en pleno no puede dejarse sorprender y tiene que asumir su responsabilidad, ya que se deben primariamente al país y no a grupos de interés.
En este trascendental período de transición democrática, lo que se necesita es una firme y unívoca voluntad política del Gobierno y del Congreso para despolitizar el tema azucarero, poner punto final al injusto sistema de protección patrimonial, reafirmar la estabilidad jurídica del país y dar –a los ciudadanos y los agentes económicos– señales claras de coherencia, estabilidad y reglas de juego claras y sin subterfugios. Ni más, ni menos.
Fuente: Editorial de El Comercio
Lima, Jueves 10 de Marzo de 2011
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